A partir de la medianoche de este viernes 7 de noviembre, alrededor de 250,000 venezolanos quedarán sin protección frente a la deportación en Estados Unidos. La medida marca el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos de Venezuela, tras la decisión del gobierno de Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema que avaló su terminación.
Para miles de familias, la fecha representa el fin de su estabilidad migratoria y el inicio de una etapa de incertidumbre. Muchos buscan desesperadamente asesoría legal para evitar ser deportados o separados de sus seres queridos.
Fin de la protección temporal para miles de familias
“Al quedarse sin estatus, quedan sin oportunidad alguna para mantener una protección migratoria. En ese momento podrían ser detenidos y enfrentar deportación”, explicó el abogado de inmigración Haim Vásquez.
Fuentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtieron que quienes no cuenten con otra base legal deben prepararse para regresar a su país. Solo un pequeño grupo logró renovar su TPS entre enero y febrero de 2025, y conservará su permiso de trabajo hasta octubre de 2026. Según USCIS, se trata de unos pocos miles de casos excepcionales.
La activista Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, afirmó que han recibido cientos de solicitudes de ayuda en las últimas semanas. “Vivimos una situación de terror y ansiedad. La gente busca cualquier alternativa para no ser deportada”, dijo.
Un futuro incierto sin documentos ni empleo
Perder el TPS implica más que una pérdida legal. Los inmigrantes también pierden la posibilidad de trabajar, mantener su licencia de conducir y acceder a beneficios educativos o de salud. Vásquez señaló que muchos empleadores ya comenzaron a despedir a los trabajadores venezolanos, previendo que su estatus expiraba.
“Para un empleador no es rentable tener a alguien que en una semana queda sin permiso de trabajo”, dijo Ferro. En consecuencia, numerosos inmigrantes han dejado de pagar créditos o hipotecas, acumulando deudas imposibles de sostener.
La activista también alertó sobre la crisis emocional que atraviesan las familias. “Hay personas con ataques de ansiedad, gente que se queda sin trabajo y sin casa. Multiplica eso por decenas de miles de casos”, afirmó.
Limitadas opciones legales para evitar la deportación
A pesar del vencimiento del programa, algunos inmigrantes todavía pueden intentar alternativas legales. El asilo político es una de ellas, aunque Vásquez advierte que pocas personas cumplen con los estrictos requisitos.
Los solicitantes deben demostrar una persecución o temor fundado por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideología política. Sin embargo, el Departamento de Justicia instruyó en abril a los jueces a desestimar solicitudes “deficientes”, lo que limita las posibilidades.
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Otros caminos incluyen casarse con un ciudadano estadounidense o aplicar a una visa U, destinada a víctimas de delitos graves. No obstante, estos procesos pueden tardar años y dependen de la disponibilidad de cupos.
El gobierno mantiene vigente un programa de retorno voluntario con un incentivo de hasta 1,000 dólares por regresar a Venezuela. Pero Vásquez aclaró que algunas personas no han recibido ese pago. “Antes de salir del país, se deben consultar las implicaciones legales. Las decisiones deben tomarse con asesoría profesional”, enfatizó.
La política migratoria y el cambio de criterio sobre Venezuela
Venezuela ingresó al programa TPS en 2021 debido a las “condiciones extraordinarias” que impedían el regreso seguro de sus ciudadanos. Sin embargo, la administración Trump argumentó este año que el país mostró mejoras suficientes en materia económica y de estabilidad política para revisar el beneficio.
El cambio de criterio provocó reacciones inmediatas entre organizaciones de derechos humanos, que acusaron al gobierno de minimizar la crisis venezolana. Aun así, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la revisión del programa “responde a los intereses de la política migratoria estadounidense”.
Entre los afectados se encuentran personas con solicitudes de asilo pendientes, quienes ahora enfrentan un riesgo mayor de deportación si los tribunales fallan en su contra. Algunas familias podrían quedar divididas, ya que los hijos nacidos en Estados Unidos conservan la ciudadanía, mientras sus padres pierden el permiso de vivir en el país.
Desesperación en la comunidad venezolana
Para muchos inmigrantes, regresar a Venezuela no es una opción. Ferro aseguró que muchos han sido perseguidos políticamente y temen represalias. “Hay personas aterrorizadas. Volver podría significar su desaparición bajo el régimen de Nicolás Maduro”, expresó.
Mientras tanto, las organizaciones de apoyo mantienen jornadas de asesoría gratuita. Buscan ayudar a los inmigrantes a presentar apelaciones o encontrar alternativas legales que les permitan permanecer en territorio estadounidense.
En las próximas semanas, especialistas prevén un aumento de detenciones por parte de ICE, especialmente en estados como Florida, Texas y Nueva York, donde reside la mayoría de venezolanos con TPS. Ante la posibilidad de deportación, los abogados migratorios recomiendan preparar planes familiares y consultar de inmediato las opciones legales disponibles.
