El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita interrogar a personas hispanohablantes en el sur de California, argumentando que el idioma puede ser un indicador válido para establecer sospecha razonable de que una persona se encuentra de forma irregular en el país.
La solicitud, elevada por el Departamento de Justicia (DOJ), se enmarca dentro de un esfuerzo por parte del gobierno del presidente Donald Trump para restablecer redadas de inmigración itinerantes en la región de Los Ángeles, actualmente restringidas por una orden judicial.
El argumento: idioma y ocupación como indicios
En su petición a la Corte Suprema, el DOJ sostiene que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deberían tener la facultad de actuar ante ciertos “indicios razonables”, como el uso exclusivo del idioma español o la apariencia étnica.
“Los agentes podrían basarse razonablemente en el hecho de que alguien hable exclusivamente español para sustentar una sospecha razonable de que se encuentra en el país sin documentos, sobre todo porque un porcentaje desproporcionado de inmigrantes del Distrito Central habla español y no inglés con fluidez o no lo habla en absoluto”, señala el documento.
Además, el gobierno argumenta que muchas personas indocumentadas provienen de México o Centroamérica y suelen desempeñarse en empleos como jardinería, construcción o labores temporales, lo que según su criterio reforzaría la presunción de estatus migratorio irregular.
Redadas restringidas por orden judicial
Esta postura del DHS busca revertir una decisión tomada el pasado 11 de julio por la jueza federal Maame E. Frimpong, de la Corte del Distrito Central de California. En su fallo, la magistrada prohibió que agentes migratorios detuvieran a personas sin una causa justificada en siete condados del sur del estado, incluido el de Los Ángeles.
La jueza también ordenó que los detenidos tuvieran acceso a representación legal, en respuesta a múltiples denuncias sobre arrestos arbitrarios y discriminación racial. Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó la medida, que continúa vigente en los condados de Los Ángeles, Orange, Ventura, Riverside, San Bernardino, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
La administración Trump insiste en reactivar redadas
Pese a las restricciones legales, agentes federales han continuado operativos en la zona. El 6 y el 8 de agosto, ICE llevó a cabo redadas cerca de tiendas Home Depot en el área metropolitana de Los Ángeles, resultando en la detención de varios inmigrantes.
Estos operativos se producen en el marco de una intensificación de acciones migratorias impulsadas directamente por la administración Trump desde junio, con el objetivo de acelerar deportaciones en estados con gran concentración de inmigrantes.
El DHS defiende su postura asegurando que sus agentes tienen plena autoridad para efectuar arrestos cuando existan “razones fundadas” para sospechar que una persona se encuentra ilegalmente en territorio estadounidense.
Críticas por perfilamiento racial y discriminación
Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos han denunciado que los criterios utilizados por el gobierno son discriminatorios, ya que asocian el idioma español y ciertas ocupaciones con el estatus migratorio.
Además, cuestionan la legalidad de interrogar o detener personas con base únicamente en su lengua o apariencia, una práctica que podría violar protecciones constitucionales como la Cuarta Enmienda, que prohíbe detenciones sin causa probable.
En este contexto, la administración federal sostiene que las restricciones impuestas por la justicia representan una interferencia indebida en las funciones de control migratorio, que son competencia exclusiva del gobierno federal.
El futuro de los operativos migratorios en manos de la Corte Suprema
El recurso interpuesto ante la Corte Suprema tiene como objetivo revocar la suspensión que impide llevar a cabo redadas sin previo aviso y con base en presunciones generales. En caso de ser aceptado, el DHS podría retomar los operativos itinerantes en comunidades predominantemente latinas del sur de California.
Mientras tanto, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes temen que este tipo de operativos incrementen el temor en comunidades vulnerables y fomenten prácticas de perfilamiento racial que ya han sido cuestionadas anteriormente en cortes federales.
El fallo final de la Corte Suprema podría tener implicaciones significativas no solo para California, sino para todo el país, en un contexto político donde las políticas migratorias han cobrado un rol central en la agenda del presidente Donald Trump de cara al próximo año electoral.
