Una coalición de grupos de derechos civiles presentó una demanda federal. Demandaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por abusos y deportaciones injustas. Esto afecta a inmigrantes que han sobrevivido a violencia doméstica, trata de personas y delitos graves. La política, que comenzó a principios de 2025, habría eliminado protecciones importantes. Estas protecciones impedían la detención de víctimas. Esto incluye a quienes tienen visas U, T y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
Demanda colectiva en defensa de víctimas inmigrantes
La querella, titulada Immigration Center for Women and Children v. Noem, fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL), Public Counsel, La Raza Centro Legal (LRCL) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
Los abogados dicen que la política de ICE “viola las protecciones legales del Congreso”. También promueve una agenda “deshumanizante e ilegal” contra inmigrantes. Estos inmigrantes han colaborado con las autoridades en casos de violencia o explotación. Sergio Pérez, director del CHRCL, acusó al gobierno de Donald Trump de llevar a cabo una “campaña de deportación xenófoba y racista”. Esta campaña deja sin protección a personas que confiaron en el sistema judicial de Estados Unidos.
Las leyes que deberían protegerlas
Desde 1994, la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) ayuda a las víctimas de agresiones. Esta ley les permite obtener estabilidad migratoria. Así, no tienen que depender de su agresor. Esta norma ha sido reautorizada en múltiples ocasiones y garantiza acceso a vivienda, refugio y posibilidad de regularizar su estatus mediante las visas U o T.
Por su parte, la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPA), aprobada en 2000, crea un marco para prevenir la explotación y sancionar a traficantes. Ambos programas son complementarios y permiten que inmigrantes sin estatus puedan permanecer en el país tras colaborar con autoridades en la investigación de delitos.
Cada año, el gobierno emite hasta 10,000 visas U para víctimas de crímenes violentos y 5,000 visas T para casos de trata. Sin embargo, los grupos demandantes señalan que ICE ha detenido o deportado incluso a quienes ya tenían solicitudes aprobadas o permisos vigentes.
Dos prácticas ilegales bajo la nueva política
La demanda destaca dos prácticas principales consideradas ilegales: primero, la detención y deportación de inmigrantes con visas de protección activas; y segundo, la expulsión de solicitantes sin revisar si califican para las protecciones que la ley establece.
Casos como el de Yessenia Ruano, una sobreviviente salvadoreña de trata de personas, reflejan el impacto de estas medidas. Su abogada, Erika Cervantes, explicó que Yessenia solicitó una visa T cumpliendo con los requisitos, pero agentes de ICE la intimidaron con amenazas de separación familiar y deportación inmediata. Finalmente, Ruano fue obligada a abandonar el país junto a sus hijos nacidos en Estados Unidos.
“Estaba angustiada, porque no podía soportar que me separaran de mis hijas ni enfrentar la cárcel por algo que no hice”, dijo la víctima a través de una declaración leída en conferencia de prensa.
Testimonios de mujeres afectadas
Otro caso emblemático es el de Kenia Jackie Merlos, hondureña residente en Portland, Oregón, madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses. Tras denunciar un asalto con arma de fuego y recibir una visa U, fue detenida en 2024 por agentes migratorios durante una visita familiar al parque. “Nunca imaginé que, habiendo hecho todo correctamente, ICE me arrestaría frente a mis hijos”, relató Merlos, quien estuvo varios meses recluida en un centro de detención en Tacoma, Washington.
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Los abogados sostienen que cientos de inmigrantes en situación similar enfrentan amenazas y confinamientos injustificados, lo que provoca un efecto de miedo generalizado. “Ahora, por las acciones ilegales de este gobierno, los inmigrantes no reportan delitos como violación o violencia doméstica. Tienen miedo de ser entregados a la deportación”, dijo Rebecca Brown, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel.
Reacción de organizaciones comunitarias
Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, afirmó que esta política “rompe con décadas de avances en derechos humanos” y contradice los principios del Congreso. “En flagrante violación de la decencia y del mandato legal, el Departamento de Seguridad Nacional detiene a víctimas de trata y violencia doméstica, negándoles incluso el derecho a trabajar para mantener a sus familias”, expresó.
Los grupos demandantes subrayan que el impacto de las nuevas normas va más allá del ámbito migratorio, pues genera desconfianza en el sistema judicial estadounidense. “Estas personas colaboraron con las autoridades creyendo que serían protegidas; ahora se les castiga por su valentía”, denunció Pérez.
El proceso judicial, presentado en California, busca una orden federal que bloquee las deportaciones de solicitantes de visas humanitarias y exija al ICE garantizar evaluaciones individualizadas antes de adoptar medidas de detención o expulsión.
La coalición dijo que no parará su lucha legal. Quieren que se restauren las reglas de protección para las víctimas sobrevivientes. Estas reglas han sido un pilar de la política migratoria humanitaria de Estados Unidos.
