Los migrantes indocumentados enfrentan un dilema devastador en Estados Unidos. Además de pagar costosos servicios legales, muchos descubren que los abogados los están estafando. Anabel desembolsó 15 mil dólares en honorarios legales, pero su hija fue deportada de todas formas. En medio de este crisis migratoria, más de 66 mil indocumentados permanecen en centros de detención mientras millones viven con miedo.
La situación se agrava porque aproximadamente 62% de los inmigrantes carecen de representación legal ante los tribunales de inmigración. Asimismo, 38% contaba con abogados desde abril de 2025, según análisis del TRAC de la Universidad de Syracuse. Esta brecha de representación ha creado un mercado perfecto para abogados sin escrúpulos.
¿Cómo funcionan las estafas de abogados migratorios?
El proceso típico comienza con promesas falsas y esperanza perdida. Stefan Latorre, fundador de una firma de abogados en Carolina del Norte, se presentaba como un letrado de renombre. Sin embargo, Anabel describe cómo su familia contrató a esta firma cuando el ICE detuvo a su hija en febrero.
Primero pidieron 3 mil dólares apenas por iniciar el proceso. Anabel, sin trabajo en ese momento, tuvo que sacar un préstamo para pagar. Luego prometieron una fianza que nunca se concretó. La abogada que enviaron a la primera corte ni siquiera conocía los detalles del caso. Para la segunda audiencia, Anabel consultó a otros abogados quienes le revelaron la verdad devastadora: su hija no tenía derecho a fianza.
Cuando Anabel confrontó al equipo legal, les exigió su dinero de vuelta. Amenazó con denunciarlos si no reembolsaban lo cobrado. Después de negociar, solo le devolvieron parte de los fondos. Pero luego contrató a otro abogado que le pidió más de 7 mil dólares bajo la promesa de un parole. Ese dinero también resultó ser en vano.
Finalmente, una tercera abogada le cobró 4 mil dólares para presentar un habeas corpus. Esta abogada desapareció sin responder llamadas ni mensajes. Su hija, sin fuerzas después de meses en detención, pidió salida voluntaria a Honduras.
¿Por qué es tan difícil encontrar representación legal confiable?
Los costos resultan prohibitivos para la mayoría de las familias migrantes. En Estados Unidos, los servicios legales de inmigración oscilan entre 4 mil y 15 mil dólares. Muchos inmigrantes no cuentan con permiso de trabajo, así que no pueden ganar dinero para pagar estos servicios.
Además, la administración Trump recortó fondos para organizaciones que brindaban asesorías legales gratuitas. El Southern Poverty Law Center despidió a 35 empleados, incluidos 23 abogados especializados en inmigración. Esta decisión dejó un vacío enorme en la representación legal del sureste del país.
La falta de abogados probono fue crítica en Georgia y Louisiana. Sin embargo, algunos bufetes privados se aprovechan de esta escasez. Indira, otra víctima, pagó 7 mil dólares en Miami por un caso que continúa sin resolver. Ha depositado mil dólares iniciales, más 250 dólares mensuales, sin progreso alguno.
¿Cuáles son las principales estafas?
Existen patrones claros en las estafas migratorias modernas. Los estafadores prometen fianzas que saben no son posibles de obtener. También ofrecen garantías de residencia o asilo político cuando eso está fuera de su control. Algunos ni siquiera son abogados reales.
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Suplantar identidades de abogadas legítimas se ha convertido en un fraude común. Los estafadores usan redes sociales como WhatsApp, Instagram y TikTok. También crean documentos falsos con logos del USCIS para parecer oficiales. En Carolina del Norte, se reportó un aumento significativo de estafas migratorias en noviembre de 2025.
Los expertos recomiendan verificar que el abogado tenga licencia activa en su estado. Además, advierten contra los “notarios” que se hacen pasar por letrados. Estos profesionales no están autorizados para dar asesorías legales en Estados Unidos.
¿Qué dicen los abogados legítimos?
Aaron Ortiz-Santos, socio de Taylor, Lee & Associates, critica la falta de transparencia en la profesión. Según él, muchos abogados aceptan casos y cobran dinero antes de investigarlos adecuadamente. Luego informan que no pueden proceder con sumas cobradas hasta de 3 mil 500 dólares.
Ortiz-Santos insiste en que los clientes tienen derecho de saber su verdadera situación legal desde el inicio. Muchos abogados se aprovechan del desconocimiento de la comunidad sobre procesos legales. La abogada Liudmila Marcelo reconoce que algunos letrados prometen cosas imposibles. Ella dejó de aceptar casos de detenidos porque no puede garantizar fianzas.
A pesar de esto, algunos abogados defienden los altos costos argumentando que invierten tiempo y esfuerzo considerable. Preparar un caso de asilo requiere enmendar solicitudes, preparar evidencia y asistir a múltiples audiencias. Sin embargo, la comunidad migrante se siente traicionada cuando los resultados no llegan.
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