El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un empleado del Concejo Municipal de Nueva York durante una cita migratoria de rutina. La detención de Rafael Andrés Rubio Bohórquez, un analista de datos venezolano de 53 años, generó indignación inmediata entre líderes locales.
El incidente ocurrió el lunes en un centro de inmigración en Bethpage, condado de Nassau, en Long Island. Autoridades municipales afirman que Rubio Bohórquez acudió puntualmente a su cita y que no existía orden previa de arresto.
Sin embargo, agentes federales lo detuvieron en el lugar y lo trasladaron a un centro de custodia en Manhattan. El empleado utilizó su única llamada telefónica para contactar al departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento.
Indignación en el Ayuntamiento
Además, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, denunció el caso como una “extralimitación flagrante”. “Era un empleado que hacía todo correctamente y se presentó a su cita judicial”, afirmó la funcionaria.
Menin aseguró que Rubio Bohórquez contaba con una visa de trabajo válida hasta octubre. Autoridades locales refutan las acusaciones federales de que permanecía ilegalmente en el país. “Esto socava la confianza de los inmigrantes en las instituciones”, añadió.
Por lo tanto, varios concejales convocaron una manifestación frente a la oficina de ICE en el Bajo Manhattan. La protesta, programada para el mediodía de este martes, exige la liberación inmediata del detenido.
Reacción del alcalde Mamdani
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su furia ante el arresto. “Esto atenta contra nuestra democracia, nuestra ciudad y nuestros valores”, declaró el jefe municipal.
Mamdani exigió la liberación inmediata de Rubio Bohórquez. Otros funcionarios municipales se unieron al reclamo y calificaron la acción federal como un obstáculo para la cooperación entre inmigrantes y el gobierno local.
Pese a los esfuerzos del Ayuntamiento, aún no han establecido contacto con los familiares del detenido. El empleado permanece bajo custodia federal en un centro de Manhattan.
Versión del Departamento de Seguridad Nacional
En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la detención de Rubio Bohórquez. La agencia lo describe como un “inmigrante ilegal delincuente” sin autorización para permanecer ni trabajar en Estados Unidos.
Según el DHS, el venezolano ingresó en 2017 con una visa de turista B-2, válida hasta octubre de ese año. Las autoridades federales afirman que se quedó más tiempo del permitido y carecía de permiso laboral.
Además, el DHS sostiene que ICE actuó conforme a la ley al arrestarlo durante la cita migratoria. La dependencia federal enfatiza su compromiso con la aplicación estricta de las normas de inmigración.
Tensiones entre autoridades locales y federales
Por otro lado, funcionarios neoyorquinos cuestionan la narrativa federal. Menin reiteró que el empleado cumplía con todos los requisitos migratorios durante su tiempo en el puesto.
La presidenta del Concejo Municipal acusó al DHS de actuar de manera arbitraria. “Detener a alguien que acude voluntariamente a una cita es una táctica intimidatoria”, sostuvo.
En consecuencia, la manifestación de este mediodía podría escalar las tensiones entre la ciudad y el Gobierno federal. Grupos de empleados municipales y simpatizantes ya se preparan para exigir justicia.
Contexto de la política migratoria
Nueva York ha sido escenario de múltiples enfrentamientos por la aplicación de leyes migratorias. La ciudad mantiene políticas de “santuario” que limitan la colaboración con ICE en casos no criminales.
Sin embargo, la administración Trump ha intensificado los operativos en todo el país. El arresto de Rubio Bohórquez se suma a otros casos que han generado críticas por su impacto en trabajadores esenciales.
Además, el incidente ocurre en medio de protestas nacionales contra acciones del ICE. Autoridades locales temen que esta detención disuada a otros inmigrantes de cooperar con trámites federales.
Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa presionando por el acceso al detenido. La situación pone de relieve el choque entre prioridades migratorias federales y la protección de residentes en ciudades santuario.









