Estados Unidos y Belice firmaron un nuevo acuerdo migratorio que permitirá a Washington deportar a solicitantes de asilo y migrantes irregulares hacia el país centroamericano. Según el Departamento de Estado, se trata de un pacto de “tercer país seguro”, similar a los suscritos anteriormente con otras naciones, y busca reforzar las medidas para frenar la migración hacia el norte.
El anuncio llega en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, con énfasis en reducir los cruces irregulares en la frontera sur y limitar las solicitudes de asilo presentadas en territorio estadounidense.
Un acuerdo enmarcado en la política de “tercer país seguro”
Aunque los detalles del convenio no se han hecho públicos, el acuerdo señala que los migrantes que lleguen a Estados Unidos podrían ser enviados a Belice para solicitar asilo. De esta manera, Belice se uniría a la lista de naciones latinoamericanas que cooperan con Washington para gestionar la migración regional.
Durante su primer mandato, el presidente Trump promovió acuerdos similares con Guatemala, El Salvador y Honduras. Aquellas medidas fueron ampliamente criticadas por organizaciones internacionales por violar el principio de no devolución y exponer a los solicitantes de asilo a condiciones precarias y de inseguridad.
La actual administración republicana retomó esa línea diplomática. En agosto, también firmó un acuerdo comparable con Paraguay, mientras que Panamá y Costa Rica aceptaron este año vuelos con migrantes deportados de Asia y África, aunque sin reconocer formalmente ser “terceros países seguros”.
Reacciones oficiales y postura de Belice
El primer ministro de Belice, John Briceño, confirmó la firma del acuerdo y sostuvo que su país “mantiene un veto absoluto sobre las transferencias”, estableciendo límites de nacionalidad, número de personas aceptadas y rigurosos controles de seguridad.
“El gobierno beliceño sigue comprometido con los principios humanitarios y el respeto al derecho internacional, pero protegerá la seguridad y bienestar de su población”, indicó un comunicado oficial. Agregó que no se permitirá el ingreso de ninguna persona que represente una amenaza para la seguridad pública.
Belice, con una población de apenas 400 000 habitantes, enfrenta desafíos económicos y de infraestructura, por lo que algunos funcionarios han expresado preocupación por el impacto que podría generar acoger a cientos de migrantes devueltos desde Estados Unidos.
Apoyo del Gobierno estadounidense
El Departamento de Estado calificó el acuerdo como un hito clave para frenar la inmigración ilegal y reforzar el control del sistema de asilo.
“El acuerdo con Belice refuerza nuestro compromiso compartido de enfrentar juntos los desafíos migratorios del continente”, señaló el comunicado difundido por la dependencia. Funcionarios estadounidenses afirmaron que acuerdos como este buscan crear “rutas seguras, ordenadas y humanitarias”, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan esa descripción.
Críticas dentro de Belice
El anuncio generó una fuerte reacción política en Belice. La legisladora de oposición Tracy Taegar Panton calificó el tratado como una “decisión de profundas consecuencias nacionales” que fue comunicada con poca transparencia.
Panton advirtió que el acuerdo podría “reconfigurar los sistemas de inmigración y asilo del país e imponer nuevas cargas financieras a los contribuyentes beliceños”. Además, insistió en que la medida amenaza la soberanía nacional al permitir que Estados Unidos traslade sus responsabilidades humanitarias a un país con recursos limitados.
“Belice es una nación compasiva y respetuosa de la ley. Pero la compasión nunca debe confundirse con la sumisión. No podemos convertirnos en el vertedero de personas que otros países se niegan a aceptar”, escribió la parlamentaria en redes sociales.
El tratado aún debe ser ratificado por el Senado de Belice antes de entrar en vigor. Legisladores solicitarán revisar el acuerdo y evaluar su posible impacto financiero en los municipios locales antes de aprobarlo.
Contexto regional y preocupación humanitaria
El acuerdo con Belice se suma a una serie de estrategias migratorias aplicadas por la administración Trump que buscan trasladar la gestión de la migración irregular a países terceros. Analistas señalan que este enfoque pretende reducir la carga sobre el sistema de asilo estadounidense y prevenir nuevas olas migratorias, especialmente desde América Central.
Sin embargo, expertos en derechos humanos advierten que esta política podría poner en riesgo la vida de personas que huyen de la violencia o la persecución en sus países de origen. Naciones Unidas ha instado a los gobiernos a garantizar que estos acuerdos aseguren condiciones dignas, protección efectiva y acceso real a procesos de asilo.
