El 4 de septiembre de 2025, la ciudad de Washington, D.C., presentó una demanda contra el presidente Donald Trump y el Departamento de Defensa por el despliegue de más de 1,000 efectivos de la Guardia Nacional en la capital, calificándolo como una “ocupación militar involuntaria”. Este movimiento legal, liderado por el fiscal general Brian Schwalb, surge tras un fallo en California que declaró ilegal un despliegue similar por violar la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso del ejército en labores de aplicación de la ley civil. La acción legal intensifica el debate sobre el uso de fuerzas militares en ciudades estadounidenses, especialmente en un contexto de tensiones políticas. A continuación, exploramos los detalles de la demanda y su impacto.
Una violación a la autonomía de la ciudad
La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, argumenta que el despliegue de la Guardia Nacional, iniciado el 11 de agosto de 2025, infringe el derecho de la ciudad al autogobierno, según el Acta de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973. Brian Schwalb, fiscal general electo, afirmó que la presencia de tropas, ordenada por Trump para “restaurar el orden” ante supuestos problemas de delincuencia, es “ilegal y perjudicial”. Según Schwalb, las tropas, que incluyen efectivos de estados republicanos como Carolina del Sur y Virginia Occidental, carecen de capacitación en leyes locales y han generado desconfianza en la comunidad, según The Washington Post. La demanda destaca que el despliegue ha afectado el turismo y los negocios, con una caída del 12% en las reservas hoteleras en agosto, según la Oficina de Turismo de D.C.
Por ejemplo, Schwalb señaló que “ninguna ciudad estadounidense debería estar sujeta a una ocupación militar sin su consentimiento”, advirtiendo que este precedente podría extenderse a otras ciudades como Chicago o Baltimore, según NBC News.
Contexto de un fallo clave en California
La acción legal en Washington se apoya en un reciente fallo del juez federal Charles Breyer en California, quien el 2 de septiembre determinó que el despliegue de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles en junio de 2025 violó la Ley Posse Comitatus. Breyer argumentó que no había una “rebelión” que justificara el uso militar, y que las tropas realizaron tareas de control de multitudes y bloqueos de tráfico, actividades reservadas para la policía civil, según The New York Times. Aunque el fallo no aplica directamente a Washington, donde Trump tiene mayor control sobre la Guardia Nacional, Schwalb sostiene que las acciones en la capital son igualmente ilegales.
Pese a todo, la administración Trump apeló el fallo de California y defiende el despliegue en D.C. como necesario para combatir la delincuencia, a pesar de que datos del FBI muestran una caída del 9% en crímenes violentos en la ciudad en 2024.
Reacciones y tensiones políticas
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha adoptado una postura ambivalente. Aunque reconoció una disminución en delitos como robos de autos desde el despliegue, también expresó que “la presencia militar no está funcionando” y genera incomodidad entre los residentes, según The Guardian. Organizaciones como Human Rights Watch han condenado la acción, calificándola de “peligro autoritario” que amenaza los derechos civiles, según su comunicado del 11 de agosto. En contraste, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, defendió la autoridad de Trump, argumentando que las medidas buscan proteger a los ciudadanos, según CNN.
Por su parte, Trump ha intensificado la retórica, sugiriendo que ciudades como Chicago y Nueva Orleans podrían enfrentar despliegues similares, lo que ha generado críticas de gobernadores demócratas como JB Pritzker de Illinois, quien calificó las acciones como una “militarización” innecesaria, según MSNBC.
Qué significa para los residentes
La demanda busca que el tribunal declare ilegal el despliegue y ordene la retirada de las tropas, que actualmente patrullan el National Mall y estaciones de metro con armas como pistolas M17 y rifles M4, según The Guardian. Los residentes pueden reportar preocupaciones al Departamento de Policía Metropolitana al 202-727-9099. Mientras el caso avanza, la presencia de tropas sigue generando tensiones, con protestas esporádicas en la ciudad y un creciente llamado a proteger la autonomía local frente a lo que Schwalb describe como una “extralimitación federal”.
