El estado de Illinois presentó este lunes una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump con el objetivo de frenar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago. La acción legal, presentada por la Fiscalía General de Illinois, denuncia que la medida representa una “ocupación militar” en una urbe que no ha solicitado dicho refuerzo.
“Los estadounidenses, independientemente de dónde residan, no deberían vivir bajo la amenaza de ocupación por parte del Ejército de Estados Unidos, y menos aún por el simple hecho de que los dirigentes de su ciudad o estado estén en la mira del presidente”, señala el texto presentado ante el tribunal.
La demanda nombra como acusados al propio Donald Trump, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario del Ejército, Daniel Driscoll.
Argumentos de la Fiscalía y contexto judicial
En el documento, el estado acusa a la Administración Trump de causar “daños graves e irreparables” a Illinois y de sobrepasar sus facultades constitucionales. La demanda subraya que la federalización de tropas estatales sin la anuencia del gobernador constituye una “intromisión militar en los asuntos civiles” prohibida por la Décima Enmienda.
La acción legal se apoya en precedentes recientes, como las dos órdenes emitidas el fin de semana por una jueza federal de Oregón que impidieron temporalmente a la Casa Blanca enviar efectivos de la Guardia Nacional de California u otros estados hacia Portland. La magistrada Karin Immergut, nombrada por el propio Trump, argumentó entonces que el Gobierno federal no puede utilizar pretextos de “manifestaciones violentas” para intervenir militarmente en jurisdicciones locales sin su consentimiento.
Ciudades en la mira de la Casa Blanca
Portland y Chicago forman parte de un grupo de urbes gobernadas por demócratas que han sido objetivo de la estrategia de Trump, consistente en enviar o amenazar con el envío de tropas federales para manejar protestas y disturbios. Según el presidente, el despliegue tiene como propósito proteger personal e instalaciones federales, así como restablecer el orden ante manifestaciones que, en su criterio, derivan en violencia.
No obstante, autoridades estatales y locales sostienen que se trata de un acto político destinado a confrontar con gobiernos opositores. En el caso de Chicago, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y la alcaldesa de la ciudad, además de criticar la medida, advirtieron que su implementación solo “profundizaría la desconfianza entre la comunidad y las fuerzas del orden” y generaría un clima de mayor agitación social.
Consecuencias económicas y sociales señaladas
La demanda de Illinois argumenta que la presencia de tropas federalizadas podría dañar el tejido social de la ciudad, alterar la dinámica comunitaria y ahuyentar la actividad económica. “El despliegue de la Guardia Nacional federalizada, incluso de tropas provenientes de otro estado, infringe la soberanía y el derecho al autogobierno de Illinois. Solo causará más disturbios, afectando las relaciones comunitarias y aumentando la desconfianza hacia la policía”, señala el escrito.
Además, el documento advierte que un despliegue de este tipo podría tener un impacto negativo en sectores clave como el comercio y el turismo, reduciendo ingresos fiscales y afectando a miles de familias que dependen de estas actividades.
Objetivo de la acción legal
El estado y la ciudad de Chicago solicitan a un juez que declare “inconstitucional y/o ilegal” la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos, así como de efectivos de cualquier Guardia Nacional estatal o de tropas del Ejército en Illinois sin el consentimiento expreso de las autoridades locales.
La intención es obtener una orden que no solo bloquee la medida actual, sino que también establezca límites para impedir que futuras administraciones utilicen esta herramienta como respuesta a discrepancias políticas con gobiernos estatales o municipales.
Un conflicto en escalada
Este enfrentamiento legal se suma a una serie de tensiones entre la Casa Blanca y gobiernos estatales demócratas durante el último año, especialmente en torno a la aplicación de políticas migratorias y el manejo de las protestas sociales. Para Illinois, el caso representa un desafío jurídico de alto perfil que podría sentar precedentes sobre el alcance del poder federal frente a la autonomía de los estados.
Por ahora, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre la demanda, mientras que tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Seguridad Nacional se han mantenido en silencio ante las solicitudes de la prensa. Entretanto, organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional observan con atención el proceso, que podría redefinir el equilibrio entre la autoridad federal y los derechos de los estados en situaciones de seguridad interna.
