El cierre del Gobierno federal a partir del martes a la medianoche genera incertidumbre sobre la continuidad de las audiencias en los tribunales de inmigración y afecta diversos servicios estatales. En ciudades como Nueva York, Atlanta y Virginia, se reportaron situaciones contradictorias sobre la realización de estas audiencias durante el cierre.
Incertidumbre en tribunales migratorios
Durante el último cierre prolongado en 2018-2019, también bajo la presidencia de Donald Trump, se suspendieron las audiencias para inmigrantes no detenidos por considerarse personal no esencial. En esta ocasión, el contexto es distinto debido a la política migratoria más agresiva del gobierno actual, que busca profundizar esos controles.
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), que depende del Departamento de Justicia, enfrenta limitaciones ante la falta de financiamiento debido a que el Congreso no ha aprobado las leyes de gasto estatal.
En ciudades como Nueva York y Atlanta, la mañana del miércoles se observó desinformación y filas en los tribunales de inmigración. Algunos jueces consideraron esencial su labor y siguieron con audiencias, mientras otros suspendieron casos, especialmente de inmigrantes no detenidos.
Funcionamiento desigual según jurisdicción
En el tribunal de inmigración en Atlanta, se confirmó que no hubo audiencias para casos no detenidos, mientras que en Nueva York, un juez definió que su rol era esencial y mantuvo su actividad. Sin embargo, un tribunal cercano a Broadway negaba la entrada a observadores y limitaba el acceso durante el cierre.
En Virginia, las audiencias se aplazaron y no hubo instrucciones claras para continuar los procesos, lo que generó confusión entre abogados, migrantes y funcionarios.
Plazos y consecuencias
El cierre se extenderá al menos hasta el viernes, ya que el Congreso entró en receso hasta esa fecha. No obstante, la posibilidad de que se prorrogue permanece, lo que obligaría a posponer decenas de miles de casos migratorios.
El American Immigration Council alerta que durante el cierre de 2019 se suspendieron más de 80,000 casos, mientras que ahora hay más de 3.4 millones de expedientes pendientes, por lo que el impacto sería mucho mayor.
Casos de personas detenidas
Se estima que las audiencias para inmigrantes detenidos podrían continuar normalmente, pues su tramitación es considerada prioritaria. El gobierno también podría declarar esenciales a los tribunales de inmigración para casos de personas no detenidas, pero la situación aún es incierta.
Impacto general del cierre federal
Este cierre afecta no solo las audiencias migratorias, sino múltiples servicios estatales y federales. Las demoras en los procesos judiciales y administrativos profundizan el retraso en la resolución de casos que afecta a miles de personas que esperan una decisión sobre su estatus migratorio.
En suma, la paralización en los tribunales y la falta de claridad agudizan la incertidumbre de migrantes y abogados, y complican el manejo de un sistema judicial ya saturado. El desarrollo de la negociación política en el Congreso será crucial para determinar si se normalizan estos procesos pronto y evitar un mayor impacto social.
