Mensajes en redes sobre el asesinato de Charlie Kirk cuestan empleos y desatan debate.
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La muerte de Charlie Kirk, el controvertido activista ultraconservador asesinado en la Universidad del Valle de Utah, ha desatado una tormenta de despidos en Estados Unidos, poniendo en el centro del debate los límites de la libertad de expresión. Grandes empresas, presionadas por funcionarios republicanos y activistas de ultraderecha, están destituyendo a empleados por publicaciones en redes sociales que justifican, minimizan o critican a Kirk, generando una ola de preocupación sobre la censura en el ámbito laboral.
Decenas de trabajadores, desde pilotos de aerolíneas hasta profesores y empleados federales, han perdido sus empleos en los últimos días. Compañías como Delta Air Lines, United Airlines y American Airlines suspendieron a personal por comentarios en redes sobre la violencia en Utah. “Los empleados que promueven este tipo de violencia fueron dados de baja inmediatamente”, afirmó American Airlines en un comunicado. United Airlines fue más contundente: “Cero tolerancia ante la violencia política o su justificación”.
El caso no se limita al sector privado. Maestros, funcionarios comunitarios y hasta un agente del Servicio Secreto enfrentan sanciones. Anthony Pough, empleado del Servicio Secreto, perdió su autorización de seguridad tras escribir en Facebook que Kirk “esparció odio y racismo”. El director del Servicio Secreto, Sean Curran, advirtió que los agentes deben “ser la solución, no agravar el problema”. En el sector público, la Casa Blanca ha cancelado contratos de miles de empleados federales, mientras que la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, que debería revisar despidos injustificados, está inoperativa tras la destitución de sus miembros por el gobierno republicano.
Presión política y vigilancia en redes
La presión para actuar contra los empleados no solo viene de las empresas, sino de figuras políticas prominentes. El vicepresidente J.D. Vance, en un episodio del podcast The Charlie Kirk Show, instó a “denunciar” a quienes celebren la muerte de Kirk y a contactar a sus empleadores. “No creemos en la violencia política, pero sí en la civilidad”, afirmó. Otros legisladores, como el congresista Randy Fine y la congresista Nancy Mace, han exigido medidas drásticas, desde despidos hasta la desfinanciación de escuelas que no sancionen a sus trabajadores.
Esta vigilancia no es nueva, pero se ha intensificado. Desde el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 en respuesta al genocidio del pueblo palestino, las empresas han implementado políticas más estrictas sobre el uso de redes sociales, prohibiendo incitar a la violencia o contradecir los “valores” corporativos. “Tolerar o incitar a la violencia es motivo de despido”, explicó Ellen Davis, directora de August. Sin embargo, la intervención directa de políticos en estos casos marca un cambio inquietante. “Es incompatible con la tradición de libertad de expresión en este país”, señaló G.S. Hans, profesor de derecho en Cornell.
¿Legal, pero ético?
En EE.UU., el empleo “a voluntad” permite a las empresas privadas despedir por casi cualquier motivo, siempre que no sea discriminatorio por raza, género o edad. Sin embargo, estados como California y Colorado tienen leyes que protegen a los trabajadores de despidos por sus opiniones políticas. A pesar de esto, los contratos sindicales y las protecciones legales suelen ser insuficientes frente a la presión política actual.
David Super, experto en derecho administrativo de Georgetown, advirtió que los despidos en el sector público son especialmente problemáticos, ya que los empleados gubernamentales renuncian a ciertos derechos de expresión al aceptar sus cargos. Sin embargo, la intervención de autoridades republicanas, como la amenaza de Texas de suspender licencias educativas a más de 100 profesores, cruza una línea. “Los funcionarios de Trump pueden despedir por motivos políticos sin revisión”, afirmó Super.
Un debate más amplio
El caso de Kirk, conocido por sus posturas fascistas sobre género, raza y aborto, ha polarizado aún más el panorama. Mientras algunos celebran los despidos como una respuesta a la “incivilidad”, otros, como la Asociación Americana de Profesores Universitarios, denuncian un ataque a la libertad académica. La columnista Karen Attiah, despedida por The Washington Post tras publicaciones en Bluesky, y una profesora de la Universidad de Toronto, suspendida por un comentario en redes, son ejemplos de cómo la represión trasciende fronteras.
Steven Collis, profesor de derecho en la Universidad de Texas, aclaró que la Primera Enmienda no protege a los empleados de empresas privadas, pero Risa Lieberwitz, de Cornell, señaló que las exigencias de figuras públicas para castigar opiniones violan el espíritu de la libertad de expresión. “Refleja el miedo a las represalias de la administración Trump”, afirmó.
Repercusiones internacionales
El caso también tiene ecos globales. El senador Marco Rubio denunció que ciudadanos extranjeros que criticaron a Kirk fueron rechazados en sus solicitudes de visa, desatando acusaciones de censura migratoria. Activistas exigen investigar este posible abuso de poder, que consideran una amenaza a los principios democráticos.
¿Hacia dónde vamos?
Los despidos masivos han reavivado el debate sobre la “cultura de la cancelación” y el poder de los empleadores sobre la expresión de los trabajadores. Mientras algunos, como Vance, argumentan que celebrar la violencia política justifica consecuencias, otros advierten que estas acciones sientan un precedente peligroso. “Si las empresas aún no tienen políticas claras sobre redes sociales, deberían tenerlas”, insistió Davis. Pero para muchos, el problema no es solo la política empresarial, sino la presión política que está redefiniendo los límites de lo que se puede decir.
Con desafíos legales pendientes y una sociedad profundamente dividida, el caso de Charlie Kirk no solo marca un punto de inflexión en el debate sobre la libertad de expresión, sino que plantea una pregunta urgente: ¿hasta dónde puede llegar la vigilancia de nuestras palabras?