El condado de Hidalgo, en el sur de Texas, anunció que a partir de enero de 2026 comenzará a colaborar formalmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este paso significa que la Oficina del Sheriff retendrá a reclusos indocumentados para transferirlos a centros federales de detención, en cumplimiento con la polémica ley SB8 recientemente aprobada en el estado.
La decisión ha generado alarma en comunidades inmigrantes del Valle del Río Grande, que temen un aumento en las detenciones y deportaciones. Además, organizaciones civiles han advertido que este acuerdo podría abrir la puerta a abusos y a una mayor desconfianza hacia las autoridades locales.
¿Qué es el programa 287(g) y cómo funciona?
El acuerdo se ampara en la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga facultades federales a agencias policiales locales. En Hidalgo, se adoptó un modelo de oficiales de servicio. Esto permitirá a los agentes del sheriff ejecutar órdenes de detención civiles para ICE.
En la práctica, esto implica que incluso personas con cargos menores o que hayan pagado fianza podrán seguir bajo custodia si se determina que carecen de estatus migratorio legal. Según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, este tipo de medidas aumenta el riesgo de detenciones prolongadas y de procesos de deportación acelerados.
El impacto de la ley SB8 en Texas
La ley SB8 fue aprobada por la Legislatura de Texas con fuerte apoyo republicano. Aunque algunos demócratas del Valle votaron inicialmente a favor, el texto final consolidó un marco legal que expande la colaboración con ICE en múltiples condados.
Expertos como Tony Payán, profesor del Baker Institute de la Universidad Rice, han dicho que esta norma “fuerza la colaboración entre estados y la federación. Esto amplía el alcance de ICE en comunidades que han sido vulnerables”. Según advierten especialistas, el cambio podría generar un clima de miedo entre familias inmigrantes, muchas de las cuales han vivido en la región por décadas.
Argumentos a favor de la medida
Por otro lado, defensores del programa aseguran que la colaboración reducirá la presión sobre las cárceles locales y permitirá un manejo más eficiente de los recursos. Además, señalan que al tener una relación directa con ICE se agilizarán los procesos para trasladar a detenidos con antecedentes criminales a instalaciones federales.
Las autoridades locales dicen que ICE pagará los costos de capacitación. Sin embargo, el condado debe cubrir los salarios de los agentes que participen en el acuerdo. Para compensar este gasto, la SB8 contempla subsidios de hasta 120.000 dólares anuales dependiendo del tamaño de la población de cada jurisdicción.
Temor en la comunidad inmigrante
En barrios del condado de Hidalgo, donde la mayoría de los residentes son de origen latino, la noticia fue recibida con preocupación. Líderes comunitarios señalaron que esta alianza profundizará la desconfianza hacia la policía, lo que podría desincentivar la denuncia de delitos por parte de inmigrantes indocumentados.
Además, los activistas señalaron que en otros condados de Texas donde se aplica el 287(g), han detenido a personas. Estas personas fueron arrestadas por infracciones menores de tránsito y terminaron en procesos de deportación. “La gente tendrá miedo incluso de salir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela”, comentó una organizadora local.
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Un debate que apenas comienza
El anuncio del sheriff de Hidalgo ocurre mientras otros condados de Texas evalúan sumarse al mismo programa. Aunque el gobierno estatal dice que la medida busca mejorar la seguridad, los críticos creen que es una estrategia política. Ellos piensan que esta medida endurece aún más la política migratoria en la frontera.
Como resultado, la implementación del 287(g) en Hidalgo es un nuevo capítulo en la lucha por la inmigración en Texas. Esta discusión afecta a miles de familias que han vivido en el estado durante décadas.
