Un tribunal federal de Miami ordenó el jueves desmantelar el centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en los Everglades de Florida, en un plazo de 60 días, además de prohibir el ingreso de nuevos detenidos. La decisión, emitida por la jueza Kathleen Williams, responde a una demanda de grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, que denunciaron el impacto ecológico del centro en una zona protegida. La medida representa un revés para la política migratoria del presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, quienes impulsaron la apertura del centro el 3 de julio. La jueza también exigió retirar infraestructura clave, como cercas, generadores y sistemas de drenaje, para restaurar el acceso de la tribu indígena al área.
Una victoria para los ambientalistas
La jueza Williams, en su fallo de 82 páginas, determinó que la construcción de ‘Alligator Alcatraz’ en el Dade-Collier Training and Transition Airport violó la Ley Nacional de Política Ambiental al no realizarse un estudio de impacto ambiental previo. El centro, que ocupa 20 acres de humedales en el Big Cypress National Preserve, amenaza a 36 especies protegidas, como la pantera de Florida y el murciélago de orejas largas, según el Centro para la Diversidad Biológica. La orden prohíbe añadir infraestructura, como tiendas de campaña o luces industriales, y exige desmantelar las instalaciones temporales antes del 20 de octubre, fecha límite para cumplir con el fallo.
Por ejemplo, Eve Samples, directora de Friends of the Everglades, celebró la decisión como “una victoria emblemática para los Everglades y quienes creen que este ecosistema debe protegerse”. La tribu Miccosukee, cuya tierra está a un cuarto de milla del sitio, destacó que la construcción afectó su derecho a cazar y recolectar plantas, según Amy Castaneda, directora de recursos hídricos de la tribu.
Condiciones inhumanas en el centro
Desde su apertura, ‘Alligator Alcatraz’ ha enfrentado críticas por las condiciones de los detenidos. Informes de legisladores demócratas, como Maxwell Frost, describieron a los migrantes en jaulas bajo calor sofocante, con comidas insuficientes y plagas de insectos. Frost señaló que, al 21 de agosto, solo quedaban 336 detenidos, frente a los casi 1,000 de semanas anteriores, lo que sugiere que las autoridades anticipaban el cierre. Además, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda separada por violaciones a los derechos humanos, incluyendo la falta de acceso a abogados y la negación de derechos religiosos.
Por su parte, el cónsul mexicano en Miami, Rutilio Escandón, visitó el centro el jueves y confirmó la presencia de 78 mexicanos, asegurando que están en “buenas condiciones”. Sin embargo, calificó las detenciones como “injustas” y prometió seguir abogando por los derechos de los migrantes, siguiendo instrucciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Resistencia de Florida y el gobierno federal
El fallo ha generado una fuerte reacción de las autoridades. El gobernador DeSantis calificó a la jueza Williams, nombrada por el expresidente Obama, como una “jueza activista” y anunció una apelación inmediata. “Sabíamos que este fallo vendría, pero no detendrá nuestra determinación de apoyar la política migratoria de Trump”, afirmó DeSantis. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien bautizó el centro como ‘Alligator Alcatraz’ por su ubicación rodeada de caimanes, defendió su operación como una solución “eficiente” para las deportaciones.
Sin embargo, la orden judicial podría complicar los planes de expansión migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, ha promovido ‘Alligator Alcatraz’ como un modelo para centros similares, como el ‘Speedway Slammer’ en Indiana. Una encuesta de YouGov del 4 de julio mostró que el 48% de los estadounidenses se opone al centro, mientras que el 33% lo apoya, reflejando la polarización del tema.
Un futuro incierto para los detenidos
Aunque el fallo no ordena el cierre inmediato, la población de detenidos disminuirá por “desgaste natural”, según Williams, a medida que los migrantes sean trasladados a centros como Krome en Miami. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó preocupación por las condiciones en el centro, citando al menos cinco muertes en instalaciones migratorias de Florida en 2025. Levine Cava ha solicitado acceso para monitorear el sitio, pero las autoridades estatales lo han denegado.
Pese a todo, la batalla legal está lejos de terminar. Mientras Florida apela el fallo y los ambientalistas celebran, los migrantes en ‘Alligator Alcatraz’ enfrentan un futuro incierto, atrapados en un debate que combina política migratoria, derechos humanos y la protección de uno de los ecosistemas más frágiles de EE.UU.
