La tensión entre Washington y Caracas ha alcanzado un nuevo pico en las últimas semanas, con Estados Unidos anunciando el envío de al menos siete buques de guerra, submarinos y más de 4.000 marines al Caribe meridional. Esta movida militar, justificada como una operación contra el narcotráfico, plantea interrogantes sobre si Nicolás Maduro representa una amenaza real para la seguridad nacional estadounidense o si se trata de una estrategia política más amplia.
El punto de inflexión llegó el 7 de agosto, cuando la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, elevó la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro a 50 millones de dólares. El presidente venezolano enfrenta cargos por narcotráfico desde 2020 en el sistema judicial estadounidense. En su anuncio, Bondi lo describió como “uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y una amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos.
Caracas ha rechazado estas afirmaciones de manera categórica. Sin embargo, la respuesta militar fue inmediata: en cuestión de horas, fuerzas estadounidenses se desplegaron en aguas caribeñas, sumando navíos y elementos de inteligencia aérea en los días siguientes. Esta escalada sorprende, especialmente tras un intercambio de prisioneros reciente y la reanudación de exportaciones de petróleo venezolano vía Chevron bajo la administración Trump.
Las acusaciones contra Maduro
Más allá de la retórica, que ha persistido durante años, resulta notable que la Casa Blanca enfoque su confrontación en supuestos lazos con el narcotráfico, en lugar de priorizar el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Las imputaciones que vinculan al Palacio de Miraflores con el tráfico de cocaína datan de al menos una década. ¿Por qué esta intensificación ahora?
Bondi no ha presentado pruebas irrefutables del rol de Maduro en el narcotráfico internacional. Al mismo tiempo, Venezuela insiste en su inocencia. “Para que haya un cartel de droga, o produces, procesas o traficas. En Venezuela no hay cultivo, producción ni tráfico significativo, ¿cómo puede haber un cartel? Es insostenible”, declaró a CNN la diputada chavista Blanca Eekhout, aludiendo al Cartel de los Soles, grupo que EE.UU. acusa de liderar Maduro y que el gobierno Trump designó como organización terrorista en julio.
Datos de producción global de drogas
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Venezuela no figura como país productor de cocaína. La casi totalidad de los cultivos de coca, base de la cocaína, se concentra en Colombia, Perú y Bolivia. Colombia, en particular, ha experimentado un aumento drástico: la superficie cultivada alcanzó las 230.000 hectáreas en 2022, un incremento de casi 100.000 hectáreas desde 2020, con un mayor rendimiento en la refinación.
Esto significa más hoja de coca y mayor producción por unidad. De las 2.757 toneladas de cocaína manufacturada globalmente en 2022, Colombia aporta alrededor del 62%, mientras Venezuela no aparece en los mapas de producción, según el informe de la UNODC de junio de 2024.
Investigadores de la Agencia para el Control de Drogas (DEA) coinciden: en su reporte anual de mayo de 2024, indican que al menos el 97% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Colombia. En las secciones dedicadas al tráfico de cocaína, no se menciona a Venezuela, enfocándose en Colombia y Perú como productores, y en Ecuador, Centroamérica y México como rutas de tránsito.
Rutas dominantes del narcotráfico
¿Por dónde sale la droga? La UNODC asegura que la mayoría de la cocaína colombiana se trafica hacia el norte por la costa del Pacífico. Aunque no descarta paso por Venezuela, otros países como Ecuador emergen como hotspots, donde el alza en homicidios se liga al narcotráfico.
Este análisis no se discute en el Departamento de Estado, al menos en privado, sugiriendo que los recursos en el Caribe podrían ser más útiles en el Pacífico. “Es extraño no ver más barcos allí o acciones contra grupos colombianos”, comentó a CNN un diplomático estadounidense bajo anonimato.
El exsecretario de Justicia Bill Barr, quien reveló las primeras acusaciones contra Maduro en 2020, señaló al gobierno venezolano como facilitador de hasta 250 toneladas anuales de cocaína, una fracción menor del total global y menos del 10% de la producción colombiana. Barr tampoco presentó evidencias concretas entonces.
La ruta pacífica lidera las incautaciones de la UNODC: Colombia con el 37%, Ecuador el 8,8% y Panamá el 4,2%. Venezuela ocupa el sexto lugar en Latinoamérica, con menos del 2%.
Evidencias de involucramiento venezolano
Pese a estos datos, la realidad es matizada. El chavismo admite narcotráfico en el país, pero niega promoverlo. Eekhout mencionó decomisos de 490 aeronaves y 94 embarcaciones en el último año, cifras no verificadas independientemente.
Sin embargo, hay indicios de participación en altos niveles. En 2016, un tribunal de Nueva York condenó a dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores por conspirar para traficar cocaína a EE.UU.; fueron liberados en un intercambio de prisioneros.
Más impactante es Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano, quien se declaró culpable el 25 de junio de conspirar para importar cocaína y narcoterrorismo. Acusado de intercambiar armas por droga con las FARC, su extradición desde España y posible colaboración con fiscales estadounidenses –reportada por el Miami Herald– podrían aportar pruebas contra Maduro, algo no confirmado.
El Cartel de los Soles en debate
En julio, el Departamento del Tesoro calificó al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, permitiendo mayor acción contra sus supuestos miembros. Países como Argentina, Ecuador y Paraguay siguieron suit.
“El Cartel de los Soles no existe como tal; es un término periodístico para el involucramiento de autoridades venezolanas en drogas”, explicó a CNN Phil Gunson, del International Crisis Group en Caracas. No niega participación militar: “Carteles colombianos y mexicanos operan aquí, con cargamentos por el Orinoco y vuelos clandestinos. No sería posible sin complicidad desde arriba”.
Gunson compara el rol de Maduro con el de Manuel Noriega, condenado en 1992 por asociarse con el Cartel de Medellín: un facilitador externo que se beneficia de rutas protegidas.
Analistas de InsightCrime coinciden: “Es una red suelta de células en el ejército venezolano implicadas en crímenes, no un grupo jerárquico”. El nombre alude a las insignias de generales.
Desde la oposición, María Corina Machado aplaudió las medidas; Henrique Capriles exige pruebas. Maduro niega todo, guardando silencio sobre la condena de sus sobrinos.
El rol de Carvajal cobra relevancia con su sentencia el 29 de octubre, que podría aclarar si colaboró contra su exjefe.
