La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha propuesto una ambiciosa y controvertida iniciativa para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adquiera y opere su propia flota de aviones de deportación, según informó NBC News. Este plan, que busca respaldar la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump, pretende duplicar las deportaciones mensuales, pero ha generado críticas por su alto costo y posibles implicaciones éticas. Con un presupuesto ampliado por la administración Trump, Noem ve en esta flota una herramienta clave para cumplir la meta de deportar un millón de inmigrantes indocumentados al año.
A continuación, se exploran los detalles de esta propuesta, sus costos estimados y las reacciones que ha desatado en el contexto de la intensificación de las políticas migratorias.
Un plan para acelerar deportaciones
Actualmente, ICE depende de aviones chárter para llevar a cabo deportaciones, utilizando entre 8 y 14 aviones que transportan aproximadamente 15,000 personas al mes, según Jason Houser, exjefe de gabinete de ICE entre 2022 y 2023. Noem, sin embargo, propone que la agencia adquiera unos 30 aviones propios para alcanzar entre 30,000 y 35,000 deportaciones mensuales, según estimaciones de Houser. Esta meta responde al objetivo de Trump de deportar un millón de personas anualmente, un pilar central de su campaña electoral.
Por ejemplo, en los primeros seis meses de la administración Trump, ICE deportó entre 100,000 y 150,000 personas, incluyendo salidas voluntarias, según datos internos. Tener una flota propia eliminaría las limitaciones impuestas por las compañías chárter, permitiendo a ICE operar con mayor autonomía. Sin embargo, el costo de esta iniciativa podría ser astronómico, con estimaciones que oscilan entre 2,400 y 12,000 millones de dólares para adquirir 30 aviones comerciales, según expertos de la Pilot Institute.
Costos elevados y nuevos desafíos
El precio de un avión comercial varía entre 80 y 400 millones de dólares, lo que hace que la compra de una flota sea una inversión multimillonaria. Además, ICE tendría que asumir los costos de mantenimiento, cumplimiento de regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la contratación de pilotos, personal médico y de seguridad. Actualmente, cada vuelo chárter cuesta alrededor de 25,000 dólares por hora, cubriendo avión, tripulación y personal de apoyo, según un exfuncionario de ICE. Con aviones propios, estos costos operativos podrían aumentar significativamente.
Por su parte, el plan cuenta con el respaldo de los 30,000 millones de dólares destinados a ICE para deportaciones en el marco de la ley de gasto de Trump, conocida como “Big Beautiful Bill”, que elevó el presupuesto anual de la agencia de 9,500 millones a más de 75,000 millones. Noem argumenta que esta inversión es necesaria para evitar el hacinamiento en los centros de detención, que actualmente albergan a casi 49,000 personas, según el Transactional Records Access Clearinghouse.
Críticas y preocupaciones éticas
Pese a todo, la propuesta ha generado fuertes críticas. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advierten que una flota propia podría facilitar detenciones masivas, aumentando el riesgo de errores, como la deportación de residentes legales o ciudadanos estadounidenses. En Illinois, por ejemplo, Noem defendió tácticas controvertidas de ICE, como el uso de agentes enmascarados, tras un aumento del 1,000% en agresiones contra ellos, según sus declaraciones en agosto. Sin embargo, activistas denuncian que estas operaciones, a menudo sin identificación clara, generan temor en comunidades migrantes.
En consecuencia, la iniciativa de Noem ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos. Mientras la secretaria destaca la deportación de criminales violentos, datos de CBS News indican que el 71.7% de los detenidos por ICE no tienen antecedentes penales, y muchos son arrestados por infracciones menores, como violaciones de tráfico. En Nashville, residentes protestaron contra la presencia de Noem, exigiendo un enfoque más humano a la inmigración.
Un futuro incierto para la propuesta
La viabilidad del plan de Noem depende de la aprobación del Congreso y de negociaciones internas en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que aún no ha confirmado oficialmente la propuesta. Mientras tanto, la administración Trump continúa impulsando medidas como la reapertura de la oficina Victims of Immigration Crime Engagement (VOICE) y la eliminación de programas de parole humanitario, según comunicados del DHS. Estas políticas, combinadas con la posible flota de aviones, refuerzan el compromiso de Trump con la deportación masiva, pero también intensifican las críticas de quienes ven en estas medidas una estrategia divisiva.
