El vicepresidente J.D. Vance defendió con vehemencia a los agentes de ICE involucrados en el tiroteo fatal de Renee Nicole Macklin Good en Minneapolis, afirmando que gozan de “inmunidad absoluta” por cumplir con sus deberes federales. Por lo tanto, esta declaración, hecha el 8 de enero de 2026 durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, busca blindar al agente Jonathan E. Ross ante posibles cargos estatales. Además, Vance criticó a funcionarios locales como el gobernador Tim Walz, acusándolos de extremismo al cuestionar la actuación federal.
“Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber”, dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
¿En que contexto se da su declaración?
Vance respondió a preguntas sobre la exclusión de investigadores de Minnesota en la pesquisa del FBI, argumentando que un oficial federal ejecutando leyes federales es “un asunto federal”. Sin embargo, enfatizó: “Este individuo está protegido por inmunidad absoluta al realizar sus funciones”. En consecuencia, aludió al historial de Ross, herido previamente por un conductor fugitivo, para justificar el disparo como autodefensa durante la redada migratoria. Así, rechazó procesamientos locales como “absurdos”, prediciendo su descarte judicial.
¿Cuál es el análisis de estas polémicas declaraciones?
Por un lado, expertos constitucionales desmintieron la noción de “inmunidad absoluta”, aclarando que la inmunidad por Supremacía solo aplica si las acciones son “razonables y necesarias” dentro de sus deberes. De igual modo, procesadores como J.Z. Mannheimer señalaron que tribunales evalúan objetividad, considerando videos y testimonios, lo que complica casos prematuros. No obstante, Vance insistió en priorizar amenazas contra ICE, como ataques a agentes, sobre el incidente.
Repercusiones políticas
La secretaria Kristi Noem respaldó a Vance, calificando el acto de Good como “terrorismo doméstico” y destacando 1.500 arrestos en la operación. Finalmente, esta postura agrava la polarización, con protestas extendiéndose y Minnesota exigiendo acceso a evidencias para posibles cargos estatales o federales por privación de derechos.
