Para frenar a ICE, Nueva Jersey promueve la Ley de Confianza para Inmigrantes. Esta ley busca limitar la colaboración entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El proyecto A4987/S3672, en proceso legislativo en 2025, pretende asegurar que los residentes puedan acceder a servicios públicos sin temor a detenciones o deportaciones.
¿Cómo es la separación entre autoridades locales y federales?
La ley establece que la aplicación de leyes migratorias es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Por ello, prohíbe que agencias estatales o municipales utilicen recursos para tareas migratorias como detenciones o interrogatorios basados en estatus legal. Además, limita la recolección y divulgación de información sobre ciudadanía, lugar de nacimiento o estatus migratorio para proteger la privacidad de los residentes.
¿Cuáles son las prohibiciones?
La normativa restringe que la policía u otras fuerzas de seguridad detengan o interroguen a personas únicamente por razones migratorias. También impide prolongar capturas una vez que las personas cumplen con las condiciones para ser liberadas. Este enfoque busca evitar arrestos injustificados y el uso de recursos locales en funciones federales.
Protección de “ubicaciones sensibles”
La ley protege lugares como hospitales, escuelas, bibliotecas y refugios, definidos como ubicaciones sensibles, para garantizar el acceso sin miedo a que agentes federales realicen operativos de detención o recopilación de datos en esos espacios.
¿Cuál es el estado actual del proyecto?
El proyecto fue presentado en 2024 y, hasta finales de 2025, sigue pendiente en comités legislativos en Nueva Jersey. Para convertirse en ley, requiere aprobarse en comités, la Asamblea, el Senado y ser firmado por el gobernador. Su objetivo es brindar garantías claras a la población inmigrante frente a la intervención de ICE.
En resumen, la Ley de Confianza para Inmigrantes en Nueva Jersey quiere reducir la influencia de ICE. Busca proteger los derechos de los residentes, sin importar su estatus migratorio. También limita la colaboración de agencias estatales y municipales en leyes migratorias federales.
