La presión sobre los beneficiarios de DACA en Estados Unidos está creciendo. Casos recientes en Florida, Texas y Georgia han generado preocupación sobre las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluyen interrogatorios, detenciones y amenazas de deportación a jóvenes amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
Solo la semana pasada, un Dreamer mexicano fue liberado de un centro de detención de ICE en Florida, apodado “Alligator Alcatraz”, horas antes del inicio de vuelos de deportación desde ese lugar. Sin embargo, fue trasladado a una prisión estatal, en un contexto de creciente temor por el futuro de este programa.
DACA y el impacto económico de sus beneficiarios
El panorama se vuelve más incierto con los planes del presidente Donald Trump de eliminar protecciones temporales como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Muchos defensores temen que se aplique una estrategia similar contra DACA, pese a que diversos estudios destacan su impacto positivo en la economía y la sociedad estadounidense.
Vista de una manifestación en apoyo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en una fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds
Un reciente informe del Centro de Política de Inmigración de la Universidad de California en San Diego reveló que el 94.9% de los beneficiarios de DACA está actualmente empleado o cursando estudios. Su salario promedio ha pasado de $11.88 a $33.55 por hora desde que accedieron al programa, con un ingreso anual promedio de $66,353, por encima de la media nacional de $65,470, según el Buró de Estadísticas Laborales.
Además, el 7.9% ha iniciado negocios propios, contribuyendo al dinamismo económico local. Más del 83% logró independencia financiera gracias al aumento de sus ingresos, y un 82.7% apoya económicamente a sus familias. Tras obtener el beneficio, el 26.3% compró su primera casa y el 72.5% adquirió su primer automóvil.
“El reporte deja claro que los beneficiarios de DACA están profundamente integrados en el tejido social y económico del país”, afirmó Tom K. Wong, investigador principal del estudio, desarrollado junto a organizaciones como United We Dream y el Centro para el Progreso Americano (CAP).
El futuro incierto de DACA en manos de tribunales
Desde su creación en 2012 por la administración de Barack Obama, el programa ha enfrentado múltiples desafíos legales. Aunque la Corte Suprema bloqueó el intento de Trump de finalizar DACA, la decisión dejó el fondo del caso en manos de cortes inferiores. Actualmente, el programa sigue en una situación jurídica inestable, especialmente tras fallos en Texas impulsados por el fiscal general del estado y respaldados por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.
Vista de una manifestación en apoyo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en una fotografía de archivo. EFE/Mike Nelson
Vista de una manifestación en apoyo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en una fotografía de archivo. EFE/Mike NelsonLa ambigüedad ha permitido que el gobierno federal continúe procesando solicitudes de renovación, pero no acepta nuevas. La falta de una resolución definitiva afecta a más de medio millón de jóvenes protegidos por el programa.
Mientras tanto, funcionarios del DHS lanzan declaraciones preocupantes. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento, dijo en una entrevista con NPR que los beneficiarios de DACA “no están automáticamente protegidos contra la deportación” e incluso los instó a “autodeportarse” y buscar la forma de regresar al país de manera legal.
Llamado al Congreso para proteger a los Dreamers
La incertidumbre y los recientes incidentes han motivado un renovado llamado al Congreso para que actúe y brinde una solución permanente a los Dreamers. Organizaciones como United We Dream y CAP advirtieron sobre el impacto devastador que tendría eliminar DACA.
“El fin de este programa tan exitoso tendría efectos en cadena, tanto económicos como sociales”, señaló Karen Fierro Ruiz, representante de United We Dream. “Perderíamos miles de millones en nuestras economías locales y nacionales, además de destruir millones de familias”.
Rosa Barrientos-Ferrer, analista de CAP, también subrayó la necesidad de acción inmediata. “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras una generación entera vive en un limbo perpetuo”, afirmó.
El informe anual concluye que más de 800,000 inmigrantes han sido beneficiados por DACA desde 2012. Hoy, aproximadamente 550,000 siguen protegidos por este alivio migratorio. No obstante, las políticas migratorias del presidente Trump, sumadas a las detenciones de Dreamers como Javier Díaz Santana —quien contaba con permiso de trabajo válido—, indican que el programa está bajo amenaza directa.
CAP advierte que, frente al debilitamiento de DACA, el Congreso tiene la responsabilidad de proporcionar vías claras a la ciudadanía para estos jóvenes. De lo contrario, se expone a una crisis social y económica sin precedentes, ya que estos inmigrantes han demostrado, con datos contundentes, ser una pieza esencial del desarrollo del país.
