La Corte Suprema valora si ampliar el poder de los presidentes, como quiere Trump.
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En un movimiento que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en Estados Unidos, la Corte Suprema se prepara para debatir un caso pivotal. El foco está en revocar una decisión unánime de 1935 conocida como Humphrey’s Executor, que ha restringido por décadas la capacidad de los presidentes para despedir a líderes de agencias independientes. Esta revisión alineada con la agenda de Donald Trump durante su segundo mandato genera un debate intenso sobre el equilibrio de poderes y el futuro del “ejecutivo unitario”. Historiadores jurídicos advierten que el fallo podría expandir drásticamente la autoridad presidencial, permitiendo despidos a voluntad y alterando la estructura regulatoria del gobierno federal.
El presidente de la Corte, John Roberts, ha guiado a la mayoría conservadora hacia un avance constante en la ampliación del poder presidencial, incluso antes de la era Trump. En los primeros meses de su segundo período, Trump ha despedido a casi todos los empleados federales que ha deseado, desafiando protecciones laborales establecidas. Figuras clave como Rebecca Slaughter, excomisionada de la Comisión Federal de Comercio (FTC), han sido removidas, alimentando el caso actual. Solo excepciones como Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y Shira Perlmutter, registradora de derechos de autor, han resistido temporalmente.
La magistrada liberal Elena Kagan expresó en septiembre su preocupación, señalando que los jueces conservadores parecen “ansiosos” por este cambio. El Departamento de Justicia, durante la administración Trump, dice que el precedente de 1935 es “muy malo”. Argumenta que debe ser eliminado para que el presidente tenga control total sobre el Ejecutivo. Este enfoque se relaciona con la teoría del ejecutivo unitario. Esta teoría fue promovida por conservadores como el juez Antonin Scalia. En 1988, Scalia escribió que el poder ejecutivo debe estar “todo” bajo el mando del presidente.
¿Por qué Humphrey’s Executor ha sido el escudo de las agencias independientes?
El caso de 1935 surgió durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt, cuando intentó despedir a un comisionado de la FTC sin causa justificada. La Corte Suprema falló unánimemente que los líderes de agencias independientes, diseñados para operar con autonomía, no podían ser removidos arbitrariamente. Esta decisión comenzó una nueva era de regulaciones fuertes. Estas regulaciones afectan áreas como relaciones laborales y discriminación laboral. También incluyen ondas radiofónicas y protección al consumidor. Se protege a entidades como la Junta Nacional de Relaciones Laborales. También se protege a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.
Desde entonces, Humphrey’s Executor ha sido un pilar del movimiento legal conservador, criticado por limitar la accountability presidencial. Los defensores del ejecutivo unitario dicen que la Constitución, en su Artículo II, indica que todas las agencias deben responder al presidente. Esto incluye la capacidad de destituir a sus miembros. El fiscal general D. John Sauer ha reforzado esta visión, afirmando que el precedente histórico ignora la estructura constitucional original.
En el contexto actual, el caso involucra nuevamente a la FTC, epicentro de la controversia de 1935. Los abogados de Slaughter argumentan que revocar el fallo erosionaría la independencia regulatoria, permitiendo a Trump —o cualquier presidente— purgar disidentes para avanzar agendas políticas, como los recortes a mandatos de millaje automotriz de la era Biden que Trump delineó recientemente.
¿Cómo ha evolucionado el poder de destitución bajo Roberts?
Bajo el liderazgo de Roberts desde 2010, la Corte ha erosionado gradualmente las restricciones al poder presidencial de despido. En 2020, Roberts escribió una opinión mayoritaria afirmando que “el poder de destitución del presidente es la norma, no la excepción”, respaldando el despido de Trump del director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Esta decisión allanó el camino para desafíos a protecciones similares en Humphrey’s Executor.
La opinión de 2024 sobre inmunidad presidencial elevó aún más la barra, declarando la autoridad para despedir como un poder “conclusivo y excluyente” que el Congreso no puede limitar. Esto evitó el enjuiciamiento de Trump por sus esfuerzos postelectorales de 2020 y subraya la tendencia conservadora hacia un Ejecutivo más centralizado.
Sin embargo, historiadores jurídicos cuestionan esta narrativa. Caleb Nelson, profesor de la Universidad de Virginia y exasistente de Clarence Thomas, argumenta que “tanto el texto como la historia del Artículo II son mucho más ambiguos” de lo que sugiere la Corte actual. Jane Manners, de la Universidad de Fordham, y otros eruditos han presentado amicus briefs con evidencia histórica de los primeros años de la nación, mostrando que el poder de destitución no era tan absoluto como se pinta.
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¿Podría este caso afectar la Reserva Federal y la economía?
El caso plantea una segunda interrogante crucial: incluso si el despido de Lisa Cook es ilegal, ¿pueden los jueces reincorporarla? Trump la removió acusándola de fraude hipotecario, cargo que ella niega vehementemente. Una jueza federal bloqueó temporalmente su despido, pero la Corte Suprema ha insinuado un trato diferenciado para la Fed, citando riesgos económicos de inestabilidad en el banco central.
El juez Neil Gorsuch escribió recientemente que empleados victoriosos en corte podrían recuperar salarios, pero no necesariamente sus puestos, lo que podría permitir a Cook demandar por compensación sin regresar. Esto refleja cautela ante la incertidumbre que generaría remover líderes de la Fed en un panorama económico volátil, especialmente con planes de Trump para desmantelar regulaciones ambientales como los mandatos de millaje.
Argumentos separados sobre Cook se escucharán en enero, potencialmente preservando su rol mientras apela. Los defensores de Slaughter se alinean con historiadores para afirmar que limitaciones al poder de Trump son constitucionales, citando precedentes fundacionales que equilibraban el Ejecutivo con independencia.
¿Qué implicaciones tiene para el equilibrio de poderes en EE.UU.?
Revocar Humphrey’s Executor podría catalizar una purga masiva en agencias federales, alineando regulaciones con la agenda de Trump en comercio, medio ambiente y trabajo. Críticos temen un “Estado administrativo” capturado por el Ejecutivo, similar a preocupaciones en el caso de aranceles que Costco demanda al gobierno Trump.
No obstante, la Corte podría modular su decisión, preservando excepciones para entidades como la Fed. Roberts, conocido por su incrementalismo, podría buscar un equilibrio que evite un caos regulatorio inmediato.
Expertos como Manners expresan escepticismo: “No tengo muchas esperanzas” de que la historia disuada a la mayoría conservadora. Si el fallo favorece a Trump, marcaría el culmen de décadas de expansión presidencial, desde Roosevelt hasta hoy, redefiniendo la democracia estadounidense.
En última instancia, este debate trasciende a Trump: ¿debe un presidente tener suprepoderes para despedir, o persiste el compromiso con agencias independientes? La respuesta, esperada en meses, podría ecoar en elecciones intermedias, como el nuevo mapa electoral de Texas respaldado por Trump que otorga cinco escaños republicanos en la Cámara, ilustrando cómo el judicial moldea el político.
