La capital de México se encuentra en el centro de una grave denuncia por violaciones a derechos humanos. La Red Jesuita con Migrantes (RJM) alertó sobre un despliegue profundamente militarizado de operativos de detención. Estas acciones ocurren en varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) y su área metropolitana. Según la organización, las autoridades ejecutan una política de control social con miras al Mundial de Fútbol 2026.
Los operativos son dirigidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, cuentan con la participación activa de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. También interviene la Secretaría de Seguridad Ciudadana local. Estas redadas se han reportado en colonias como Guerrero, Doctores, Polanco, Patriotismo y en Ciudad Nezahualcóyotl. Para los defensores, esta presencia militar representa un grave retroceso en materia de derechos civiles.
La RJM advirtió que estas acciones se justifican bajo un discurso de “orden y limpieza” del espacio público. El Gobierno de la Ciudad de México impulsaría esta política en preparación para el próximo evento deportivo internacional. La organización enfatizó que un mundial no puede utilizarse como pretexto para legitimar prácticas de hostigamiento. Tampoco justifica la criminalización y expulsión de personas con necesidades de protección internacional.
¿Qué abusos se han documentado durante estos operativos?
El esquema de control migratorio denunciado es incompatible con el carácter civil que deben tener estas tareas. A partir del monitoreo de estaciones migratorias, la Red documentó una serie de graves irregularidades. Entre ellas destacan las detenciones arbitrarias tanto en la vía pública como dentro de domicilios privados. También se reportaron traslados forzados hacia estaciones del sur del país y la incomunicación de los detenidos.
En su comunicado oficial, la organización describió 2 casos recientes que ilustran la gravedad de la situación. En la colonia Doctores, fuerzas federales y del INM irrumpieron en una vivienda habitada por jóvenes venezolanos. Los agentes detuvieron a los residentes y los trasladaron inicialmente a la estación migratoria Las Agujas. Posteriormente, los jóvenes fueron enviados a la estación Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas.
Otro allanamiento similar ocurrió en la colonia Guerrero y fue documentado por el medio Conexión Migrante. Un video mostró el ingreso de al menos 15 agentes del INM a un inmueble sin presentar una orden judicial. Para la RJM, ambos hechos constituyen allanamientos ilegales y detenciones totalmente arbitrarias. Estas acciones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también invalidan los procedimientos administrativos y legales.
¿Por qué las personas migrantes se encuentran en situación irregular?
La Red Jesuita aclaró que estos operativos no son hechos aislados ni casos excepcionales. Forman parte de un despliegue sistemático que comenzó semanas atrás y que recientemente se ha intensificado. La organización subrayó que la situación irregular de los detenidos es consecuencia directa del colapso institucional. Tanto la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) como el INM enfrentan una severa crisis operativa.
En los primeros nueve meses de 2025, México registró 80 000 nuevas solicitudes de asilo. A esto se suma que la Comar perdió más del 60% de su presupuesto operativo habitual. Esta crisis se agravó cuando la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se vio imposibilitada de seguir apoyando. Como resultado, decenas de miles de personas quedaron atrapadas en una etapa de pre-registro que puede durar hasta 10 meses.
Durante todo ese tiempo de espera, los solicitantes ni siquiera pueden presentar formalmente su petición de refugio. Además, el INM ha dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática y regular. Esta omisión institucional violenta los plazos legales establecidos para el otorgamiento de permisos de trabajo. La RJM calificó estas detenciones como la criminalización de personas que el propio Estado mantiene en un limbo jurídico.
¿Qué exigen las organizaciones defensoras de derechos humanos?
Las acciones del gobierno capitalino también violarían normativas locales fundamentales para la protección social. La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana de la CDMX es clara al respecto. Esta legislación ordena a las autoridades garantizar la hospitalidad, la inclusión y el acceso efectivo a derechos. Esta protección debe brindarse a todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria actual.
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La situación es tan grave que incluso personas con estatus legal reconocido estarían en riesgo de expulsión. La Red Jesuita detectó casos de migrantes con calidad de refugiados que fueron detenidos con fines de deportación. Ante este panorama, la organización exigió el cese inmediato y definitivo de todos los operativos de detención migratoria. También demandó el retiro absoluto de las fuerzas armadas de cualquier acción relacionada con el control migratorio civil.
Finalmente, los defensores solicitaron la liberación de todas las personas detenidas durante estas recientes redadas. Exigen la revisión inmediata de sus casos con estricto apego al debido proceso legal y constitucional. La organización pidió poner fin a cualquier política que implique el desplazamiento o la expulsión de poblaciones vulnerables. El respeto al derecho de solicitar asilo debe ser una prioridad absoluta para el Estado mexicano.
