El Congreso de Estados Unidos abrió una investigación sobre las redadas migratorias ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras denuncias de posibles abusos y detenciones de ciudadanos estadounidenses por error.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y legisladores demócratas confirmaron que esta revisión busca esclarecer cómo se realizaron los operativos y si se violaron derechos civiles. La noticia ha generado una fuerte reacción política y social, especialmente en California, donde se denunciaron detenciones injustificadas.
Demócratas exigen transparencia al DHS
El congresista por California Robert García, líder demócrata del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, denunció públicamente que “hombres enmascarados están sacando a rastras de las calles a ciudadanos estadounidenses y metiéndolos en celdas de detención, sin acceso a un abogado ni siquiera a una llamada telefónica”.
García señaló que los reportes de abusos son demasiado numerosos como para ignorarlos, y anunció que la Cámara de Representantes iniciará una investigación completa sobre los operativos migratorios. Además, precisó que el objetivo es determinar si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumplió con los protocolos legales y de derechos humanos durante las redadas.
A la misma postura se sumó el senador Richard Blumenthal, miembro de alto rango del Comité de Investigaciones del Subcomité Permanente del Senado. El legislador envió una carta a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para exigir todos los registros relacionados con los arrestos de ciudadanos estadounidenses y con las directrices internas sobre procedimientos migratorios.
Preocupación por detenciones injustas
Según los demócratas, múltiples informes apuntan a que ciudadanos nacidos en Estados Unidos fueron detenidos de manera prolongada sin acceso a asistencia legal ni comunicación con familiares. Además, algunas denuncias describen trato violento y uso de dispositivos eléctricos durante los operativos.
Estos señalamientos han reavivado el debate sobre la ejecución de las políticas migratorias federales y su impacto en comunidades latinas. En palabras de Bass, “la ofensiva migratoria no es solo un ataque contra los habitantes de Los Ángeles, sino contra todas las personas en este país”.
Datos que encienden las alarmas
La semana pasada, el medio especializado ProPublica reveló que al menos 170 ciudadanos estadounidenses han sido arrestados en las redadas desde el inicio del operativo nacional. El conteo fue realizado de forma independiente, ante la falta de datos transparentes del DHS sobre el número total de detenciones.
Este informe ha servido como punto de partida para las nuevas exigencias del Congreso. Los legisladores piden claridad respecto a cómo los agentes determinan la nacionalidad de los detenidos, así como sobre los mecanismos de verificación y revisión interna.
Asimismo, se cuestiona por qué, pese a las reiteradas alertas de organizaciones civiles, el número de arrestos erróneos sigue aumentando. En consecuencia, la presión política sobre el Departamento de Seguridad Nacional ha crecido en las últimas semanas.
Los Ángeles refuerza medidas locales
El Concejo de Los Ángeles apoyó a Bass para reforzar la ordenanza que impide usar recursos locales en la aplicación de leyes migratorias federales.
La ciudad trabaja en nuevos protocolos de capacitación para el personal policial, con el fin de evitar colaboraciones indebidas con agencias migratorias federales. Este esfuerzo busca garantizar que ningún recurso municipal sea utilizado para arrestar o detener a residentes por razones de estatus migratorio.
Además, la administración local ha habilitado líneas de asistencia jurídica para las víctimas de detenciones arbitrarias. El Ayuntamiento busca proteger a ciudadanos y residentes de operativos migratorios presuntamente realizados sin adecuada supervisión judicial.
Una investigación con repercusión nacional
Pese a todo, la investigación congresional podría tener repercusiones más allá de California. De comprobarse irregularidades, los legisladores podrían impulsar reformas para limitar el alcance de las redadas federales y establecer medidas de supervisión más estrictas.
