Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Puerto Rico desató controversia tras el arresto de Bean Gómez Cepeda, un ciudadano dominicano acusado de agredir a agentes federales y chocar contra un vehículo oficial. El incidente, ocurrido el 30 de junio de 2025 en San Juan, culminó con la detención de Gómez y cinco acompañantes, todos presuntamente indocumentados. La operación, que involucró forcejeos y una persecución, ha generado críticas por las tácticas agresivas de ICE, mientras la agencia reporta un aumento alarmante en agresiones contra sus oficiales en 2025, en un contexto de políticas migratorias endurecidas bajo la administración del presidente Donald Trump.
Un arresto bajo tensión
El 30 de junio, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) intentaron detener un vehículo en San Juan donde viajaba Gómez Cepeda. Según ICE, el dominicano se resistió, usando lo que las autoridades describieron como un “arma peligrosa”, y colisionó su auto contra una unidad federal al intentar huir. La persecución terminó con el arresto de Gómez y cinco personas más, todas sin autorización migratoria, según un comunicado de ICE del 4 de agosto. La operación tuvo lugar en un vecindario residencial, lo que generó preocupación entre residentes, quienes reportaron disturbios y temor por la presencia de agentes armados, según un informe de El Nuevo Día.
Por su parte, Gómez Cepeda no es desconocido para las autoridades migratorias. En 2023, fue interceptado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso, Texas, y procesado para una deportación acelerada. Su reingreso al país, esta vez en Puerto Rico, ha avivado el debate sobre la vigilancia migratoria en la isla, donde el 3.2% de la población es indocumentada, según estimaciones del Centro de Estudios Migratorios de 2024. Los arrestos de ICE en Puerto Rico han aumentado un 45% en 2025, según datos de la agencia.
Cargos graves y críticas a ICE
Gómez enfrenta dos cargos federales: obstrucción a agentes con un arma peligrosa, que conlleva hasta un año de prisión, cinco años de libertad condicional y una multa de $100,000; y daño a un vehículo federal, con una posible pena de hasta 10 años y $250,000 en multas. Los fiscales Jeanette M. Collazo-Ortiz y César E. Rivera Díaz lideran el caso, que está bajo la supervisión de un magistrado federal en San Juan. ICE destacó que las agresiones contra sus agentes han crecido un 830% en 2025, comparado con el mismo período de 2024, aunque no especificó el número total de incidentes.
Además, las tácticas de ICE han generado críticas. Organizaciones como la Coalición Puertorriqueña contra la Deportación han denunciado el uso excesivo de fuerza en operativos, señalando que la presencia de agentes armados en comunidades densas pone en riesgo a civiles. En julio, un video viral mostró a agentes de ICE rompiendo ventanas de un vehículo en Carolina, Puerto Rico, lo que llevó a protestas locales. “Estas operaciones siembran miedo y dividen a nuestras comunidades”, afirmó el activista Pedro Julio Serrano. En 2024, el 62% de los puertorriqueños desaprobaba las políticas migratorias de Trump, según una encuesta de Gallup.
Un contexto de políticas migratorias estrictas
Pese a todo, ICE defiende sus acciones como necesarias para la seguridad nacional. Rebecca Gonzalez-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan, enfatizó que quienes interfieran con los agentes enfrentarán “todo el rigor de la ley”. La administración Trump ha priorizado la deportación masiva, con un presupuesto de $8,700 millones para ICE en 2025, un aumento del 15% respecto al año anterior, según el DHS. En Puerto Rico, los operativos han sido particularmente visibles desde la llegada de 500 agentes adicionales en abril, tras el huracán Fiona, que dejó a 1.3 millones sin electricidad, según el Departamento de Energía.
Por su parte, la comunidad dominicana en Puerto Rico, que representa el 70% de los inmigrantes indocumentados en la isla, según el Instituto de Estadísticas, se siente especialmente vulnerable. Líderes comunitarios han organizado talleres sobre derechos legales, mientras los residentes exigen mayor transparencia en las operaciones de ICE. “No todos los inmigrantes son criminales; muchos solo buscan una vida mejor”, afirmó un organizador en San Juan. Mientras el caso de Gómez Cepeda avanza, Puerto Rico sigue siendo un punto crítico en el debate migratorio, con tensiones que reflejan las divisiones nacionales sobre las políticas de la administración Trump.
