Florida ha dado un paso controversial al ordenar la eliminación del uso de visas H-1B en las universidades públicas del estado. Esta decisión, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, impacta directamente a miles de migrantes que trabajan o buscan empleo en estas instituciones. A continuación, se presentan los puntos clave que deben conocer.
¿Qué es la visa H-1B?
La visa H-1B es un permiso federal que permite a empleadores en Estados Unidos contratar temporalmente a trabajadores extranjeros altamente especializados, especialmente en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). En Florida, esta visa ha sido comúnmente usada en universidades para cubrir puestos académicos y de investigación complejos.
Medida de Florida y sus motivos
El gobernador DeSantis ordenó a la Junta de Gobernadores del sistema universitario de Florida que elimine la contratación con visas H-1B en las instituciones públicas. Según sus declaraciones, esta medida busca poner fin al «abuso» del programa H-1B y priorizar a graduados estadounidenses para esos puestos. DeSantis afirmó que las universidades están trayendo «mano de obra extranjera barata» en lugar de contratar a estadounidenses calificados y disponibles para los trabajos.
Impacto para migrantes
Esta nueva política afectará a aproximadamente 400 trabajadores extranjeros con visas H-1B que laboran en universidades públicas en Florida, especialmente en la Universidad de Florida, la Universidad del Sur de Florida y la Universidad Estatal de Florida. La eliminación de estas visas para nuevas contrataciones limita las oportunidades laborales en el sistema universitario público para migrantes especializados.
Limitaciones y desafíos legales
Aunque Florida ha instruido esta medida, expertos legales señalan que los estados no tienen autoridad para revocar o limitar visas federales como la H-1B. Esto implica que, aunque la universidad deje de contratar bajo esta visa, las personas que ya la tienen vigente no serán afectadas directamente por una revocación inmediata. Además, las reglas federales prohíben despedir empleados por su estatus migratorio, lo que complica la aplicación estricta de la medida
