Florida intensifica su papel en la política migratoria del presidente Donald Trump con la apertura de un segundo centro de detención para inmigrantes, apodado “Deportation Depot”, en el norte del estado. Anunciado el 14 de agosto de 2025 por el gobernador Ron DeSantis, este nuevo complejo en la Institución Correccional Baker se suma al polémico “Alligator Alcatraz”, inaugurado en julio en los Everglades. Con capacidad inicial para 1,300 detenidos, el proyecto busca agilizar deportaciones, pero enfrenta críticas por sus implicaciones ambientales y de derechos humanos.
Un nuevo centro en una prisión cerrada
Ubicado a unos 43 millas al oeste de Jacksonville, cerca del Bosque Nacional Osceola, el Deportation Depot ocupará la Institución Correccional Baker, una prisión estatal cerrada desde 2021 por falta de personal, según el Miami Herald. DeSantis destacó la conveniencia de reutilizar esta infraestructura, estimando un costo de $6 millones para su adecuación, frente a los $450 millones anuales del centro en los Everglades. “Es una instalación lista para usar, nos permite actuar rápido y a bajo costo”, afirmó en una conferencia de prensa. La proximidad al Aeropuerto de Lake City Gateway, a 13 millas, facilitará los vuelos de deportación, según CBS News.
Por lo tanto, el cronograma es ambicioso. Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, estimó que el centro estará operativo en dos a tres semanas, aunque advirtió sobre posibles desafíos estructurales en un edificio inactivo durante años. Entre las renovaciones necesarias está la instalación de aire acondicionado, no requerido en las prisiones estatales, pero esencial para cumplir con los estándares de detención migratoria, según PBS News.
Apoyo a la agenda de Trump
La apertura responde a la necesidad de mayor capacidad para detenciones migratorias, según DeSantis, quien señaló que Florida alberga entre 50,000 y 100,000 inmigrantes con órdenes finales de deportación. “Estamos superando la capacidad del gobierno federal para procesar y deportar”, afirmó, destacando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reembolsará los costos a través de un acuerdo que podría alcanzar los $605 millones, según USA Today. La secretaria del DHS, Kristi Noem, elogió el modelo de Florida como ejemplo para otros estados republicanos, según WLRN.
En consecuencia, el Deportation Depot se integrará al programa 287(g), que permite a agencias estatales y locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este programa, con casi 800 acuerdos en 40 estados, ha sido clave en la expansión de detenciones bajo la administración Trump, que destinó $45 mil millones para centros migratorios en la Ley OBBBA, según The Independent. Indiana también planea un centro similar, el “Speedway Slammer”, con capacidad para 1,000 detenidos, mientras se evalúa el uso de la prisión de Angola en Luisiana, según The Wall Street Journal.
Críticas y desafíos legales
Sin embargo, el proyecto enfrenta oposición. Las condiciones en Alligator Alcatraz, donde se reportan inundaciones, hacinamiento y falta de acceso a abogados, han generado dos demandas federales. Abogados de derechos civiles exigen que el juez Rodolfo Ruiz garantice acceso legal confidencial, mientras ambientalistas y la Tribu Miccosukee buscan una orden judicial para detener operaciones por daños a los humedales del Everglades, según AP. Un juez federal ordenó pausar la construcción en el sitio hasta el 21 de agosto, aunque las detenciones continúan.
Pese a todo, DeSantis defiende la iniciativa. “Esto es una prioridad para Florida y para el país”, afirmó, destacando que 1,000 personas están detenidas en Alligator Alcatraz, con capacidad para 2,000, y que los vuelos de deportación ya comenzaron. Sin embargo, críticos como Friends of the Everglades advierten que el Deportation Depot podría replicar los problemas de su predecesor, incluyendo el uso de la Guardia Nacional de Florida para operar el centro debido a la escasez de personal, según Fox 35 Orlando.
Un debate en curso
La apertura del Deportation Depot coincide con un aumento en las detenciones migratorias, con 3,500 arrestos reportados en Florida desde julio, según el DHS. Mientras, el programa de “Salida Voluntaria” de Florida, que ofrece vuelos comerciales a migrantes para evitar la detención, ha sido criticado por falta de transparencia sobre su financiamiento, según USA Today. La ACLU y otros grupos de derechos humanos han pedido al Congreso revisar estas políticas, argumentando que violan el debido proceso y perpetúan un sistema de detención inhumano.
