El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor presidencial Stephen Miller fueron recibidos con abucheos y cánticos de “¡Liberen D.C.!” este miércoles durante una visita a la Guardia Nacional en la estación central de trenes de Washington. La presencia de los funcionarios, quienes acudieron para respaldar el polémico despliegue de tropas ordenado por el presidente Donald Trump, desató protestas entre los residentes, quienes consideran la medida una maniobra innecesaria en una ciudad con índices de criminalidad en mínimos históricos. Los gritos de los manifestantes, que se colaron en la transmisión en vivo del Pentágono, reflejaron el creciente malestar por las políticas de la administración.
La visita, destinada a destacar los supuestos esfuerzos de las tropas por mejorar la seguridad, se convirtió en un punto de tensión que expuso las divisiones en la capital. A continuación, exploramos los detalles de este incidente y su contexto.
Una emergencia cuestionada
El 11 de agosto, Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” en Washington, amparándose en una cláusula de la Ley de Autonomía para federalizar la policía local y desplegar 800 efectivos de la Guardia Nacional, con el apoyo adicional de 1,200 tropas provenientes de estados republicanos como Ohio, Louisiana y Carolina del Sur. La Casa Blanca justificó la medida como una respuesta a la necesidad de “restablecer el orden público”. Sin embargo, datos del Departamento de Policía Metropolitana muestran que los delitos violentos en la ciudad están en su nivel más bajo en 30 años, lo que ha llevado a críticos a calificar la emergencia como una “crisis inventada”.
Por ejemplo, desde el inicio de la operación, se han reportado más de 550 arrestos, incluyendo a personas sin hogar y migrantes indocumentados, según la administración. Estas detenciones, realizadas por agencias como el FBI, la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han intensificado las críticas de quienes ven el despliegue como un abuso de poder.
Reacciones en la estación central
Durante la visita a Union Station, Vance, Hegseth y Miller se reunieron con soldados en un local de Shake Shack, donde entregaron hamburguesas y elogiaron su labor. Los funcionarios minimizaron las protestas, con Vance burlándose de un manifestante al decir: “Este tipo piensa que la gente no merece ley y orden en su propia comunidad”. Por su parte, Miller desestimó a los manifestantes como “hippies blancos mayores” que no representan a la ciudad.
No obstante, los cánticos de “¡Liberen D.C.!” y “¡Fuera el ejército de nuestras calles!” resonaron con fuerza. Nadine Seiler, una residente local, expresó su frustración: “La Guardia Nacional pasa 15 horas de pie sin hacer nada. Trump quiere hacernos creer que Washington está lleno de delincuentes, pero esto es solo una distracción”. Seiler, quien portaba una pancarta contra Trump y el ICE, añadió que la presencia de agentes federales la hace sentir más insegura que la supuesta criminalidad.
Críticas de residentes y autoridades
Jonathan, otro manifestante, sostuvo una pancarta que acusaba a la Guardia Nacional de ser “criminales de guerra” y señaló que en Union Station “no pasa nada”. “Solo hay abuelas, turistas y trabajadores. No hay peligro. Este despliegue es un desperdicio que podría usarse para ayudar a las personas sin hogar”, afirmó. Sus palabras reflejan el sentir de muchos residentes, respaldado por una encuesta de The Washington Post que indica que dos tercios de los habitantes de D.C. consideran que las acciones de Trump no reducirán la delincuencia.
Por su parte, la alcaldesa Muriel Bowser ha calificado el despliegue como una “ocupación militar” y ha exigido su retiro. La controversia se intensifica ante la posibilidad de que Trump extienda la federalización de la policía local o declare una emergencia nacional para mantener el control, una medida que ha generado preocupación entre activistas y funcionarios locales.
Un precedente preocupante
La movilización de la Guardia Nacional en Washington no es un caso aislado. En junio, Trump envió tropas y marines a Los Ángeles para sofocar protestas por redadas migratorias, marcando la primera vez desde 1965 que un presidente desplegó la Guardia Nacional contra la voluntad de un gobernador estatal. Esta estrategia, que ahora se replica en la capital, ha llevado a especulaciones sobre su expansión a otras ciudades como Chicago o Baltimore, según declaraciones del presidente.
Mientras tanto, los manifestantes continúan exigiendo transparencia. Algunos, como los que portaban carteles pidiendo la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, vinculan el despliegue a intentos de desviar la atención de otros temas. La presencia militar en áreas turísticas como el National Mall y Union Station, en lugar de zonas con mayores índices de criminalidad, refuerza las sospechas de que la medida tiene motivaciones políticas más que prácticas.
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