En una operación matutina en una carretera estatal de Pensilvania, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 25 trabajadores de la construcción, todos migrantes de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. La redada de este martes ha causado enojo y miedo en las comunidades locales. Activistas dicen que las autoridades migratorias usaron tácticas de vigilancia antes. Este incidente se suma a la creciente ola de operativos de la administración del presidente Donald Trump, enfocada en intensificar las deportaciones.
La acción, que tuvo lugar en el condado de Centre, ha movilizado a organizaciones comunitarias que ahora patrullan la zona para proteger a los trabajadores. A continuación, se detallan los eventos de la redada y las reacciones que ha desatado.
Operativo sorpresa en la carretera
La redada empezó a las 7 de la mañana. Un policía estatal detuvo un vehículo. Este vehículo llevaba trabajadores al sitio de construcción del hospital Mount Nittany. Tras verificar las identificaciones, agentes de ICE intervinieron y arrestaron a 22 de los ocupantes, dejando en libertad únicamente a un ciudadano estadounidense. Una hora después, se detuvo otro vehículo. Esto llevó a la captura de tres trabajadores latinos más, según un informe de la Red de Respuesta Rápida del condado de Centre.
Jazmine Rivera, directora de la Coalición de Inmigración de Pensilvania, dijo en un comunicado que algunos detenidos fueron llevados al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley. Esta instalación es conocida por albergar a migrantes que esperan sus procesos migratorios. Sin embargo, la falta de información sobre el destino de los demás ha complicado los esfuerzos para rastrearlos.
Vigilancia previa y temor comunitario
Días antes de la redada, los trabajadores habían alertado sobre la presencia de agentes de ICE que parecían vigilar la obra del hospital Mount Nittany. Según Rivera, algunos reportaron haber sido seguidos al terminar su jornada laboral, lo que sugiere que las autoridades planearon el operativo con base en esta vigilancia. “Gracias a ese monitoreo, ICE pudo localizarlos en su camino al trabajo”, afirmó, destacando la intrusión en la vida diaria de los migrantes.
Por ejemplo, trabajadores como José, un albañil guatemalteco que prefirió no dar su apellido, habían expresado su preocupación por vehículos sospechosos cerca del sitio de construcción. “Sabíamos que algo no estaba bien, pero no pensamos que llegarían tan lejos”, comentó a un medio local. Este tipo de tácticas ha generado un clima de miedo, especialmente entre los migrantes que contribuyen a proyectos clave en la región.
Respuesta comunitaria y activismo
La Red de Respuesta Rápida del condado de Centre, junto con el Frente de Defensa del Pueblo y el Comité Estudiantil para la Defensa y la Solidaridad, ha tomado medidas inmediatas para contrarrestar las acciones de ICE. Estas organizaciones han organizado patrullas comunitarias en áreas afectadas, con el objetivo de prevenir más detenciones y brindar apoyo a las familias. Además, están trabajando para identificar a los detenidos, muchos de los cuales no aparecen en el sistema en línea de localización de ICE.
Pese a todo, el impacto de la redada va más allá de los arrestos. “La comunidad del condado de Centre, incluidos los trabajadores que viajan desde Virginia y Maryland, está aterrorizada”, aseguró Rivera. Los activistas han reportado que muchos migrantes ahora evitan salir de sus hogares, temiendo ser blanco de operativos similares. Esta situación se agrava por el aumento de redadas en estados como Florida y Texas, donde más de 200 trabajadores de la construcción fueron detenidos en mayo.
Llamado a la defensa de los derechos humanos
Rivera enfatizó la necesidad de proteger los derechos de los migrantes, quienes, según ella, merecen vivir sin temor a la discriminación o la exclusión. “Es nuestra responsabilidad garantizar que todas las personas sean tratadas con dignidad”, afirmó. Organizaciones locales han convocado protestas para visibilizar el impacto de estas redadas en las comunidades trabajadoras, muchas de las cuales sostienen sectores esenciales como la construcción.
En consecuencia, la Coalición de Inmigración de Pensilvania planea presentar quejas formales ante las autoridades federales, alegando que las tácticas de ICE violan el debido proceso. Mientras tanto, la administración Trump sigue defendiendo estas operaciones. Ellas son parte de su estrategia para deportar a migrantes indocumentados. Este enfoque ha recibido críticas por su impacto en familias y economías locales. Por ejemplo, expertos del Urban Institute dicen que detener a trabajadores de la construcción puede empeorar la falta de mano de obra. Esto afectaría los proyectos de vivienda en todo el país.
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