El Gobierno de Texas se prepara para una nueva fase en su política migratoria. A partir del 1 de enero de 2026, comenzará a aplicarse la ley SB 8. Esta ley fue firmada por el gobernador Greg Abbott. Obliga a los condados más grandes del estado a trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La disposición refuerza el compromiso del estado con las leyes migratorias. También es un paso más en la estrategia de seguridad fronteriza de las autoridades republicanas.
La norma dice que todos los condados de Texas con más de 100,000 habitantes deben firmar acuerdos. Esto es para los condados que tienen cárceles propias o que son administradas por otros. Deben hacerlo bajo el programa federal 287(g) o usar mecanismos similares. Esta colaboración permitirá a agentes locales actuar en coordinación con el ICE en tareas de identificación, verificación y transferencia de personas detenidas por infracciones migratorias.
Cómo opera la nueva obligación de cooperación
El programa 287(g) fue creado por el Congreso de EE. UU. en 1996. Este programa permite que las fuerzas estatales y locales trabajen en temas de inmigración. Para hacerlo, deben recibir capacitación y supervisión de ICE. En la práctica, estos acuerdos convierten a los departamentos locales de policía o sheriff en aliados estratégicos del Gobierno federal.
La ley SB 8 ahora convierte esa colaboración previamente voluntaria en una obligación legal. Los sheriffs que administren centros penitenciarios deberán solicitar y formalizar un convenio con el ICE a más tardar el 1° de diciembre de 2026. Cada acuerdo definirá las responsabilidades y limitaciones de los agentes locales, así como su vigencia y renovación.
Si un condado no logra concretar el convenio en el plazo previsto, deberá renovar su solicitud cada año hasta lograr la aprobación federal. En caso de incumplimiento, la Oficina del Fiscal General de Texas podrá demandar al sheriff responsable ante los tribunales de distrito y solicitar sanciones judiciales.
Fondo estatal para apoyar la implementación
La ley contempla además un programa de subvenciones estatales destinado a cubrir los costos derivados de la colaboración entre los condados y el ICE. Estos fondos se pueden usar para capacitar al personal. También se pueden usar para mejorar los sistemas de registro. Pueden financiar gastos administrativos. Además, pueden cubrir la custodia de detenidos con las autoridades migratorias.
El acceso a los recursos dependerá de que cada sheriff haya firmado un acuerdo con el ICE antes de la fecha límite establecida por el Gobierno estatal. Las asignaciones variarán según la población del condado y el grado de participación en las labores de cooperación migratoria.
Al lanzar la iniciativa, el gobernador Abbott destacó que el objetivo principal es “reforzar la seguridad de los texanos” y “garantizar que las leyes migratorias se apliquen sin excepciones”. Según su administración, esta estrategia ayudará a identificar y deportar más rápido a personas detenidas. Esto es para aquellos que han cometido delitos graves o son reincidentes. Así se evita que sean liberadas por las “jurisdicciones santuario”.
Texas refuerza su rol dentro del marco 287(g)
En la actualidad, el programa 287(g) cuenta con más de mil acuerdos activos en 40 estados de EE.UU., con distintos niveles de alcance. Algunos son “de campo”, donde oficiales locales realizan detenciones y verificaciones directas; otros se denominan “de cárcel”, en los que agentes estatales evalúan el estatus migratorio de personas bajo custodia y facilitan su entrega al ICE.
Texas ha sido históricamente uno de los estados con mayor número de acuerdos operativos y la entrada en vigor de la SB 8 podría consolidar su liderazgo en esta cooperación. Los funcionarios que participen recibirán instrucción específica del ICE sobre procedimientos de arresto, entrevistas migratorias, manejo de bases de datos y gestión de documentos, para garantizar que las actuaciones se realicen bajo los mismos estándares que los oficiales federales.
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Este punto busca cumplir uno de los objetivos centrales de la ley: asegurar una aplicación uniforme de las normas federales en todo el territorio texano y reducir las discrepancias entre condados. Según el texto aprobado, “la coordinación efectiva entre autoridades locales y federales fortalece la integridad del sistema migratorio y promueve la seguridad pública”.
Debate y desafíos legales
No obstante, la SB 8 ha generado críticas entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, que consideran que la ley podría derivar en prácticas de perfil racial y en un aumento de las detenciones arbitrarias de personas de origen latino. Diversos grupos advierten que el mandato colocará mayor presión sobre los sheriffs locales, expuestos a demandas o sanciones si no cumplen con los convenios federales.
Expertos legales anticipan que la medida podría enfrentarse a desafíos judiciales similares a los de leyes anteriores impulsadas por Texas, como la SB 4 de 2017, que autorizó a los policías a interrogar a detenidos sobre su estatus migratorio. Sin embargo, el Gobierno estatal sostiene que esta nueva disposición está plenamente amparada por la legislación federal y busca únicamente reforzar la cooperación con ICE de manera formal.
Con su entrada en vigor en enero de 2026, la SB 8 consolidará el papel de Texas como un aliado clave del Gobierno federal en el control migratorio. A su vez, marcará un nuevo capítulo en la política estatal de seguridad, que prioriza la colaboración plena con las autoridades de inmigración y el cumplimiento estricto de las leyes federales.
