Lo que comenzó como una jornada de manifestaciones pacíficas en distintos puntos de Lima terminó en una de las noches más violentas de los últimos meses. El miércoles, miles de personas salieron a las calles para exigir un cambio de rumbo político, pero la tensión escaló cuando la Policía intentó dispersar la multitud cerca del Congreso. Los enfrentamientos dejaron un saldo de un muerto y al menos 180 heridos, entre civiles y agentes.
Enfrentamientos en el centro de Lima
Hacia el anochecer, las fuerzas policiales lanzaron gases lacrimógenos para replegar a los manifestantes que se habían concentrado en la avenida Abancay, frente al Parlamento. El intento de contención desató caos y violencia. Varias personas comenzaron a huir sin salida, ya que las calles transversales habían sido cerradas por los cordones de seguridad.
En medio del descontrol, se produjeron incendios en mobiliario urbano y daños a vehículos públicos. Horas más tarde, el Ministerio Público confirmó la muerte de Eduardo Ruiz, de 28 años. Según la Fiscalía, recibió un disparo de arma de fuego durante los disturbios. “Se han dispuesto diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento”, informó el organismo.
Reacción del Gobierno interino
El presidente interino José Jerí visitó a policías heridos y condenó los hechos a través de un mensaje en X, antes conocido como Twitter: “Un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles. Ese comportamiento solo busca el caos y la violencia en nuestro país”, escribió.
Sin embargo, la convocatoria original de las marchas fue amplia y diversa. Artistas, colectivos universitarios, organizaciones feministas y agrupaciones regionales se sumaron al llamado de la denominada generación Z, que desde septiembre protagoniza una serie de protestas en rechazo al Congreso y al Ejecutivo.
Una movilización marcada por el descontento
El clima de malestar en Perú no ha disminuido desde la destitución de Dina Boluarte. Su salida del poder y la llegada de Jerí al Ejecutivo no lograron satisfacer las demandas sociales. Incluso, la designación del nuevo primer ministro, Ernesto Álvarez, ha generado controversia por sus declaraciones despectivas contra los jóvenes manifestantes.
La marcha de este miércoles buscaba exigir reformas en el Gobierno y una lucha efectiva contra la corrupción, el sicariato y la impunidad política. Las movilizaciones también incluyeron expresiones artísticas en las calles: bailes, música y performances teatrales. La cantante Susana Baca, de 81 años, se unió a la protesta en Lima, ondeando girasoles como símbolo de paz.
Jóvenes y artistas en primera línea
Entre los asistentes estuvo Alejandro Revilla, integrante del colectivo Jóvenes Líderes para el Perú (JLP). Según contó, su grupo nació durante las marchas por la reforma del sistema de pensiones. “Nos inspira la generación Z de Asia. Si ellos pueden organizar cambios, nosotros también”, comentó.
Otro de los rostros visibles fue Lenin Tamayo, cantante de Quechua Pop, quien acudió frente al Palacio de Justicia para respaldar la manifestación. “Cantar en quechua en el Perú es un acto político. Un artista no solo entretiene, también es la conciencia del pueblo”, explicó mientras era ovacionado por sus seguidores.
En distintas ciudades —Arequipa, Puno, Huancavelica y Trujillo— las marchas se desarrollaron con tranquilidad, aunque en Lima persistió el temor por posibles actos represivos. Paula Alegre, una joven de 18 años, reconoció que tuvo que insistir para que sus padres le permitieran asistir. “Vengo participando desde septiembre. Es injusto todo lo que pasa”, dijo.
Organización digital y seguridad ciudadana
Gran parte de la convocatoria nacional se articuló a través de redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok. Colectivos juveniles, artistas e influencers difundieron puntos de encuentro y recomendaciones de seguridad: llevar mascarillas antigás, vinagre o pañuelos para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos, y compartir la ubicación en tiempo real con amigos o familiares.
Al cierre de la noche, la Defensoría del Pueblo reportó más de 180 personas afectadas, entre manifestantes y efectivos del orden, además de 10 detenidos. En un comunicado, condenó la violencia “desmedida ejercida por un grupo de manifestantes”, pero también advirtió que el cierre de vías y el uso de gases agravan los riesgos en manifestaciones multitudinarias.
Ecos de protestas pasadas
Las manifestaciones de esta semana evocaron la crisis de 2020, cuando Manuel Merino asumió la presidencia interina en circunstancias similares y fue obligado a renunciar tras cinco días de intensas protestas que dejaron dos jóvenes muertos.
Aunque el contexto es diferente, el trasfondo político es semejante: una ciudadanía cansada de la inestabilidad institucional y de lo que los manifestantes califican como un “pacto mafioso” entre el Congreso y el Ejecutivo. Los jóvenes, con pancartas y símbolos culturales, parecen decididos a mantener viva la presión en las calles, pese al temor de que la violencia vuelva a repetirse.
