Durante los primeros seis meses del actual mandato de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 109,000 migrantes en Estados Unidos. Un análisis de CBS News basado en datos oficiales revela que la mayoría de los arrestos se concentraron en estados del sur y fronterizos como Texas y Florida, donde la cooperación entre agencias policiales locales y ICE es más estrecha.
Texas lidera con el 23.2% de todas las detenciones migratorias realizadas durante ese período. Le siguen Florida (11.1%) y California (7.1%). A pesar de ser un estado santuario, California mantiene una alta cifra debido a su numerosa población inmigrante. Otros estados con tasas elevadas de detención son Georgia, Arizona y Nueva York.
ICE en cifras: los estados con más arrestos
El informe identifica los diez estados con mayor número de arrestos realizados por ICE desde enero. Este es el desglose porcentual:
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Texas: 23.2%
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Florida: 11.1%
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California: 7.1%
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Georgia: 4.1%
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Arizona: 3.2%
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Nueva York: 3.1%
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Virginia: 3.1%
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Nueva Jersey: 2.8%
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Tennessee: 2.7%
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Massachusetts: 2.6%
Vista de fotografías de inmigrantes con antecedentes, este 1 de mayo de 2025, luego de su arresto por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida. EFE/Cristónal Herrera
Además, estados como Pensilvania, Carolina del Norte, Alabama y Luisiana también presentan cifras significativas, superando el 1.5% del total nacional. En contraste, Vermont, Alaska y Montana registraron menos de 100 arrestos combinados, lo que refleja una menor presencia de migrantes o políticas locales más restrictivas respecto a la cooperación con ICE.
ICE en cifras: las nacionalidades más afectadas
En cuanto al origen de los arrestados, la mayoría son ciudadanos de países latinoamericanos. México encabeza la lista con casi 40,000 migrantes detenidos, seguido por Guatemala (15,000), Honduras (12,000), Venezuela (8,000) y El Salvador (más de 5,000).
Expertos del Migration Policy Institute señalan que estos datos reflejan patrones migratorios históricos. La cercanía geográfica de estos países con Estados Unidos influye directamente en el volumen de llegadas y, por tanto, en la cantidad de arrestos realizados por ICE.
También se ha registrado un incremento en las detenciones de migrantes procedentes de países como Nicaragua, Colombia, República Dominicana y Haití, aunque en menor proporción. Las condiciones económicas, sociales y políticas en sus países de origen continúan siendo factores determinantes en los flujos migratorios.
Fotografía divulgada por la división de Tampa de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI Tampa) durante el arresto de más de 100 inmigrantes. EFE/ HSI Tampa
ICE en cifras: más de la mitad sin antecedentes penales
Pese a los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por justificar las operaciones de ICE como una respuesta ante amenazas a la seguridad pública, los datos muestran una realidad distinta. Más del 52% de los arrestados entre enero y junio no tenía antecedentes penales al momento de su detención.
Según un análisis del Deportation Data Project citado por The Washington Post, la distribución fue la siguiente:
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41% de los detenidos tenía al menos una condena penal previa.
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52% no contaba con antecedentes penales.
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7% enfrentaba cargos en espera de sentencia.
Estas cifras han generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y migrantes, que cuestionan la efectividad y el enfoque del programa. En algunos casos, personas con años de residencia en EE.UU. y sin historial delictivo han sido arrestadas en operativos sin previo aviso.
ICE en cifras: críticas al enfoque de Trump
La política migratoria del presidente Trump ha estado marcada por una retórica dura y una aplicación más agresiva de la ley migratoria. Desde su llegada al poder, ha impulsado medidas como el fin de protecciones para ciertos grupos de migrantes, la ampliación de los protocolos de detención y la creación de alianzas con agencias locales para facilitar la captura y deportación.
Los detractores argumentan que este enfoque ha causado miedo y confusión entre las comunidades migrantes, muchas de las cuales evitan denunciar delitos o participar en actividades públicas por temor a ser detenidas por ICE. Además, se ha cuestionado la legalidad de algunas detenciones realizadas sin orden judicial, amparadas únicamente en acuerdos de cooperación local.
En respuesta, la administración ha defendido su política como un intento de “restaurar el orden” y “reforzar la seguridad nacional”, aunque los datos disponibles parecen contradecir estos objetivos.
