En varios estados del país, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) enfrenta presiones que podrían reducir su alcance. Aunque no hay un cierre inmediato, las señales de alerta crecen. Por un lado, los elevados costos de operación han presionado el presupuesto estatal. Por otro, los cambios propuestos en las reglas federales podrían limitar quién califica.
¿Qué está ocurriendo?
El detonante es una nueva regla de “cost-sharing” (costo compartido), un esquema de reparto de gastos que nunca antes había existido en SNAP. Desde su creación, el gobierno federal ha financiado el 100% de los beneficios que reciben las familias. Pero la legislación aprobada dentro del amplio paquete fiscal del 4 de julio establece que, a partir de octubre de 2027, los estados deberán pagar una parte de esos beneficios. Esa contribución no será opcional y estará determinada por los índices de errores en los pagos.
Los índices de errores (error rates) miden qué tan bien un estado determina la elegibilidad y el monto adecuado para cada hogar. Incluyen tanto pagos de más como pagos de menos. Aunque los estados no tendrán que aportar dinero hasta 2028, las tasas de error de los años fiscales 2025 y 2026 definirán cuánto tendrán que cubrir. Los primeros indicios muestran que la mayoría enfrentaría obligaciones de cientos de millones de dólares, según analistas consultados.
Asimismo, algunos gobernadores han advertido que los fondos asignados no alcanzan para cubrir el aumento de solicitudes. Esto se debe, principalmente, a la inflación persistente en alimentos. Además, el fin de varios apoyos temporales creados durante la pandemia dejó a muchas familias con menos margen para cubrir gastos básicos.
A esto se suma que, según funcionarios locales, los retrasos administrativos han complicado la renovación de beneficios. Por ejemplo, en varios condados los sistemas de verificación no funcionan con regularidad, lo que provoca suspensiones temporales. Aunque las oficinas estatales suelen reactivar las ayudas, el proceso genera incertidumbre.
Nuevas reglas, nuevas dudas
Al mismo tiempo, el gobierno federal analiza ajustes a los requisitos laborales. Si se aprueban, miles de beneficiarios sin empleo estable podrían perder la ayuda. En consecuencia, organizaciones comunitarias temen un aumento en la inseguridad alimentaria. Además, advierten que muchos trabajadores con empleos temporales o de medio tiempo quedarían fuera pese a necesitar apoyo.
Por si fuera poco, las posibles restricciones presupuestarias en el Congreso añaden otra capa de incertidumbre. En caso de recortes, los estados tendrían que decidir entre reducir el monto mensual o limitar el número de familias atendidas.
Impacto local
En tu estado, autoridades consultadas anticipan “ajustes significativos” si el financiamiento federal no se mantiene. Aunque no han detallado qué cambios aplicarían, reconocen que las zonas rurales serían las más afectadas, debido a la falta de alternativas como bancos de alimentos o subsidios locales.
Asimismo, varias organizaciones civiles aseguran que ya han visto un incremento en la demanda de despensas. Por ello, piden que los legisladores estatales destinen fondos complementarios para evitar que más hogares queden desprotegidos.
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¿Qué podría pasar ahora?
Por ahora, SNAP continúa operando con normalidad. Sin embargo, los próximos meses serán decisivos. Si se aprueban nuevas reglas o si los presupuestos no se ajustan, el programa podría reducir su cobertura. Mientras tanto, expertos recomiendan que los beneficiarios revisen sus fechas de renovación y actualicen sus datos para evitar suspensiones innecesarias.
