El 27 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de David Taylor, de 53 años, y Michelle Brannon, de 56, líderes de la Iglesia Global del Reino de Dios (KOGGC), acusados de orquestar una red de tráfico humano y lavado de dinero que generó 50 millones de dólares desde 2014. Operando bajo la fachada de un ministerio cristiano, los acusados explotaron a sus seguidores en call centers en Michigan, Florida, Texas y Missouri, forzándolos a trabajar sin paga y sometiéndolos a abusos físicos y psicológicos. La investigación, liderada por el FBI y el IRS, expone un esquema que financió un estilo de vida lujoso para los líderes mientras sus víctimas sufrían condiciones inhumanas.
Un culto disfrazado de caridad
David Taylor, autoproclamado “Apóstol” de KOGGC, antes conocida como Joshua Media Ministries International, y Michelle Brannon, su directora ejecutiva, operaban call centers que recaudaban donaciones bajo la promesa de obras benéficas. Según la acusación del Distrito Este de Michigan, Taylor reclutó personas desde 2013 para trabajar en estos centros, ubicados en ciudades como Taylor (Michigan), Tampa (Florida), Houston (Texas) y St. Louis (Missouri). Los trabajadores, obligados a cumplir cuotas diarias de donaciones, no recibían salario y enfrentaban castigos si no alcanzaban metas inalcanzables, como recaudar 1,000 dólares al día por persona.
Por ejemplo, el FBI documentó que las víctimas vivían en instalaciones de los call centers o en “casas del ministerio” controladas por Taylor, sin permiso para salir. Los castigos incluían humillaciones públicas, privación de sueño, restricciones de comida y agresiones físicas. En un caso, Taylor ordenó arrojar agua a trabajadores exhaustos y retirarles alimentos por no cumplir objetivos, según mensajes obtenidos por las autoridades.
Abusos extremos y control total
La acusación detalla cómo Taylor exigía que sus “escuderos”, asistentes personales que lo servían las 24 horas, transportaran mujeres a su ubicación y aseguraran que tomaran anticonceptivos de emergencia. Estas víctimas, al igual que los trabajadores de los call centers, eran aisladas de sus familias y amenazadas con “juicios divinos” como enfermedades o “maldiciones eternas” si desobedecían. Al menos ocho víctimas de trabajos forzados han sido identificadas hasta agosto de 2025, aunque el número real podría ser mayor, según la fiscalía.
Además, Taylor y Brannon manipulaban a sus seguidores para inscribirse en el programa SNAP, destinado a personas sin hogar, y luego confiscaban las tarjetas de asistencia para comprar alimentos para ellos mismos y su círculo cercano. Este esquema permitió a los acusados financiar la compra de mansiones, autos de lujo, un yate, motos acuáticas y vehículos todo terreno, acumulando una fortuna estimada en 50 millones de dólares desde 2014.
Una operación multiestatal
El arresto de Taylor en Durham, Carolina del Norte, y de Brannon en una mansión en el exclusivo vecindario de Avila, Tampa, Florida, fue el resultado de una operación coordinada por el FBI, el IRS y agencias locales en cinco estados. El FBI ejecutó allanamientos en propiedades vinculadas a KOGGC, incluyendo un edificio en Houston. “Combatir el tráfico humano es una prioridad máxima”, afirmó la fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon. La agente especial Karen Wingerd, del IRS, señaló que el lavado de dinero “financió una red de tráfico humano y un estilo de vida lujoso bajo la fachada de un ministerio religioso”.
Pese a todo, la investigación reveló que Taylor y Brannon usaban la narrativa de un ministerio cristiano para atraer a víctimas vulnerables, prometiendo ayuda a comunidades marginadas. En realidad, los fondos se destinaban a lujos personales, mientras los trabajadores vivían en condiciones de esclavitud moderna. La fiscalía estima que las donaciones recaudadas anualmente alcanzaban millones de dólares, con transferencias bancarias rastreadas a cuentas en paraísos fiscales.
Enfrentando la justicia
Taylor y Brannon enfrentan cargos por conspiración para cometer trabajos forzados y lavado de dinero, con penas potenciales de hasta 20 años por cada cargo de trabajo forzado y 20 años por lavado de dinero, además de multas de hasta 500,000 dólares o el doble del valor de los bienes lavados. Ambos comparecieron en tribunales de Durham y Tampa el 27 de agosto. Las autoridades instan a las víctimas a contactar la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888, disponible 24/7, para denunciar información relevante.
