El domingo 24 de agosto de 2025, más de 200 personas se reunieron en Johnson County Park, Indiana, para protestar contra el uso de Camp Atterbury como centro de detención de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con pancartas que decían “No a los campos de concentración de Hoosiers” y cánticos como “¡Dilo alto y claro! ¡Los inmigrantes son bienvenidos aquí!”, la comunidad expresó su rechazo a la decisión del gobierno federal, respaldada por la administración del presidente Donald Trump, de convertir la base militar en un sitio para detener a inmigrantes indocumentados.
Una manifestación por la justicia
La protesta, organizada por Brad Meyer, candidato demócrata al Congreso por el Distrito 9, tuvo lugar a pocos kilómetros de Camp Atterbury, una instalación de 34,000 acres operada por la Guardia Nacional de Indiana. Meyer calificó la propuesta de “inhumana” y contraria a los valores del estado, instando a la comunidad a unirse. “Si permitimos que un grupo sea segregado y no ejerza sus derechos legales, cualquiera de nosotros puede ser atacado. O nos mantenemos unidos o nos separamos”, afirmó. Los manifestantes, entre ellos residentes, activistas y líderes locales, corearon “Justicia, paz, no más ICE en nuestras calles”.
Por ejemplo, Mary Jo Christian, una de las asistentes, compartió una historia personal: “Mi abuela era una inmigrante indocumentada que logró obtener la ciudadanía. La gente merece criar a sus familias en un lugar seguro”. Julian Franklin, miembro de la Guardia Nacional, fue aún más contundente: “Juramos proteger la constitución de amenazas nacionales e internacionales. ICE es esa amenaza nacional”. Sus palabras resonaron entre la multitud, que portaba carteles con mensajes como “ICE fuera de Indiana” y “Dios ama a todos”.
Polémica por el uso de Camp Atterbury
La decisión de usar Camp Atterbury para albergar hasta 1,000 detenidos de ICE fue confirmada en julio por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una carta a miembros del Congreso. El plan, parte de una estrategia para aliviar el hacinamiento en instalaciones migratorias, ha generado división. Mientras el DHS y el gobernador Mike Braun defienden la medida, argumentando que refuerza la seguridad y la economía, críticos como el congresista André Carson advierten sobre violaciones a los derechos humanos. “El número de detenidos y muertes en custodia de ICE ha crecido a tasas alarmantes desde que Trump asumió su segundo mandato”, señaló Carson.
Además, la ACLU de Indiana y grupos como Communities Not Cages han expresado preocupación por las condiciones en centros de detención, citando antecedentes de hacinamiento, falta de atención médica y abuso. En 2020, la ACLU reportó 21 muertes en custodia de ICE, el mayor número desde 2005. En Camp Atterbury, que en 2021 alojó a más de 7,000 evacuados afganos en condiciones dignas, no está claro cómo se adaptará la infraestructura para inmigrantes, ni cuándo comenzarán las detenciones.
Respaldo y oposición política
El plan cuenta con el apoyo de líderes republicanos como el senador Jefferson Shreve y el fiscal general Todd Rokita, quienes ven en Camp Atterbury una solución para procesar a inmigrantes indocumentados. Rokita afirmó que la medida “envía un mensaje claro: Indiana no tolerará la ilegalidad”. Sin embargo, activistas como Hollie Payton, presente en la protesta, consideran que usar una base militar para detener a personas, muchas sin antecedentes penales, es “desgarrador”. “Son humanos, tengan o no documentos”, dijo.
Por su parte, el DHS ha destacado que los detenidos serán “infractores de bajo nivel”, pero no ha aclarado detalles operativos, como quién gestionará las instalaciones o cómo se garantizará el acceso a abogados. La falta de un cronograma claro motivó a Meyer a organizar la protesta antes de que comience la detención de inmigrantes, argumentando que es una medida “fiscalmente irresponsable” y perjudicial para la economía, que necesita más trabajadores.
Un estado en el centro del debate
La transformación de Camp Atterbury en un centro de detención, junto con el uso de 1,000 camas en la prisión de Miami Correctional Facility, apodada “Speedway Slammer”, posiciona a Indiana como un eje regional de detención migratoria. Desde enero, ICE ha detenido a 56,600 inmigrantes a nivel nacional, según NBC, con un 46.8% sin cargos penales. Esta escalada ha generado temores de que familias de larga data en EE.UU. sean separadas, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a servicios legales es limitado.
Pese a todo, la protesta en Johnson County Park mostró la determinación de los residentes de Indiana para resistir. Con cánticos, carteles y discursos, los manifestantes dejaron claro que seguirán luchando contra lo que consideran una política cruel, mientras el debate sobre el futuro de Camp Atterbury y los derechos de los inmigrantes continúa creciendo.
