California vuelve a encabezar la lista de los estados con la gasolina más cara del país. El precio promedio del galón regular se ubica en torno a USD 6,15, muy por encima del promedio nacional de USD 4,56, según datos citados por Infobae. La diferencia no es menor, porque afecta de forma directa la movilidad diaria, el costo de vida y la operación de miles de pequeños negocios.
El alza no responde a una sola causa. California arrastra desde hace años un mercado de combustibles más costoso por sus impuestos estatales y por el uso obligatorio de mezclas más limpias. Estas fórmulas reducen emisiones, pero también encarecen la producción y la distribución. A eso se sumó el cierre reciente de 2 refinerías en apenas 6 meses, lo que redujo la capacidad interna de abastecimiento.
La presión aumentó todavía más por el contexto internacional. La guerra con Irán elevó el precio global del petróleo y tensionó el suministro energético a través del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial. En consecuencia, California quedó más expuesta a importaciones costosas y a una cadena de suministro más frágil. Por eso, el récord de gasolina ya no es solo un problema de surtidor. Se convirtió en una discusión sobre inflación, desigualdad y política climática.
¿Por qué la gasolina es más cara en California?
California tiene un modelo energético distinto al de gran parte del país. El estado aplica impuestos altos a los combustibles y exige una gasolina reformulada, diseñada para disminuir la contaminación del aire. Esa mezcla especial cuesta más producirla y también limita la flexibilidad del mercado cuando hay interrupciones en refinerías o en el transporte de crudo.
La situación empeoró con la pérdida de capacidad de refinación local. Cuando 2 refinerías dejan de operar en un periodo tan corto, el sistema queda más sensible ante cualquier alteración externa. En vez de depender de producción local, California debe importar más combustible terminado o componentes para refinarlo. Ese cambio sube el costo logístico y, además, expone al estado a variaciones internacionales más bruscas.
El resultado es visible para cualquier conductor. Mientras otros estados siguen operando con precios altos pero manejables, en California el combustible pasó a ser un gasto que reordena presupuestos familiares completos. Ya no se trata solo de llenar el tanque. Para muchas personas, se trata de decidir si vale la pena salir, trabajar más lejos o mantener un negocio que depende de recorridos diarios.
¿Cómo cambia la vida diaria?
El impacto más rápido aparece en los hogares. El combustible caro modifica trayectos, reduce salidas y obliga a recalcular gastos básicos. En Ventura, Patrick VanHorn optó por recorrer el país en un vehículo eléctrico, porque los vuelos y el combustible tradicional ya no resultaban razonables, de acuerdo con el caso citado por Infobae. Esa decisión resume una tendencia más amplia: la gente no solo consume menos gasolina, también reorganiza su forma de vivir.
El costo emocional también pesa. Cheryl Rogers, jubilada de Goleta, redujo salidas y hasta pidió ayuda a amistades para costear combustible. Al no conseguir apoyo, terminó pasando más tiempo en casa. Esa experiencia muestra que el problema no afecta solo a quienes trabajan largas distancias. También golpea la vida social, el acceso a actividades y la salud emocional de quienes ya viven con ingresos limitados.
En paralelo, algunas familias están acelerando cambios estructurales. Cara y James Meredith, en Oakland, reemplazaron su vehículo utilitario por un auto eléctrico tras comprobar que su gasto mensual en gasolina superaba USD 500. Aunque instalar un cargador en casa costó USD 400, esperan recuperar ese dinero en poco tiempo. Ese cálculo se repite cada vez más en zonas urbanas, donde el precio del combustible volvió más atractiva la transición hacia vehículos eléctricos.
El transporte público también empieza a sentir el efecto. Usuarios del sistema de trenes Bay Area Rapid Transit han reportado vagones más concurridos, una señal de que muchas personas están buscando opciones más baratas para moverse. Esa presión sobre autobuses y trenes puede aliviar el gasto familiar, pero también exige más capacidad operativa en sistemas que ya trabajan cerca de su límite en varias franjas del día.
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¿Qué sectores económicos quedan más presionados?
Los pequeños negocios están entre los más golpeados. Cuando una empresa depende de camionetas, maquinaria o rutas diarias, el combustible deja de ser un gasto secundario y se convierte en un problema central. Santiago Peralta, dueño de una empresa de jardinería en West Covina, gasta alrededor de USD 200 diarios en combustible para maquinaria y otros USD 80 para su camión. Esa presión lo obligó a subir precios y hasta a pensar en abandonar el rubro.
La crisis también alcanza a la economía de barrio. Maria Moreno, propietaria de un camión de comida en Los Ángeles, redujo compras de insumos y despidió a su ayudante. Cada carga de combustible le supone unos USD 20 adicionales, una cifra que parece acotada, pero que se vuelve pesada cuando las ventas bajan. En negocios con márgenes estrechos, unos pocos dólares más por recarga pueden empujar cierres o despidos.
El debate político ya llegó a Sacramento. La presión del combustible reavivó la discusión sobre cómo equilibrar la agenda climática con la asequibilidad para consumidores y empresas. Según se informó, la Junta de Recursos del Aire de California estudia entregar hasta USD 4 000 millones en permisos gratuitos de emisión de carbono a grandes empresas, con cerca de la mitad destinada al sector petrolero. A cambio, esas compañías tendrían que invertir en proyectos de energía limpia.
La propuesta genera divisiones. Sus defensores sostienen que podría contener parte de la presión sobre precios y proteger programas ambientales. Sin embargo, sectores ambientalistas creen que debilitaría el sistema de límites y comercio de emisiones. Además, la Oficina de Análisis Legislativo de California estima que los ingresos por subastas de carbono podrían caer de USD 4 000 millones anuales a USD 2 000 millones si la medida se aprueba. En otras palabras, el dilema es claro: bajar presión ahora puede abrir un agujero fiscal y climático después.
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