La administración del presidente Donald Trump enfrenta una controversia legal sobre su agresiva política migratoria, mientras el Departamento de Justicia niega ante un tribunal federal que exista un objetivo formal de arrestar a 3,000 migrantes diarios. La declaración, presentada el 30 de julio de 2025, responde a una demanda en Los Ángeles que acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de prácticas discriminatorias. Con protestas y críticas crecientes, el caso podría definir los límites de las redadas masivas, que han generado tensión en comunidades de California y más allá, afectando la economía y polarizando a la opinión pública.
Una meta desmentida en los tribunales
En una presentación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, el abogado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, desmintió que ICE opere bajo una cuota de 3,000 detenciones diarias, una cifra atribuida a comentarios de asesores de la Casa Blanca. “No se ha establecido tal objetivo como política, ni se ha emitido tal directiva”, afirmó Roth. La idea surgió tras declaraciones de Stephen Miller en mayo en Fox News, donde sugirió que la administración buscaba alcanzar ese número. Tom Homan, zar fronterizo de Trump, también mencionó la cifra, pero insistió en que “no es suficiente” para abordar los 3.1 millones de migrantes liberados bajo la administración Biden, según datos del DHS.
Por su parte, el caso en Los Ángeles, presentado por residentes, trabajadores y organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, acusa a ICE de detener personas basándose en raza, idioma o ubicación. En junio, un juez federal emitió una orden que prohíbe a ICE usar estos criterios, exigiendo “sospechas razonables” de estatus migratorio ilegal para cualquier arresto. El viernes, un panel de tres jueces mantuvo esta restricción, limitando las tácticas de ICE mientras el caso avanza. En 2024, ICE detuvo a 271,484 migrantes, un aumento del 30% respecto al año anterior, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Impacto en Los Ángeles y protestas
La región del Gran Los Ángeles se ha convertido en un epicentro de las redadas, con operativos que han desencadenado protestas masivas. En junio, la administración desplegó 2,500 efectivos de la Guardia Nacional de California y marines para apoyar a ICE, una decisión que el gobernador Gavin Newsom calificó como “un abuso de poder”. Las redadas han afectado comunidades latinas, asiáticas y afrocaribeñas, especialmente en áreas como Boyle Heights, donde negocios reportan una caída del 35% en sus ingresos, según la Cámara de Comercio de Los Ángeles. Trabajadores esenciales, como los del sector agrícola y de limpieza, han optado por quedarse en casa, según el Centro de Recursos para Migrantes.
Además, la orden judicial ha generado un precedente significativo. La prohibición de usar factores como hablar español o trabajar en ciertos oficios como justificación para detenciones ha sido celebrada por activistas. “Es un paso hacia la justicia, pero las comunidades siguen viviendo con miedo”, afirmó Angélica Salas, directora de CHIRLA. En 2023, el 43% de los residentes de Los Ángeles eran latinos, y muchos temen ser blanco de redadas, según un informe de la Universidad del Sur de California.
Desaprobación pública y desafíos legales
Pese a todo, la estrategia migratoria de Trump enfrenta un rechazo creciente. Una encuesta de Gallup de julio reveló que el 62% de los estadounidenses desaprueba su enfoque, con un 45% expresando una desaprobación fuerte. Solo el 35% respalda las políticas, un contraste con el 41% de apoyo en 2024. Los críticos, incluyendo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, argumentan que las redadas violan la Cuarta Enmienda al carecer de justificaciones legales claras. En julio, un caso similar en Chicago resultó en la liberación del migrante guatemalteco Abrego García, tras un fallo que bloqueó su arresto por ICE.
Por su parte, la administración insiste en que las operaciones de ICE se basan en “evaluaciones individuales” y no en cuotas. Sin embargo, la retórica de Homan y Miller, junto con el despliegue de tropas federales, sugiere un enfoque más agresivo. En 2025, ICE planea aumentar su presupuesto a 8,700 millones de dólares, un 15% más que el año anterior, para expandir centros de detención, según el DHS. Mientras el caso de Los Ángeles avanza, el debate sobre las redadas masivas y su impacto en comunidades vulnerables sigue polarizando a EE.UU., con implicaciones para otras ciudades que enfrentan operativos similares.
