El presidente Donald Trump ordenó que Estados Unidos se considere oficialmente en “conflicto armado” contra los carteles de la droga, tras una serie de operaciones militares realizadas en aguas internacionales del Caribe que dejaron al menos 17 muertos. La decisión, que marca un giro histórico en la política antidrogas del país, genera fuertes cuestionamientos legales y políticos en el Congreso.
Operaciones militares en el Caribe
Durante el último mes, fuerzas militares estadounidenses hundieron al menos tres embarcaciones sospechosas de transportar drogas. De acuerdo con funcionarios, al menos dos de esas lanchas rápidas habían partido de costas venezolanas.
Estas acciones fueron mortales: 17 personas fallecieron en los ataques, incluidos 11 tripulantes de una embarcación que, según Trump, pertenecían al grupo criminal venezolano Tren de Aragua. Sin embargo, hasta el momento, la Casa Blanca no ha presentado pruebas públicas que respalden esa acusación.
Según el presidente, esas operaciones son parte de una estrategia para “cortar de raíz” el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ya que el flujo de narcóticos ha alcanzado niveles considerados por la administración como una amenaza a la seguridad nacional.
El memorándum confidencial y el rol del Congreso
La decisión quedó plasmada en un memorándum confidencial enviado esta semana a varios comités del Congreso. En dicho documento, la administración establece que los carteles de la droga designados como organizaciones terroristas extranjeras deben ser tratados como “combatientes ilegales”.
Esto implica que, en un conflicto armado, el país puede atacar a integrantes de esos grupos aunque no estén combatiendo en ese momento, detenerlos sin las garantías de un tribunal civil y someterlos a juicios militares.
El uso de este marco legal preocupa a legisladores, particularmente a senadores demócratas, quienes recuerdan que, según la Ley de Poderes de Guerra, corresponde al Congreso autorizar un ataque militar prolongado.
Preocupación entre legisladores y expertos
En una carta enviada a la Casa Blanca, un grupo de senadores demócratas exigió explicaciones sobre la legalidad de los ataques. Consideran que la administración está utilizando un marco de guerra sin autorización explícita. “Lo que se presentó a puerta cerrada se percibió como un intento de otorgar nuevos poderes presidenciales que generan muchas interrogantes”, señaló una fuente citada por agencias de noticias.
Por su parte, varias organizaciones de derechos humanos calificaron de ilegales los ataques en aguas internacionales, señalando que se violan normas establecidas en el derecho internacional. Los críticos sostienen que, de aceptar el argumento de la Casa Blanca, Estados Unidos abriría la puerta para expandir operaciones similares sin control legislativo.
El Tren de Aragua bajo la mira
El Tren de Aragua, que nació como una pandilla carcelaria en Venezuela y hoy se ha expandido a varios países de América Latina, fue incluido este año por la administración Trump en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
El grupo ha sido acusado de tráfico de drogas, extorsión y trata de personas en varios países de la región. Según Trump, el ataque del 2 de septiembre, donde murieron 11 supuestos integrantes de esa red, respondió a la necesidad de frenar su creciente influencia en rutas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, expertos advierten que designar a organizaciones criminales como terroristas podría tener consecuencias legales complejas. Además, sostienen que no todas las embarcaciones hundidas tienen clara relación con el Tren de Aragua u otros carteles señalados por Washington.
Una guerra sin lista clara de enemigos
Otro punto de tensión es la falta de transparencia sobre cuáles son los carteles designados oficialmente como parte de este nuevo “conflicto armado”. Funcionarios del Pentágono reconocieron que no pueden ofrecer públicamente una lista definitiva, lo que genera frustración en algunos legisladores.
Esta falta de claridad alimenta la percepción de que el gobierno está ampliando sus facultades militares sin delimitar adecuadamente los objetivos. Por lo tanto, crecen las dudas sobre si futuras operaciones podrían extenderse a otros grupos criminales, incluso dentro de territorios soberanos en América Latina.
La narrativa de Trump y la seguridad nacional
El presidente insiste en que el nivel de drogas que ingresa desde América Latina constituye una amenaza existencial. Bajo esa premisa, Trump se presenta como un líder dispuesto a usar la fuerza militar para “proteger al pueblo estadounidense”.
Con esta decisión, la Casa Blanca reconfigura la llamada “guerra contra las drogas” en un plano militar, un cambio que abre un intenso debate sobre los límites del poder presidencial y el futuro de la política exterior del país.
