El condado de Los Ángeles declaró estado de emergencia ante el impacto económico y social provocado por las recientes operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según las autoridades locales, los arrestos y redadas federales han afectado a miles de familias inmigrantes, generando pérdidas de empleo, desalojos y miedo generalizado en las comunidades.
Esta medida, aprobada por la Junta de Supervisores el 14 de octubre de 2025, permitirá canalizar fondos estatales y federales para brindar apoyo directo a familias que enfrentan dificultades para pagar la renta o se encuentran en riesgo de perder su vivienda.
Los Ángeles declara emergencia por crisis migratoria
La proclamación, respaldada por cuatro votos a favor y uno en contra, faculta al condado para utilizar mecanismos similares a los aplicados durante emergencias naturales. Esto agiliza el acceso a recursos financieros y humanos sin los retrasos administrativos tradicionales.
“Esta emergencia nos permite actuar con mayor rapidez, coordinarnos mejor y proteger a nuestras comunidades que durante meses vivieron amenazadas y desalojadas de sus lugares de trabajo”, señaló la supervisora Lindsey Horvath, una de las impulsoras de la iniciativa junto con Janice Hahn.
Ambas funcionarias coincidieron en que las operaciones migratorias recientes generaron una crisis económica comparable a un desastre natural. “Puede que no sea un incendio forestal ni un terremoto, pero es una emergencia provocada por el hombre, creada por nuestro propio gobierno federal”, declaró Hahn.
Ayuda directa al pago de renta
Uno de los pilares del plan es el lanzamiento de un programa de asistencia para inquilinos inmigrantes. Este permitirá cubrir pagos atrasados o alquileres pendientes a raíz de las redadas del ICE. Horvath informó que el proceso de solicitud se realizará en línea y estará disponible dentro de los próximos dos meses.
Además, el estado incorporará fondos para servicios legales gratuitos, asesoría migratoria y programas de estabilización comunitaria. Las autoridades buscan así frenar los desalojos y facilitar que las familias afectadas puedan permanecer en sus hogares.
La proclamación también contempla revisar una posible moratoria temporal de desalojos, que requerirá votación independiente. De aprobarse, suspendería los procesos de expulsión mientras los residentes recuperan estabilidad económica.
Fondos y respaldo institucional
El documento aprobado por la Junta, denominado oficialmente “Proclamación de Emergencia Local por Acciones Federales de Inmigración”, se sustenta en la sección 8558(c) del código gubernamental de California. Esta disposición permite al estado actuar cuando las circunstancias superan las capacidades de los recursos locales.
Con ello, el condado podrá solicitar apoyo financiero adicional, crear centros de información comunitaria y desplegar personal especializado para atender casos urgentes de desalojo o pérdida de empleo. “Declarar una emergencia local garantiza que todo el peso del gobierno del condado esté alineado para apoyar a nuestras comunidades inmigrantes”, enfatizó Horvath.
El plan estará vigente hasta que la Junta determine que las condiciones que originaron la emergencia se han resuelto. Mientras tanto, se espera la implementación coordinada de la ayuda junto con agencias comunitarias y organizaciones civiles que trabajan en defensa de los inmigrantes.
Impacto de las redadas del ICE en Los Ángeles
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, las operaciones migratorias se intensificaron en el sur de California. Agentes del ICE realizaron arrestos en estaciones de transporte público, mercados, talleres y otros lugares de trabajo.
De acuerdo con información del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, más de 5 000 personas fueron detenidas en los últimos meses en el área metropolitana. Este incremento ha generado temor incluso entre residentes con ciudadanía estadounidense o residencia permanente.
Como consecuencia, pequeños comercios y negocios familiares reportaron una caída en sus ingresos. Muchos trabajadores dejaron de asistir a sus empleos por miedo a ser detenidos, mientras otros optaron por mudarse fuera del estado.
Comunidades en busca de estabilidad y protección
El impacto de estas operaciones no solo ha sido económico, sino también emocional. Organizaciones locales advirtieron del aumento de casos de ansiedad y depresión en familias separadas por las detenciones. Por ello, la declaración de emergencia incluye también un componente de atención psicológica y de apoyo social.
“Queremos que nuestros residentes sepan que no están solos en esta crisis”, expresó Janice Hahn. “Esta proclamación no solo envía un mensaje de solidaridad, sino que representa un compromiso concreto para mitigar los daños provocados por las redadas y ofrecer un camino de recuperación”.
Mientras tanto, activistas locales celebraron la decisión y advirtieron que será clave garantizar que los recursos lleguen de manera transparente y rápida a las familias afectadas. Los próximos meses serán decisivos para evaluar la eficacia del plan y la capacidad del condado para frenar la ola de desalojos entre las comunidades inmigrantes.
