El clima político y migratorio en California ha generado preocupación entre los votantes latinos a pocos días de las elecciones especiales sobre redistribución de distritos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen haciendo redadas en vecindarios del estado. Esto ha causado miedo en las comunidades hispanas. Aunque son ciudadanos estadounidenses, temen ser detenidos sin razón.
El miedo se extiende entre los votantes latinos
Una encuesta reciente de la Latino Community Foundation (LCF) muestra algo importante. El 66% de los votantes latinos registrados en California tiene miedo de ver agentes migratorios en los centros de votación. El estudio, realizado en septiembre a más de 1.200 participantes, detalla que incluso los hispanos nacidos en EE.UU. sienten temor de sufrir un error o una detención arbitraria.
“Estos son votantes latinos, ciudadanos estadounidenses preocupados por esta gente”, explicó Christian Arana, vicepresidente de poder cívico y políticas públicas de la fundación. La sensación de alarma ha crecido luego de reportes de ciudadanos detenidos por error durante las redadas federales.
El caso de Andrea Vélez, una ciudadana estadounidense arrestada en junio mientras se dirigía a trabajar en el centro de Los Ángeles, marcó un antes y un después. Las autoridades alegaron que intentó interferir en un operativo del ICE, algo que ella niega. Semanas después, un veterano del ejército, George Retes, fue detenido en una redada en una granja de marihuana en el sur del estado, lo que elevó aún más la tensión en la comunidad.
Autoridades buscan garantizar elecciones sin intimidación
La Fiscalía General de California y la Secretaría de Estado enfatizaron que la ley estatal prohíbe cualquier forma de intimidación o acoso electoral. En un boletín reciente, la oficina del fiscal general Rob Bonta detalló que constituye intimidación: hostigar a los votantes por su raza, cuestionar agresivamente su ciudadanía, amenazar con violencia o impedir el acceso a los centros de votación.
“Durante este proceso electoral, mi oficina está lista para intervenir con un equipo de abogados y funcionarios en todo el estado si se presentan casos de intimidación”, aseguró Bonta.
Por su parte, Shirley Weber, secretaria de Estado de California, afirmó que se activarán equipos de apoyo policial y observadores si es necesario. “Nuestro objetivo es garantizar que los espacios de votación sean seguros y sin intimidación para todos los ciudadanos”, indicó.
Weber señaló además que la probabilidad de que personas indocumentadas intenten votar es mínima, ya que el sistema electoral de California requiere registro previo y verificación de identidad.
El papel del gobierno federal
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones sobre un supuesto uso político de las redadas durante el calendario electoral. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, calificó de “repugnantes y falsas” las denuncias de discriminación racial. “Las fuerzas del orden actúan bajo sospecha razonable, no por el color de piel o la etnia”, aseguró.
Sin embargo, las declaraciones no lograron calmar la inquietud entre los votantes. El gobernador Gavin Newsom criticó abiertamente la presencia de agentes migratorios fuera de actos políticos, al advertir que podría ser “un anticipo de lo que ocurrirá en las urnas”. Según Newsom, “enviar al ICE a intimidar a la gente es una forma moderna de supresión del voto”.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el envío de observadores federales para supervisar las elecciones en cinco condados californianos: Los Ángeles, Orange, Riverside, Kern y Fresno. El objetivo, dijo la dependencia, es garantizar la transparencia, la seguridad del voto y el cumplimiento de las leyes federales.
Opciones seguras para emitir el voto
Ante el temor de un posible contacto con agentes migratorios, la Secretaría de Estado recordó que los ciudadanos cuentan con múltiples alternativas para votar, más allá de hacerlo en persona.
Los votantes pueden enviar su papeleta por correo, depositarla en buzones electorales autorizados o acudir a oficinas locales de manera anticipada. Weber alentó especialmente el voto temprano: “Debido a retrasos en el Servicio Postal, recomendamos no esperar hasta el día de las elecciones si se vota por correo”.
Los funcionarios recalcaron que ninguna agencia federal tiene autorización para desplegar personal en centros de votación con fines migratorios. Cualquier intento de intimidar o interrogar a ciudadanos será investigado como una violación a las leyes electorales.
Aun así, comunidades latinas en ciudades como Los Ángeles y Riverside planean habilitar líneas directas de denuncia y brigadas de observadores comunitarios para vigilar irregularidades y acompañar a quienes teman votar presencialmente. Líderes cívicos insisten en que el miedo no puede silenciar al voto latino, clave en procesos electorales estatales y federales.
En palabras de Arana, “si los ciudadanos no se sienten seguros para votar, la democracia pierde fuerza”.
