La administración del presidente Donald Trump está pagando a más de 154,000 empleados federales para que no trabajen, como parte de un controvertido programa de renuncia en diferido que busca reducir el tamaño de la burocracia federal. Este plan, que permite a los trabajadores recibir su salario hasta el 30 de septiembre o el 31 de diciembre de 2025 antes de dejar sus puestos, ha generado críticas por su alto costo y caos en las agencias. Con un gasto estimado de miles de millones de dólares, el programa plantea preguntas sobre su impacto en los contribuyentes y la eficiencia del gobierno.
Un programa de renuncia masiva
Lanzado en enero de 2025, el programa de renuncia en diferido ofrece incentivos financieros a empleados federales para que abandonen sus cargos voluntariamente, según informó una portavoz de la Oficina de Administración de Personal (OPM) a The New York Times. Aproximadamente 154,000 trabajadores, el 6.7% de los 2.3 millones de empleados civiles federales, aceptaron la oferta, recibiendo su salario completo mientras están en licencia administrativa. En el Departamento de Educación, por ejemplo, 2,100 empleados han dejado sus puestos o están en proceso de hacerlo, según la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE). El programa, que abarca docenas de agencias, promete ahorros a largo plazo, pero su costo inmediato ha encendido alarmas.
Por su parte, la OPM defiende la iniciativa. “El programa es legal y ofrece a más de 150,000 funcionarios una salida digna, al tiempo que alivia a los contribuyentes”, afirmó la portavoz McLaurine Pinover, según ABC News. Sin embargo, los críticos, como el senador Richard Blumenthal, estiman que el gobierno ha gastado 21,700 millones de dólares en salarios para empleados inactivos, según un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. Este costo incluye no solo las renuncias en diferido, sino también licencias administrativas derivadas de litigios por despidos masivos.
Caos y críticas en las agencias
El programa ha generado desorden en las operaciones gubernamentales. En el Departamento de Estado, 1,300 empleados fueron despedidos en julio, mientras que en la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), más de 1,000 puestos están en riesgo, según Federal News Network. Los sindicatos, como la AFGE, denuncian que las agencias enfrentan dificultades para cumplir sus funciones debido a la pérdida de personal especializado. “Es un desperdicio que afecta la capacidad del gobierno para servir al público”, dijo Max Stier, presidente de la Partnership for Public Service, a ABC News. En 2024, el 30% de los empleados federales reportaron retrasos en proyectos clave debido a recortes, según un informe de la AFGE.
Además, el programa podría violar leyes federales. Según Government Executive, los pagos superan el límite de 25,000 dólares establecido por la Ley de Incentivos de Separación Voluntaria, lo que podría infringir la Ley de Antideficiencia. En el Departamento de Educación, el gasto mensual en licencias administrativas asciende a 7 millones de dólares, según la AFGE. Los empleados, como una trabajadora del Departamento de Educación que lleva 30 años en el servicio público, describen la situación como “devastadora”. “Mi trabajo es mi identidad”, dijo anónimamente a The Washington Post, temiendo represalias.
Impacto en los contribuyentes
Pese a todo, la administración de Trump, junto con el Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk hasta su disolución, argumenta que los recortes son esenciales para reducir una burocracia “inflada”. En 2025, el presupuesto federal de casi 7 billones de dólares destina solo una fracción a salarios, con la mayoría dirigida a programas de salud y jubilación, según The Washington Post. Sin embargo, los críticos señalan que pagar a 154,000 empleados sin trabajar contradice los objetivos de eficiencia. En el Pentágono, la eliminación de comités asesores ha retrasado aumentos salariales para 60,000 trabajadores de cuello azul, según Federal News Network, afectando áreas críticas como el mantenimiento de reactores nucleares.
La controversia crece mientras el gobierno planea más despidos. En julio, 14 agencias reportaron la salida de 105,000 empleados, según The Washington Post, y se esperan más recortes antes de fin de año. Mientras tanto, los contribuyentes enfrentan el costo de un programa que, según Blumenthal, “despilfarra recursos” en lugar de ahorrarlos. La falta de transparencia sobre los costos totales y los ahorros proyectados mantiene el debate abierto sobre si esta estrategia realmente beneficia al público estadounidense.
