Este 1 de octubre entró en vigor el nuevo presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aprobado por el Congreso para el año fiscal 2026, que asciende a casi 170,000 millones de dólares. Se trata de la mayor asignación de fondos en la historia de la agencia y sus divisiones, lo que abre un debate nacional sobre en qué se usarán estos recursos y cómo impactarán en la política migratoria del presidente Donald Trump.
Una inversión sin precedentes
El presupuesto aprobado equivale a la compra de más de 7 millones de automóviles de precio promedio en el mercado. De esta cifra, 30,000 millones serán destinados a la contratación de más agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), 45,000 millones a instalaciones de detención, 46,000 millones a nuevas secciones del muro fronterizo con México y una parte significativa al fortalecimiento de operaciones logísticas, transporte y oficinas del propio DHS.
Nunca antes en la historia de Estados Unidos una agencia federal encargada de la seguridad interior había recibido tal volumen de recursos. Esto ha desatado críticas y preguntas sobre el alcance de las deportaciones y las libertades civiles de millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
De la promesa a la acción
Durante la campaña de 2020, Trump aseguró que, si regresaba a la Casa Blanca, impulsaría la “mayor campaña de deportaciones de la historia”. En ese momento, el foco eran aproximadamente 1.5 millones de inmigrantes con antecedentes criminales o con órdenes de deportación vigentes.
No obstante, apenas nueve días después de asumir como el presidente número 47, la lista se amplió a unos 14 millones de deportables, incluyendo a millones de personas cuyo único “delito” es haber permanecido en el país sin autorización. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó que todo inmigrante que infrinja la Ley de Inmigración será considerado “criminal”.
Las críticas legales y constitucionales
Con este cambio de prioridades, el universo de posibles deportados escaló drásticamente en tiempo récord. Expertos legales cuestionan si es constitucional que el presidente modifique reglas de larga data para ampliarlas a millones de personas.
El abogado constitucionalista Rafael Peñalver afirmó que la estrategia del gobierno constituye “un engaño” y alertó sobre un clima de miedo generalizado. Según sus declaraciones, los agentes de inmigración no solo actúan contra personas con antecedentes, sino también contra familias enteras, incluso ciudadanos que podrían ser detenidos por su apariencia.
Deportaciones en aumento
En los primeros meses del segundo mandato de Trump, el DHS reportó aproximadamente 250,000 deportaciones, aunque la mayoría de los afectados no tenía historial delictivo grave. Instituciones como el Centro Brennan para la Justicia y el TRAC de la Universidad de Syracuse coinciden en que más del 70% de los inmigrantes arrestados carecen de antecedentes criminales.
Por ello, los expertos señalan que el gobierno estaba lejos de cumplir su meta inicial de expulsar a 1.6 millones de personas este año. Con el nuevo presupuesto, la administración busca cuadruplicar los arrestos diarios de inmigrantes, alcanzando hasta 3,000 o más operativos por día, de acuerdo con el zar fronterizo Tom Homan.
Recursos para acelerar deportaciones
El multimillonario fondo aprobado busca responder al desafío operativo. ICE y la Patrulla Fronteriza incrementarán su personal mientras se amplían los centros de detención. También se destinarán miles de millones a vigilancia tecnológica y transporte de personas arrestadas.
Sin embargo, críticos como la jueza retirada Dana Leigh Marks advierten que el debido proceso está en riesgo. Según ella, la administración está manipulando la ley para cumplir promesas políticas y poniendo en peligro principios legales básicos.
Voces desde la comunidad migrante
Las repercusiones se sienten en todo el país. Familias enteras, algunas con décadas en Estados Unidos, viven bajo el temor de ser separadas. Testimonios como el de la madre de un joven venezolano detenido en Florida reflejan la angustia: muchos inmigrantes hoy reconocen que tienen miedo de salir a trabajar o acudir a una cita en la corte.
A esto se suma el impacto de convenios como el 287(g), que permiten a policías locales colaborar directamente con ICE. En estados como Florida, una simple multa de tránsito puede derivar en detención y deportación.
Choques en los tribunales
Las nuevas medidas han sido llevadas a las cortes federales, donde varios jueces han frenado partes de la agenda migratoria de Trump. Han bloqueado, de manera temporal, programas de deportación acelerada y la eliminación de beneficios como el Estatus de Protección Temporal (TPS).
No obstante, la administración continúa ajustando reglamentos internos, lo que, según agrupaciones de inmigración y defensores de derechos humanos, ha generado un ambiente de incertidumbre legal y represión para millones de personas en el país.
El desafío que viene
El presupuesto del DHS no solo amplifica la capacidad operativa del gobierno, sino que marca un giro estratégico en cómo se aplicará la política migratoria en los próximos meses. Las deportaciones masivas y el endurecimiento de los procesos judiciales se perfilan como ejes centrales de la gestión de Trump, en medio de un debate constante sobre legalidad, humanidad y recursos públicos.
