Texas se ha convertido en el epicentro de la política migratoria de Estados Unidos. Desde que el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca, Texas tiene el mayor número de arrestos de inmigrantes en el país. Esto se basa en un análisis reciente del Texas Tribune usando datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La historia de Luis Medrano, un inmigrante mexicano residente en Houston, ilustra hasta qué punto los controles se han endurecido. El pasado 1 de julio, llamó a la policía para pedir ayuda porque su esposa atravesaba un episodio de esquizofrenia. Lo que esperaba que fuera una intervención médica terminó con la detención de la mujer y, finalmente, su deportación a México tras ser entregada a ICE.
“Mis hijos me culpan de todo esto, pero solo quería conseguirle ayuda”, contó Medrano, de 50 años. Su caso muestra cómo el sistema de justicia penal local se ha vuelto el principal medio para transferir migrantes. Estos migrantes están bajo custodia y son enviados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Un aumento drástico de las detenciones
Entre septiembre de 2023 y julio de 2025, ICE realizó 138,068 detenciones en todo el país, y un 24% ocurrieron en Texas. El promedio diario de arrestos en ese estado se duplicó: de 85 durante la administración Biden a 176 bajo la actual administración Trump.
El análisis también muestra que el 52% de las detenciones ocurren en cárceles locales. Además, las redadas en vecindarios y lugares de trabajo son más comunes. En las áreas metropolitanas de Houston y Dallas, los arrestos diarios aumentaron en más de 30 puntos porcentuales, en tanto que el número de personas detenidas sin condena previa subió del 42% al 59%.
La cárcel del condado de Harris encabeza la lista nacional como el centro con más retenciones a solicitud de ICE, seguida de las de Dallas, Bexar y Travis, todas entre las diez primeras del país. “Esto demuestra que el sistema penal texano se ha integrado completamente en la maquinaria de deportación”, señaló el abogado de inmigración Paul Pirela, con sede en Houston.
Texas, un aliado clave en la política migratoria federal
Con más de 1.6 millones de inmigrantes indocumentados —la segunda cifra más alta después de California—, Texas se ha consolidado como el laboratorio político del endurecimiento migratorio de Trump.
Durante sus primeros seis meses de mandato, el presidente redirigió sus esfuerzos desde la frontera sur hacia los estados donde, en su opinión, “persisten las ciudades santuario” y donde la cooperación con ICE era limitada.
A nivel local, Texas ha impulsado leyes y acuerdos que facilitan la colaboración entre las fuerzas policiales y los agentes federales. “Aquí hay un sistema que apoya activamente a ICE, en contraste con lugares como California o Nueva York, donde predomina la resistencia”, explicó la profesora Rocío Páez Ritter, socióloga y criminóloga de la Universidad de Arkansas.
Según ella, este respaldo institucional ha permitido al Gobierno federal operar con mayor rapidez y menos obstáculos judiciales. “Lo que vemos en Texas es una infraestructura alineada con los objetivos de Washington: arrestar y deportar al mayor número de personas en el menor tiempo posible”, sostuvo.
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Comunidades bajo vigilancia constante
Los operativos de ICE se han vuelto una escena habitual en vecindarios de Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Agentes encapuchados hacen detenciones en residencias, estacionamientos o incluso en cortes judiciales. Durante el primer mandato de Trump, estas tácticas se concentraban en la frontera. Ahora, el foco está dentro de los barrios.
“Podíamos recibir una o dos llamadas al mes por detenciones; ahora recibimos entre 15 y 20 al día”, precisó César Espinosa, director de la organización FIEL Houston, que brinda apoyo legal a personas detenidas por ICE. “La diferencia con el pasado es que la mayoría no tiene antecedentes criminales.”
Fuentes del DHS defendieron las operaciones, asegurando que el 70% de las personas arrestadas por ICE poseen condenas penales o enfrentan cargos pendientes. En una publicación reciente, la subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que las autoridades también identifican a fugitivos internacionales, violadores de derechos humanos y miembros de pandillas. “La lista es larga, y los medios omiten el contexto”, escribió.
Menos transparencia y más control
Desde enero de 2025, la Administración ha restringido el acceso público a informes y estadísticas migratorias detalladas, eliminando información previamente disponible sobre delitos cometidos por inmigrantes o número de detenciones por condado. Analistas legales advierten que esa falta de datos limita la supervisión ciudadana sobre las prácticas federales.
Un ejemplo fue la desaparición del informe anual del Departamento de Justicia que mostraba que los inmigrantes cometían menos delitos que los ciudadanos estadounidenses en Texas. El documento fue retirado de la web oficial poco después de que Trump retomara el poder.
Para los abogados de inmigración, esta opacidad refleja una táctica de endurecimiento institucional. “La estrategia de la Administración es simple: deportar a tantas personas como sea posible y reducir el escrutinio”, afirmó Pirela.
Mientras tanto, el miedo avanza entre las comunidades migrantes del estado. Familias enteras evitan reportar delitos o buscar asistencia médica por temor a ser entregadas a ICE. En Texas, donde los arrestos migratorios alcanzan cifras récord, la vida cotidiana de los inmigrantes se mueve con una sombra permanente de vigilancia.
