Las remesas enviadas a México desde Estados Unidos, un pilar clave para millones de familias, han mostrado una preocupante disminución en el primer semestre de 2025. Según el Banco de México (Banxico), los envíos de dinero cayeron un 5.6% en comparación con el mismo periodo de 2024, pasando de $31,326 millones a $29,576 millones de dólares. Esta reducción de $1,750 millones refleja los efectos de las políticas migratorias y económicas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, que han generado incertidumbre entre los trabajadores migrantes.
El miedo a las deportaciones masivas, lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha llevado a muchos inmigrantes indocumentados a reducir sus horas de trabajo o abandonar sus empleos por temor a ser detenidos. Esta situación ha impactado directamente su capacidad para enviar dinero a sus familias en México. Además, la imposición de un impuesto del 1% a las transferencias electrónicas y otros instrumentos financieros ha añadido una carga adicional a los migrantes, desincentivando los envíos de remesas.
Un pilar económico bajo presión
Las remesas son vitales para la economía mexicana, representando cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2024, México recibió un récord de $64,745 millones en remesas, consolidándose como el segundo mayor receptor a nivel mundial, solo detrás de India. Sin embargo, las proyecciones para 2025 son poco alentadoras. La combinación de políticas migratorias estrictas y el impacto de aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos a las importaciones mexicanas está afectando no solo el flujo de dinero, sino también la estabilidad económica de muchas comunidades.
En estados como Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde las remesas representan más del 12% del PIB local, la caída en estos ingresos podría agravar la pobreza extrema. Miles de familias dependen de estos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud. La reducción en los envíos de dinero amenaza con aumentar la vulnerabilidad de estas regiones, donde las oportunidades laborales locales son limitadas.
Impacto de las políticas migratorias
Las políticas de Donald Trump, que asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, han intensificado la presión sobre los migrantes. Las deportaciones masivas han generado un clima de temor, especialmente entre los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las detenciones de migrantes en la frontera han aumentado significativamente en 2025, lo que ha disuadido a muchos de acudir a sus lugares de trabajo. Esta situación ha reducido sus ingresos, limitando los montos que pueden enviar a México.
Además, la introducción de un impuesto a las remesas ha complicado aún más el panorama. Aunque el gravamen del 1% puede parecer pequeño, para muchos migrantes que envían pequeñas cantidades de dinero, este costo adicional representa un obstáculo significativo. En algunos casos, los trabajadores optan por enviar menos dinero o buscar alternativas informales, lo que reduce el flujo registrado por el Banco de México.
Los aranceles y su efecto en la economía mexicana
La imposición de aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, que entró en vigor el 1 de febrero de 2025, ha generado un impacto económico más amplio. Estos gravámenes, que afectan sectores clave como la industria automotriz y la maquila, han encarecido los productos mexicanos en el mercado estadounidense, reduciendo la competitividad de las exportaciones. Como resultado, muchas empresas mexicanas enfrentan dificultades para mantener sus niveles de producción, lo que podría traducirse en una menor generación de empleo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la economía mexicana podría contraerse un 1.3% en 2025 debido a estas barreras comerciales y la desaceleración de la inversión. Esta proyección contrasta con las expectativas más optimistas del gobierno mexicano, que prevé un crecimiento de entre 2% y 3%. La incertidumbre generada por los aranceles también ha debilitado al peso mexicano, que en julio de 2025 alcanzó las 21 unidades por dólar, afectando el poder adquisitivo de las familias que reciben remesas.
Desafíos para el gobierno mexicano
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado mitigar los efectos de estas políticas mediante negociaciones con Estados Unidos. En julio de 2025, tras una llamada con Donald Trump, se logró una prórroga de 90 días para negociar un acuerdo que evite un aumento adicional de los aranceles al 30%. Sheinbaum ha enfatizado la importancia de mantener una relación de respeto y colaboración, destacando los esfuerzos de México para combatir el tráfico de fentanilo y reforzar la seguridad en la frontera con el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional.
Sin embargo, la recepción de migrantes deportados plantea un desafío adicional. El Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con un presupuesto limitado de 1,700 millones de pesos para 2025, insuficiente para atender las necesidades de miles de personas que podrían ser retornadas. La reintegración social y laboral de estos migrantes, muchos de los cuales han vivido décadas en Estados Unidos, requerirá un esfuerzo coordinado que aún no ha sido plenamente delineado por las autoridades mexicanas.
Perspectivas inciertas
A medida que avanza 2025, el panorama sigue siendo incierto. La estabilidad del mercado laboral en Estados Unidos, un factor clave para los envíos de dinero, se ha visto afectada por la desaceleración económica y la reducción de empleos en sectores que dependen de mano de obra migrante, como la agricultura y la construcción. Aunque las remesas han mostrado resiliencia en el pasado, la combinación de políticas migratorias estrictas y aranceles podría limitar su crecimiento en el corto plazo.
En el ámbito local, las comunidades mexicanas que dependen de estos ingresos están comenzando a sentir la presión. En ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, los centros de envío de remesas reportan una menor afluencia de clientes. Esta situación refleja no solo el impacto económico, sino también el costo humano de las políticas migratorias, que separan familias y generan incertidumbre sobre el futuro.
El gobierno mexicano enfrenta el reto de diseñar estrategias que protejan a las familias que dependen de las remesas mientras busca mantener una relación comercial estable con Estados Unidos. La negociación con la administración Trump será crucial para evitar un impacto aún mayor en la economía mexicana. Por ahora, millones de mexicanos esperan que las conversaciones bilaterales ofrezcan una solución que preserve este vital flujo de recursos.
