El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha comenzado una gran campaña de reclutamiento. Quieren sumar miles de nuevos agentes, abogados e investigadores de deportación. Esto es parte de los objetivos de la Administración del presidente Donald Trump. Buscan intensificar la aplicación de las leyes migratorias. La campaña, lanzada el martes, apela al patriotismo y ofrece incentivos financieros significativos, pero también genera preocupaciones sobre los riesgos de una expansión acelerada.
Un llamado a “defender la patria”
La campaña “Defend the Homeland” tiene un mensaje similar a los carteles de reclutamiento de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo es atraer a “estadounidenses valientes”. Quieren que se unan a ICE. Las imágenes promocionales incluyen al presidente Trump y altos funcionarios de seguridad, acompañadas de lemas como “Tu país te necesita” y “Defiende la patria”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfatizó la urgencia de la iniciativa: “Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Tus habilidades y valentía son esenciales para proteger el país”.
Además de apelar al amor por la patria, ICE ofrece incentivos económicos atractivos. Estos incluyen bonos de contratación de hasta 50,000 dólares. También hay horas extras ilimitadas para los agentes de deportación. Además, ofrecen beneficios como la condonación de préstamos estudiantiles. Estos incentivos buscan captar candidatos para roles clave, incluyendo agentes de deportación, investigadores criminales y abogados especializados en casos migratorios.
Una inyección masiva de fondos
La campaña es posible gracias a una inyección de 170,000 millones de dólares destinada a seguridad fronteriza y migratoria, aprobada en un reciente paquete de recortes fiscales impulsado por Trump. De este monto, ICE recibirá 76,500 millones, casi diez veces su presupuesto anual actual. Se destinarán alrededor de 45,000 millones para aumentar la capacidad de detención. Además, se usarán 30,000 millones para contratar 10,000 nuevos empleados. El objetivo es deportar a un millón de personas cada año.
Por su parte, los agentes de deportación, responsables de localizar, arrestar y expulsar a personas que el gobierno considera no aptas para permanecer en el país, han asumido un rol prominente bajo la Administración Trump. Sus operativos, a menudo realizados en tribunales, negocios o calles, han generado críticas por el uso de tácticas agresivas, como arrestos con el rostro cubierto, lo que ha avivado el debate sobre los derechos de los inmigrantes.
Desafíos de una expansión acelerada
Sin embargo, la rápida expansión de ICE plantea preocupaciones. Jason Houser, exjefe de personal de la agencia durante la Administración Biden, advirtió que la prisa por contratar podría comprometer los estándares de selección y capacitación. “Si relajan los requisitos, como ocurrió con la Patrulla Fronteriza en el pasado, podrían enfrentar un aumento en problemas de conducta entre los agentes”, señaló Houser. En la década de 2000, una expansión similar de la Patrulla Fronteriza resultó en un incremento de arrestos por comportamiento indebido entre los nuevos reclutas.
Actualmente, ICE cuenta con aproximadamente 6,000 agentes para monitorear y deportar a extranjeros, una cifra que no ha crecido significativamente en años, incluso frente a un aumento en la carga de casos. Durante el gobierno anterior, muchos agentes fueron reasignados a la frontera sur, lo que dejó al descubierto otras áreas operativas. Houser estima que capacitar a 10,000 nuevos empleados tomará entre tres y cuatro años, lo que podría llevar a ICE a depender de contratistas privados y efectivos de la Guardia Nacional para cumplir con el objetivo de 3,000 arrestos diarios.
Promoción y críticas
ICE planea promocionar sus vacantes en campus universitarios, ferias de empleo y redes policiales a partir de esta semana. Sin embargo, la campaña ha generado inquietud entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen que el crecimiento acelerado de la agencia intensifique los operativos en comunidades vulnerables. Las críticas se centran en la falta de supervisión y el impacto de las tácticas agresivas de ICE, que han incluido arrestos en lugares sensibles como tribunales y escuelas.
