El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó una demanda contra el estado de California, acusándolo de promover políticas de inmigración que, según él, “ponen en riesgo la seguridad de los estadounidenses”. La acción legal surge tras un accidente ocurrido en agosto en el que un inmigrante de la India, con licencia comercial emitida por California, provocó la muerte de tres personas en una autopista de Florida.
Uthmeier argumenta que las políticas “santuario” de California al permitir licencias de conducir a inmigrantes indocumentados “han causado una carnicería” y busca responsabilizar al estado por sus decisiones. El fiscal adelantó que espera que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
El accidente que detonó la controversia
El 12 de agosto, Harjinder Singh, un inmigrante indio que portaba una licencia comercial californiana, realizaba un giro en U prohibido en la autopista Florida Turnpike. Su tráiler impactó una minivan, provocando la muerte de tres ocupantes. El caso rápidamente generó debate nacional al conocerse que Singh contaba con una licencia emitida por California pese a no ser ciudadano estadounidense.
Sin embargo, autoridades californianas explicaron que Singh tenía un permiso de trabajo válido otorgado por el Gobierno federal, justificando así la expedición de su licencia comercial. “Cumplimos con los lineamientos federales al otorgar permisos de conducción a quienes tienen autorización de empleo en el país”, indicó un funcionario del Departamento de Vehículos Motorizados de California.
Florida, por el contrario, sostiene que el estado dorado actúa con negligencia al permitir que personas sin estatus de residencia permanente conduzcan vehículos de gran tonelaje por las carreteras del país.
Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre estados
El conflicto agrava la ya tensa relación política entre Florida y California. Uthmeier aseguró que las autoridades californianas “son plenamente conscientes del peligro que representan sus políticas migratorias” y las responsabilizó por las muertes. “Al otorgar licencias a individuos que no dominan el inglés ni cumplen los estándares de seguridad, están poniendo a familias en riesgo en todo Estados Unidos”, afirmó en una entrevista televisiva.
En los últimos años, California ha mantenido su estatus como estado santuario, otorgando ciertos derechos administrativos a residentes sin estatus migratorio. Desde 2015, más de un millón de personas indocumentadas han recibido licencias de conducir bajo esta política. Para el gobierno californiano, la medida promueve la seguridad vial y permite identificar de manera formal a todos los conductores, sin importar su estatus legal.
No obstante, para Florida y otros estados liderados por gobernadores republicanos, dichas acciones “socavan” las leyes federales de inmigración y colocan a los ciudadanos estadounidenses en riesgo.
La reacción de Washington y las nuevas medidas
El caso también ha tenido repercusiones a nivel federal. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 21 de agosto la suspensión de la emisión de visas para extranjeros interesados en trabajar como conductores de camiones comerciales, argumentando que la medida busca “proteger la vida de los ciudadanos y el empleo de los transportistas estadounidenses”.
Además, en línea con una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en abril, el Departamento de Transporte de Estados Unidos comenzó a exigir desde junio una evaluación de dominio del idioma inglés para todos los aspirantes a licencias de carga comercial. Según la administración, esta norma busca garantizar la seguridad en las carreteras y reducir los accidentes vinculados a errores de comunicación o comprensión durante la conducción.
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El papel de los inmigrantes en el transporte
Los datos reflejan la magnitud del tema. La Asociación Nacional de Operadores de Paradas de Camiones (NATSO) estima que cerca del 18% de los conductores de camiones comerciales en Estados Unidos son inmigrantes, es decir, alrededor de 720.000 personas.
Muchos de ellos desempeñan trabajos esenciales para la economía nacional, pero recientes disputas políticas han cambiado la percepción pública sobre su papel en el sector. Mientras California promueve la inclusión laboral de migrantes calificados, estados como Florida buscan endurecer los requisitos de permanencia y limitar el acceso a licencias y documentos oficiales.
Por lo tanto, la demanda presentada por Florida podría escalar en los tribunales y reabrir el debate sobre la autoridad de los estados en materia migratoria, frente a las competencias del Gobierno federal. De prosperar, el caso podría sentar un precedente importante en el equilibrio de poder entre las jurisdicciones estatales y las políticas nacionales de inmigración.
