Estados Unidos se encuentra al borde de un cierre parcial del gobierno federal a partir de este miércoles 1 de octubre, debido a la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto para el nuevo año fiscal. Con desacuerdos profundos entre republicanos y demócratas, miles de empleados federales podrían enfrentar suspensiones sin paga, mientras que servicios esenciales y no esenciales sufrirán interrupciones variadas. Esta crisis presupuestaria, que ya ha costado miles de millones en el pasado, pone en jaque la operatividad diaria del país.
El proceso presupuestario exige que el Congreso apruebe doce leyes de asignaciones anuales para financiar agencias federales. Este año, ninguna ha sido promulgada a tiempo, lo que obliga a recurrir a paquetes omnibus o extensiones temporales. Sin embargo, las propuestas divergen: los republicanos buscan extender la financiación hasta el 21 de noviembre para más negociaciones, mientras los demócratas proponen solo hasta octubre, con protecciones sanitarias y límites a la retención de fondos por parte del presidente Donald Trump. Pese a una reunión clave en la Casa Blanca, el riesgo de cierre persiste.
Cómo opera un cierre y sus excepciones legales
Un cierre gubernamental surge cuando las agencias no reciben fondos autorizados, obligándolas a suspender operaciones no esenciales bajo la Ley contra el Déficit (Antideficiency Act). Esta norma prohíbe al Departamento del Tesoro desembolsar dinero sin aprobación congressional. «El Tesoro no puede pagar si no hay una ley que lo disponga», explica Matt Glassman, experto del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown.
Por lo tanto, solo se mantienen servicios que protegen vidas y propiedades, o relacionados con funciones constitucionales. El presidente, su gabinete y el Congreso continúan operando sin interrupciones. Además, empleados esenciales como militares en activo, personal de hospitales federales y controladores aéreos de la FAA permanecen en puestos, aunque sin salario inicial. Cada agencia define internamente estos roles, pero un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto insta a considerar despidos en programas discrecionales sin fondos alternos.
En consecuencia, los trabajadores no esenciales son suspendidos, pero reciben pago retroactivo al reabrirse el gobierno, como establece una ley de 2019. No obstante, el impacto humano es inmediato: durante el cierre de 2018-2019, unos 800.000 empleados se vieron afectados, generando estrés financiero en familias y comunidades.
Servicios esenciales que continúan sin alteraciones
Varios programas clave evitan el parón gracias a financiamiento permanente. Los pagos de Seguridad Social, Medicare y Medicaid fluyen sin problemas, beneficiando a millones de jubilados y personas con bajos ingresos. La atención médica a veteranos en el Departamento de Asuntos de Veteranos también se mantiene intacta, al igual que las operaciones de prisiones federales y el Servicio Postal, autofinanciado por sus ingresos.
Sin embargo, el personal administrativo en estas agencias podría reducirse, causando demoras en trámites. Por ejemplo, consultas sobre beneficios de Seguridad Social enfrentarían esperas más largas. Además, el control de tráfico aéreo y la seguridad en aeropuertos vía la TSA persisten, aunque con posibles retrasos en inspecciones de la FDA para alimentos y medicamentos, lo que podría ralentizar aprobaciones de nuevos tratamientos.
Pese a todo, la defensa nacional permanece inalterada: las Fuerzas Armadas en servicio activo y operaciones de seguridad interna no se detienen, asegurando la continuidad en misiones críticas.
Áreas críticas: Parques, datos económicos y trámites cotidianos
Los parques nacionales y monumentos emblemáticos, como el Gran Cañón o Yosemite, cerrarían sus puertas, afectando al turismo y generando pérdidas en la economía recreativa de más de un billón de dólares anuales. En cierres previos, como el de 2018, se reportó vandalismo y acumulación de basura por falta de mantenimiento, lo que dañó ecosistemas y redujo visitas en un 90% en algunos sitios.
Además, la recopilación de datos económicos se vería golpeada. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo cerraría, retrasando el informe de empleo de septiembre –previsto para el 4 de octubre– y el de inflación a mediados de mes. Esto complicaría decisiones de la Reserva Federal sobre tasas de interés, aumentando la incertidumbre en mercados globales.
Por lo tanto, trámites cotidianos sufrirían: solicitudes de pasaportes y visas en el Departamento de Estado se pausarían, impactando viajes internacionales. La Administración de Pequeñas Empresas detendría préstamos y subvenciones, afectando a emprendedores. Incluso la NASA suspendería proyectos no esenciales, como misiones de investigación, mientras que tribunales federales podrían posponer audiencias no urgentes.
Impacto en empleados y costos económicos acumulados
Alrededor de 800.000 empleados federales podrían ser suspendidos, con 340.000 en furlough durante el cierre de 35 días en 2018-2019. Estos trabajadores esenciales laboran sin paga, recurriendo a ahorros o bancos de alimentos, lo que genera un efecto dominó en economías locales de Washington D.C. y otras ciudades.
En consecuencia, los costos son elevados: entre 2013 y 2019, el Senado estimó 4.000 millones de dólares en salarios retroactivos y gastos asociados, de los cuales 3.700 millones cubrieron a empleados suspendidos. Históricamente, los cierres reducen el PIB en 0,1 puntos porcentuales por semana, aunque el crecimiento se recupera con pagos pendientes. Sin embargo, un cierre prolongado podría erosionar la confianza inversionista y elevar la volatilidad en bolsas, como se vio en 2013 con caídas leves en índices.
El cierre más largo, de 35 días en 2018-2019 por fondos para el muro fronterizo, costó 11.000 millones de dólares al PIB, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Desde 1980, EE.UU. ha sufrido 14 cierres, con impactos que van desde interrupciones en ensayos clínicos contra el cáncer hasta retrasos en inspecciones sanitarias.
Lecciones de cierres pasados y la urgencia actual
El récord previo data de 1995-1996, con 21 días de paralización bajo Bill Clinton por choques con el Congreso republicano. Aquel episodio dañó la imagen pública del Legislativo, similar a lo que podría ocurrir ahora en un contexto de polarización extrema.
Pese a todo, expertos como Maya MacGuineas, presidenta del Committee for a Responsible Federal Budget, advierten que cierres cortos pasan desapercibidos para muchos, pero los prolongados alteran la vida cotidiana. «La mayoría no notará diferencias si dura poco, pero vacaciones en parques o trámites se verán frustrados», matiza. Mientras el reloj avanza hacia la medianoche del 30 de septiembre, las negociaciones en el Capitolio intensifican, con Trump urgiendo un acuerdo «de buena fe» que evite más divisiones.
