Un niño estadounidense de 4 años con cáncer de riñón en etapa IV fue deportado a Honduras junto a su madre y hermana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en abril de 2025, según una demanda federal presentada en Luisiana. La acción, calificada como “ilegal” por los demandantes, ocurrió sin notificación adecuada, acceso a abogados ni arreglos para la atención médica del menor, desatando críticas sobre las prácticas de la administración de Donald Trump en medio de su política de deportaciones masivas.
Una deportación sin previo aviso
El 25 de abril, Rosario, una madre hondureña de 25 años, y sus hijos, Romeo, de 4 años, y Ruby, de 7, ambos ciudadanos estadounidenses nacidos en Luisiana, fueron deportados tras un chequeo rutinario con ICE en Nueva Orleans. Según la demanda presentada el 31 de julio en el Distrito Medio de Luisiana, la familia fue detenida, trasladada a un hotel en Alexandria y puesta en un vuelo a Honduras en menos de un día. Rosario no fue informada de los intentos de su abogado por contactarla ni de la solicitud de su esposo por la custodia de Ruby, según Newsweek.
Por lo tanto, la acción de ICE ha generado indignación. Romeo, diagnosticado a los 2 años con un cáncer “raro y agresivo”, recibía tratamiento vital en el Manning Family Children’s Hospital. La deportación interrumpió su atención médica, dejándolo sin acceso a cuidados oncológicos especializados en Honduras. “Ha sido aterrador y abrumador”, dijo Rosario en un comunicado, destacando las dificultades para cuidar a sus hijos en un país con recursos limitados.
Violaciones a los derechos constitucionales
La demanda, respaldada por el Proyecto Nacional de Inmigración, Gibson Dunn, Most & Associates y Ware Immigration, acusa a ICE de violar la Cuarta y Quinta Enmienda al negar el debido proceso. También alega que la agencia incumplió sus propias políticas, incluyendo una directiva de 2022 que prohíbe separar familias sin necesidad. Sirine Shebaya, directora del Proyecto Nacional de Inmigración, calificó las acciones de ICE como “crueles” y un “desprecio por los valores familiares”. La familia exige su regreso a EE.UU., reconocimiento de sus derechos y compensación por daños, según Latin Times.
En consecuencia, otra familia enfrenta una situación similar. Julia, una madre hondureña de 30 años, fue deportada con sus hijas, Jade, de 2 años y ciudadana estadounidense, y Janelle, de 11 años, sin oportunidad de coordinar su cuidado. La rapidez de las deportaciones, ejecutadas en menos de 48 horas, impidió presentar recursos legales, según VisaVerge. Los demandantes alegan que ICE mantuvo a las familias incomunicadas, trasladándolas en camionetas durante horas sin acceso a teléfonos ni abogados.
Respuesta de las autoridades
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Kristi Noem, defendió las deportaciones. La portavoz Tricia McLaughlin negó que ICE deportara a ciudadanos estadounidenses, afirmando que las madres eligieron llevar a sus hijos. “Insinuar que ICE negaría atención médica a un niño es falso y un insulto a nuestros agentes”, dijo, asegurando que se garantizó tratamiento en Honduras. Sin embargo, los abogados de las familias refutan esta versión, señalando que no hubo consentimiento ni opciones reales, según ABC4. Tom Homan, zar fronterizo de Trump, insistió en que “deportar” no aplica a ciudadanos, pero un juez federal, Terry A. Doughty, cuestionó la legalidad del proceso, afirmando que careció de “revisión significativa”.
Un caso que sacude el debate migratorio
Las deportaciones se producen en un contexto de creciente presión migratoria. La One Big Beautiful Bill Act de 2025 asignó $75,000 millones a ICE, aumentando las detenciones un 70% en 2024, con 540,000 inmigrantes arrestados, según AP. Organizaciones como la ACLU han condenado las tácticas de ICE, calificándolas de “inhumanas” por ignorar las necesidades médicas de niños vulnerables. El caso de Romeo, cuya salud se ha deteriorado tras la interrupción de su tratamiento, ha avivado el debate sobre los límites éticos y legales de las políticas de Trump.
Pese a todo, las familias siguen luchando. La demanda J.L.V. v. Acuna, presentada contra Noem, el director interino de ICE Todd Lyons y otros funcionarios, busca sentar un precedente. Mientras tanto, el impacto en Romeo, quien requiere atención oncológica constante, subraya las consecuencias humanas de estas acciones. “La vida en Honduras es increíblemente dura”, dijo Rosario, quien también enfrenta ansiedad severa tras la deportación, según CNN.
