El presidente Donald Trump ha ordenado este sábado el envío de tropas federales a Portland, Oregon, para contrarrestar lo que describe como ataques de terroristas domésticos contra instalaciones del gobierno. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump respondió a una solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y dirigió al secretario de Guerra, Pete Hegseth, a proveer “todas las tropas necesarias” para salvaguardar la ciudad y los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Estoy autorizando toda la fuerza, si es necesario”, enfatizó Trump, marcando una escalada en su estrategia contra la violencia urbana.
Esta decisión surge en medio de protestas intensas en Portland, donde manifestantes han dañado propiedades federales durante las últimas semanas. La ciudad, conocida por sus manifestaciones desde 2020, enfrenta ahora una oleada de incidentes que Trump atribuye directamente a grupos como Antifa. El presidente firmó recientemente un decreto ejecutivo designando a Antifa como organización terrorista doméstica, lo que permite a agencias federales investigar y desmantelar sus actividades. Noem, en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, respaldó la medida al afirmar que “Portland está bajo asedio y requiere intervención inmediata para restaurar la paz”.
Designación de Antifa y contexto de la orden
Trump ha intensificado su ofensiva contra Antifa, un movimiento de extrema izquierda que se opone a supremacistas blancos mediante protestas y acciones directas. El decreto presidencial del 22 de septiembre de 2025 instruye a la Oficina Federal de Investigación (FBI) y al Departamento de Justicia a usar todas las herramientas disponibles contra operaciones ilegales ligadas a este grupo. “Antifa utiliza medios ilegales para organizar violencia a nivel nacional”, declaró Trump en una conferencia de prensa esta semana, vinculando los disturbios actuales al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Históricamente, Portland ha sido epicentro de tensiones, especialmente tras la muerte de George Floyd en 2020, cuando Trump desplegó agentes federales sin insignia, lo que generó acusaciones de extralimitación. El entonces secretario de Justicia, William Barr, advirtió sobre tácticas de Antifa en lo que llamó “terrorismo nacional”. Ahora, con Hegseth al mando del Departamento de Guerra, el enfoque incluye despliegues de la Guardia Nacional para proteger instalaciones del ICE, que han reportado al menos 15 ataques en las últimas dos semanas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Noem detalló que las tropas llegarán en fases, comenzando con 500 efectivos de la Guardia Nacional de Oregon, coordinados con fuerzas locales. Esta autorización de “fuerza total” evoca precedentes controvertidos, pero Trump insiste en que cumple con su obligación constitucional de proteger la ley y el orden. En redes sociales, el presidente ha pedido investigaciones a financiadores presuntos de Antifa, argumentando que su literatura promueve tanto protestas pacíficas como beligerancia contra autoridades.
Reacciones locales
Autoridades de Portland y Oregon han expresado alarma por el despliegue, viéndolo como una intromisión federal innecesaria. La alcaldesa de Portland, Ted Wheeler, emitió un comunicado criticando la medida como “una escalada que ignora soluciones locales”. Wheeler, quien gestiona protestas desde 2020, señaló que la ciudad ha reducido incidentes mediante diálogos comunitarios, pero enfrenta ahora presiones de manifestantes radicales. El gobernador de Oregon, Tina Kotek, rechazó la intervención en una carta al Congreso, argumentando que viola la soberanía estatal.
Esta movida de Trump se extiende a otras urbes como Chicago, Los Ángeles y Baltimore, donde gobernadores demócratas como JB Pritzker de Illinois y Gavin Newsom de California han denunciado redadas en comunidades latinas por agentes no identificados. Pritzker declaró en una rueda de prensa que “esto es una demostración de poder, no de justicia”, cuestionando la legalidad bajo la Posse Comitatus Act, que limita el uso militar doméstico. En Washington D.C., la alcaldesa Muriel Bowser se niega a cooperar con ICE, lo que llevó a Trump a amenazar una emergencia nacional tras manifestaciones recientes.
Bowser reportó una reducción del 30% en delincuencia en la capital gracias a despliegues previos de la Guardia Nacional, pero advierte sobre riesgos de confrontación. Líderes locales planean demandas judiciales para limitar las operaciones, citando dudas sobre la designación de Antifa, ya que no es una entidad única sino un conjunto de colectivos. El Servicio de Investigación del Congreso ha analizado la literatura de Antifa, confirmando su promoción de vigilancia contra extremistas de derecha, pero sin estructura formal para listados terroristas.
