Un juez federal bloqueó temporalmente la deportación de migrantes a Sudán del Sur, una acción que el gobierno del presidente Donald Trump había impulsado tras obtener el respaldo de la Corte Suprema. La decisión judicial, emitida en plena celebración del Día de la Independencia, reavivó el debate sobre las expulsiones a países considerados altamente peligrosos por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos.
La medida afecta a ocho inmigrantes, ninguno originario de Sudán del Sur, a quienes habían trasladado previamente a la Base Naval de Estados Unidos en Yibuti, desde donde los enviarían al país africano. El juez de distrito Randolph Moss decidió detener la expulsión. Envió el caso a otro juez más experto: el juez Brian Murphy, que trabaja en Boston.
Deportación de migrantes a Sudán del Sur fue detenida por segunda vez
El juez Murphy había suspendido previamente la deportación de migrantes a Sudán del Sur, quien argumentó que no se podía enviar a ninguna persona a un tercer país sin antes tener acceso a una audiencia judicial. Sin embargo, la Corte Suprema anuló esa decisión a finales de junio, permitiendo al gobierno retomar el procedimiento de expulsión.
Un grupo de migrantes rescatados en el Mediterráneo central por el barco Astral de la ONG española Open Arms, son recibidos en el puerto italiano de Lampedusa. EFE/ Gonzalo Sánchez
El jueves por la noche, unas horas después de esa decisión, los abogados de los migrantes hicieron una apelación. Solicitaron una nueva revisión judicial. Argumentaron que sus clientes no son ciudadanos de Sudán del Sur. Enviarlos a ese país violaría normas internacionales de derechos humanos. Esto los expondría a un conflicto armado.
Sudán del Sur se encuentra sumido en una guerra civil que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados internos. Las autoridades de Estados Unidos, en su sitio oficial de viajes, advierten a los ciudadanos. Recomiendan evitar visitar ese país. También sugieren “hacer arreglos funerarios previos” si deciden entrar.
A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos decidió seguir con la deportación de migrantes a Sudán del Sur. Argumentaron que las decisiones de los jueces anteriores ya no eran válidas después del fallo de la Corte Suprema.
El futuro del caso está ahora en manos de un juez en Boston
Después de una audiencia de emergencia el 4 de julio, el juez Moss decidió que el juez Brian Murphy sabía más sobre el caso. Por eso, le envió la tarea de revisar los nuevos argumentos de los abogados de los migrantes. No obstante, Moss también extendió brevemente la orden de no deportación, dejando abierta la posibilidad de una nueva intervención judicial.
Repatriados sursudaneses pasan junto a un cartel que anuncia el puerto fluvial de Renk, en la ciudad de Renk, en el estado del Alto Nilo, en Sudán del Sur. EFE/EPA/AMEL DOLOR
En su intervención, Moss destacó que los planteamientos legales sobre la deportación de migrantes a Sudán del Sur merecían una evaluación adicional. “Los inmigrantes tienen derecho a ser escuchados antes de que los trasladen a un país con un conflicto armado activo”, mencionó durante la sesión vespertina.
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Los abogados defensores insisten en que, además de no tener vínculos con Sudán del Sur, sus clientes podrían enfrentar riesgos graves para su seguridad si los envían allí. Entre los afectados se encuentran personas originarias de México, Vietnam, Myanmar, Laos y otros países.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado hacer comentarios sobre la situación, limitándose a señalar que están a la espera de la resolución del juez Murphy. Tampoco se ha confirmado si el intento de traslado se concretaría en los próximos días.
Preocupación entre organizaciones de derechos humanos
La deportación de migrantes a Sudán del Sur ha generado críticas por parte de organizaciones civiles y humanitarias. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han condenado cualquier intento de enviar personas a un país en guerra, especialmente si estas no cuentan con protección legal adecuada.
“No solo es una decisión legalmente cuestionable, sino también moralmente inaceptable”, señaló en un comunicado el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC). Según la organización, enviar personas a una zona de conflicto sin la garantía de un debido proceso vulnera principios básicos del derecho internacional y de la Constitución de Estados Unidos.
En paralelo, activistas en Boston han convocado movilizaciones para exigir la cancelación definitiva de la deportación de migrantes a Sudán del Sur, solicitando además que se revise el estatus migratorio de los afectados para buscar alternativas humanitarias.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el juez Murphy tomará una decisión en el fin de semana largo, aunque se espera que la situación se resuelva con rapidez, dado el alto riesgo que implica una deportación a un país en guerra.
