El gobierno federal de Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Donald Trump, ha presentado una demanda contra Illinois por ofrecer beneficios a estudiantes indocumentados. Este martes, el Departamento de Justicia anunció que el recurso legal busca anular leyes estatales que permiten a universidades públicas dar descuentos en matrículas y becas a estos jóvenes. La acción ha desatado un nuevo debate sobre la equidad en el acceso a la educación superior en el país.
El caso, presentado en el distrito sur de Illinois, argumenta que las políticas del estado violan la ley federal. Según el Departamento de Justicia, las instituciones no pueden otorgar beneficios a inmigrantes sin estatus legal que no se ofrezcan también a ciudadanos estadounidenses. Las normas actuales de Illinois permiten que todos los estudiantes del estado, sin importar su situación migratoria, accedan a matrículas reducidas y ayuda financiera en universidades públicas.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, destacó que estas leyes contravienen regulaciones federales. En un comunicado oficial, señaló que las escuelas no deben dar a estudiantes indocumentados ventajas negadas a ciudadanos. La demanda responde a dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump, enfocadas en limitar beneficios fiscales o preferenciales para inmigrantes sin estatus legal.
El apoyo a estudiantes indocumentados
Las leyes de Illinois, como la Ley de Retención de Estudiantes y Equidad (RISE), han permitido desde 2020 que estudiantes indocumentados soliciten becas estatales, como el programa MAP. Estas políticas buscan garantizar que jóvenes, incluidos los beneficiarios de DACA, tengan acceso a educación superior. Según el Departamento de Educación de Illinois, estas medidas han beneficiado a miles de estudiantes en los últimos años.
La demanda federal pone en riesgo estos programas. El gobierno argumenta que Illinois está creando un trato desigual para los ciudadanos estadounidenses. Este enfoque refleja una postura más amplia de la administración actual, que ha intensificado acciones legales contra políticas migratorias estatales. Por ejemplo, en Texas, una medida similar fue eliminada tras una demanda del Departamento de Justicia en 2024.
En Illinois, las universidades públicas han defendido sus políticas. Argumentan que las matrículas reducidas fomentan la educación y el desarrollo económico local. Los estudiantes indocumentados, muchos de los cuales han vivido en el estado desde la infancia, contribuyen a la comunidad al graduarse y trabajar.
En el centro del debate
La acción legal ha generado reacciones mixtas. Organizaciones como la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights han criticado la demanda, argumentando que perjudica a jóvenes que buscan superarse. Ellos señalan que los estudiantes indocumentados enfrentan barreras significativas, y estas leyes les ofrecen una oportunidad justa.
Por otro lado, el Departamento de Justicia insiste en que la prioridad debe ser proteger los derechos de los ciudadanos. La fiscal Bondi subrayó que las políticas de Illinois podrían establecer un precedente que afecte a otros estados. Este caso podría escalar hasta tribunales superiores si no se resuelve pronto.
La administración Trump ha utilizado argumentos similares en otros estados. En Texas, una victoria legal reciente terminó con un programa que ofrecía matrículas reducidas a estudiantes indocumentados desde 2001. Ahora, Illinois enfrenta un desafío similar, con implicaciones para miles de jóvenes que dependen de estas ayudas.
Un futuro incierto en Illinois
El impacto de la demanda podría ser profundo. Miles de estudiantes indocumentados en Illinois podrían perder acceso a becas y matrículas accesibles. Esto afectaría especialmente a quienes están inscritos en universidades públicas, como la Universidad de Illinois. Estas instituciones han sido clave para integrar a jóvenes sin estatus legal en la fuerza laboral.
El gobierno estatal aún no ha emitido una respuesta oficial. Sin embargo, el gobernador J.B. Pritzker ha defendido previamente las políticas de inclusión educativa. En 2021, firmó leyes que ampliaron el acceso a la educación para inmigrantes, destacando su importancia para el futuro del estado.
Mientras el caso avanza, los estudiantes indocumentados enfrentan incertidumbre. Organizaciones comunitarias están organizando talleres para informar sobre derechos y opciones legales. La comunidad educativa espera que el litigio no interrumpa los sueños de miles de jóvenes que buscan un futuro mejor.
