Nueve meses después de iniciado el gobierno del presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el 70% de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son criminales. Sin embargo, los datos disponibles y los análisis independientes contradicen esa afirmación.
En una conferencia de prensa en Florida, Noem informó que más de 480 000 inmigrantes habían sido detenidos entre enero y septiembre de 2025. “El 70% de estas personas tiene cargos penales en su contra o ha sido condenada por delitos en todo el país”, declaró.
Los datos oficiales contradicen el 70% anunciado
Organizaciones académicas y de derechos civiles cuestionaron la cifra. Según el más reciente análisis de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), basado en estadísticas oficiales del propio ICE, de 59 762 personas actualmente bajo custodia, unas 42 755 —el 71.5%— no tienen antecedentes criminales.
“Muchos de los condenados cometieron delitos menores, incluidos problemas de tráfico o infracciones administrativas”, precisa el informe de TRAC. Además, los investigadores subrayan que la mayoría de los detenidos fueron arrestados por motivos relacionados únicamente con su estatus migratorio, y no por delitos graves.
El contraste entre la versión oficial y los datos públicos ha reavivado el debate sobre la narrativa del Gobierno federal. Organizaciones de derechos humanos y universidades como Syracuse han denunciado la falta de transparencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las bases de datos utilizadas para justificar sus políticas migratorias.
“Se distorsionan los hechos”, dice Noem
La secretaria Kristi Noem insistió en que los reportes alternativos “distorsionan la verdad” y acusó a algunos medios de “manipular la información para desacreditar el trabajo de los agentes”. Sin embargo, su oficina no ha divulgado el desglose completo de los supuestos delitos, ni las categorías para definir qué casos considera criminales.
“Vemos que las noticias muchas veces no presentan los hechos reales al pueblo estadounidense”, afirmó la funcionaria. “Nuestros agentes retiran de las calles a personas peligrosas y eso nos hace un país más seguro”.
Durante el evento, Noem apareció frente a decenas de rifles, pistolas y paquetes de drogas incautadas por las fuerzas federales. Según dijo, el despliegue simboliza “el éxito de las operaciones del ICE para proteger comunidades estadounidenses”.
Crecen críticas por abusos y excesos del ICE
Las declaraciones de Noem llegan en un momento en que el ICE enfrenta fuertes cuestionamientos por el trato a los inmigrantes y las tácticas policiales usadas durante las redadas. Diversos reportes de prensa y videos en poder de jueces federales documentan detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
En Illinois, una jueza ordenó suspender temporalmente el uso de gases lacrimógenos y armas de dispersión durante las operaciones. Según la magistrada, las acciones del ICE violaron derechos constitucionales y comprometieron la seguridad de manifestantes y periodistas.
Pese a las denuncias, Noem evitó abordar esos temas en su conferencia. Tampoco comentó sobre los reportes de aumento de muertes bajo custodia del ICE o sobre las condiciones en los centros de detención, criticadas por organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.
Aumento de ataques y cooperación con la policía local
Por otro lado, el DHS aseguró que los agentes del ICE enfrentan “un aumento del 1000% en agresiones durante operaciones en las calles”. Noem calificó esta situación como una “demonización contra las fuerzas del orden” y llamó a respetar y respaldar el trabajo de los oficiales federales.
“El trabajo de nuestros agentes ha demostrado que los estadounidenses están más seguros”, afirmó. “No podemos permitir que la desinformación ponga en riesgo su esfuerzo y dedicación”.
La funcionaria también defendió los programas de colaboración entre el ICE y las policías estatales y locales. Destacó especialmente el acuerdo con el estado de Florida bajo el programa 287(g), que autoriza a las agencias locales a detener inmigrantes y entregarlos a las autoridades federales.
Según registros oficiales, el ICE mantiene 1 077 acuerdos de este tipo en todo el país, de los cuales más de 300 están activos en Florida. “Estamos agradecidos por la alianza con las autoridades locales, que ha fortalecido la capacidad de nuestros centros de detención”, señaló Noem.
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Realidad dividida entre estados
La cooperación con el ICE ha generado divisiones entre los estados. En Texas y Florida, ambos con gobiernos republicanos, las autoridades locales apoyan activamente las redadas. En cambio, en California, Illinois y Nueva York —gobernados por demócratas—, los gobiernos han restringido la colaboración y bloquean acuerdos 287(g).
Noem fue clara al respecto: “Si han cometido un delito, serán deportados. Hemos sido muy firmes en ello”, advirtió. No obstante, defensores de inmigrantes recordaron que para la Administración Trump, incluso una persona sin antecedentes penales puede ser considerada “criminal” simplemente por ingresar sin permiso al país, un acto que la ley clasifica como falta administrativa, no como delito.
