El mes de octubre de 2025 marcó uno de los períodos más intensos en materia migratoria desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegó operativos masivos en ciudades santuario, aceleró las deportaciones y multiplicó los arrestos mediante alianzas con policías locales. Esta escalada, justificada por el Gobierno federal como un esfuerzo para remover a criminales peligrosos, ha generado un fuerte debate sobre el uso de la fuerza y los derechos de las comunidades inmigrantes.
Durante este mes, ICE alcanzó cifras sin precedentes en detenciones y expulsiones. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 3,000 personas fueron arrestadas solo en Chicago y sus alrededores desde el inicio de la Operación Midway Blitz en septiembre. A nivel nacional, las cifras de deportaciones acumuladas en los primeros diez meses del año superaron las 527,000, con proyecciones que apuntan a un total cercano a 600,000 antes de finalizar 2025. Estas cifras representan uno de los niveles de remoción migratoria más altos de la última década.
La intensificación de las operaciones responde a una directriz presidencial clara: superar el millón de deportaciones anuales. Sin embargo, las metas iniciales de 3,000 arrestos diarios, fijadas por Stephen Miller, no se han cumplido. En septiembre, el promedio de detenciones fue de 1,178 por día, lo que obligó al Gobierno a reestructurar el liderazgo de ICE y delegar más poder a la Patrulla Fronteriza (CBP). Aproximadamente una docena de directores regionales de ICE fueron removidos de sus cargos, siendo reemplazados por funcionarios de CBP conocidos por aplicar tácticas más agresivas.
Operaciones urbanas y la expansión del programa 287(g)
Uno de los pilares de la estrategia migratoria de octubre fue la expansión del programa 287(g), que permite a policías locales actuar como agentes migratorios. Actualmente, más de 16,000 agentes estatales y locales están autorizados para realizar arrestos por infracciones de inmigración en 40 estados. Desde enero hasta julio, estos funcionarios detuvieron a casi 5,500 personas, cifra que duplicó las detenciones registradas durante el mismo período del año anterior.
En Florida, el estado con mayor participación en el programa, cerca de 330 agencias policiales firmaron acuerdos con ICE. Sin embargo, aproximadamente tres cuartas partes de ellas no han realizado ninguna detención, enfocándose en crímenes violentos locales. En contraste, en el condado de St. Johns, 66 oficiales capacitados arrestaron a 700 personas durante paradas de tránsito por sospechas de estatus migratorio irregular. Este enfoque ha generado acusaciones de perfilamiento racial y ha despertado temores en comunidades latinas que evitan colaborar con la policía.
La aplicación del programa no ha estado exenta de errores. Juan Carlos López-Gómez, un ciudadano estadounidense de 21 años, fue detenido por la Patrulla de Carreteras de Florida durante una parada de tráfico en abril. A pesar de mostrar su licencia y tarjeta de Seguro Social, fue arrestado bajo una ley estatal que un juez federal había bloqueado semanas antes. Pasó 38 horas detenido hasta que un agente de ICE revisó su documentación y lo liberó.
Chicago y Nueva York: escenarios de operativos controversiales
Las ciudades santuario, donde los gobiernos locales limitan su cooperación con ICE, fueron el epicentro de las redadas más visibles de octubre. En Chicago, la Operación Midway Blitz combinó helicópteros Black Hawk, gases lacrimógenos y agentes encapuchados para llevar a cabo detenciones masivas. El 16 de octubre, una redada en el mercado de pulgas Swap-O-Rama dejó entre 15 y 20 personas detenidas. Una semana después, en La Villita, arrestaron a cinco personas, incluyendo dos estudiantes de secundaria, lo que desató protestas dispersadas con gases lacrimógenos.
El 24 de octubre, agentes de ICE rompieron la ventana de un automóvil en West Town para extraer a un hombre frente a su pareja embarazada. En Lake View, dos obreros fueron arrestados mientras almorzaban en el porche de una vivienda. Estos operativos generaron fuertes críticas del alcalde Brandon Johnson, quien firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de propiedades municipales para operaciones migratorias.
En Nueva York, una redada en Canal Street resultó en el arresto de nueve personas acusadas de vender productos falsificados. Testigos describieron escenas caóticas, con agentes enmascarados arrastrando a vendedores ambulantes. Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron detenidos brevemente durante el operativo. En Los Ángeles, un operativo el 21 de octubre terminó en un tiroteo cuando un conductor intentó huir chocando contra vehículos de ICE. Un agente resultó herido, al igual que Richard, un creador de contenido conocido por documentar redadas.
Impacto social y político de la estrategia migratoria
El aumento de redadas, arrestos y deportaciones ha instalado un clima de miedo en comunidades inmigrantes de todo el país. En Massachusetts, grupos de migrantes utilizan drones y chats grupales para rastrear vehículos sospechosos de transportar agentes de ICE. En Chicago, familias evitan salir de sus hogares durante operativos que pueden durar horas. Este ambiente de terror tiene consecuencias económicas y sociales, ya que trabajadores indocumentados dejan de asistir a sus empleos y padres retiran a sus hijos de las escuelas por temor.
Encuestas recientes muestran que el 53% de los estadounidenses considera que la administración Trump va demasiado lejos en su aplicación de las leyes migratorias. Sin embargo, la Casa Blanca mantiene su postura, con el presidente afirmando desde Japón que enviará «más que la Guardia Nacional» si las ciudades no colaboran. A nivel legal, múltiples tribunales han bloqueado el despliegue de la Guardia Nacional en estados como Illinois y Oregon, pero la Corte Suprema permitió su uso en Portland.
Octubre de 2025 será recordado como un mes decisivo en la política migratoria estadounidense. Con cifras récord de deportaciones, una red ampliada de colaboradores locales y operativos cada vez más agresivos, ICE ha demostrado su capacidad para escalar la presión sobre comunidades inmigrantes. Sin embargo, el costo humano, legal y político de esta estrategia sigue generando divisiones profundas en un país que debate entre seguridad nacional y valores humanitarios.
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