El pasado 15 de noviembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó el operativo “Charlotte’s Web” en Charlotte, Carolina del Norte. Este operativo federal busca detener a inmigrantes indocumentados con órdenes de detención pendientes, especialmente aquellos con antecedentes penales.
Arrestos y clima de miedo
En solo dos días, más de 130 personas fueron arrestadas. Estas acciones provocaron un clima de temor entre las comunidades migrantes. Muchos temen ser detenidos en lugares públicos como supermercados y negocios, afectando su vida diaria y el comercio local.
Impacto social y económico
Varias tiendas latinas y pequeños negocios cerraron temporalmente durante el operativo. Los dueños y trabajadores reportaron una caída significativa en la clientela. Así, el operativo no solo impacta a los arrestados, sino también a toda la comunidad hispana, debilitando la economía local.
Protestas y denuncias de abuso
Desde el inicio del operativo, surgieron protestas y denuncias. Activistas y residentes denunciaron detenciones violentas y prácticas intimidatorias por parte de ICE. Además, autoridades locales como el Ayuntamiento de Charlotte y líderes comunitarios criticaron la falta de coordinación con el gobierno federal y la ausencia de transparencia.
Reacción política y apoyo comunitario
Líderes locales y estatales calificaron el operativo como un abuso de poder. Por ejemplo, la secretaria asistente del DHS defendió la acción como necesaria para la seguridad pública, mientras que políticos demócratas locales acusaron a la administración federal de sembrar miedo y dividir comunidades.
Por otro lado, organismos y grupos de apoyo legal instan a las personas a conocer y defender sus derechos para enfrentar estas redadas.
Una ofensiva federal controvertida
“Charlotte’s Web” se suma a otras operaciones similares en ciudades con políticas de “santuario”. La administración federal busca cumplir con una estrategia más agresiva de deportaciones, que ha generado rechazo y preocupación a nivel nacional.
Las comunidades migrantes enfrentan ahora un ambiente de incertidumbre jurídica y temor constante, lo que afecta su bienestar y derecho a vivir sin violencia.
